El escándalo de los nombramientos a hijos y amigos de los legisladores en la planta permanente del Poder Legislativo parece ser la punta del iceberg de una práctica escandalosa de usufructo del empleo y del dinero público.
Sólo en ocho meses de 2006 la Legislatura oficializó la contratación de 51 asesores de los cuales 26 (el 50%) pertenecen a la presidenta del Cuerpo, la legisladora del PJ, Angélica Guzmán quien erogó en ese plazo $119.000 en el hipotético caso de haber contratado un solo mes a cada profesional.
De los 26 asesores empleados por Guzmán entre enero y agosto, a un sueldo mensual promedio de $5000, 7 viven fuera de la provincia (3 en Buenos Aires, 2 en La Plata y 2 en Córdoba), 12 son de Río Grande y 7 de Ushuaia.
Otro dato al menos curioso, es que de los 26 contratados en 8 meses por Guzmán 14 son abogados, hay un sólo contador, 4 ingenieros, y 7 personas entre empleados públicos y administrativos.
Además de los contratados, trabajan para Guzmán en la Legislatura, al menos 15 empleados entre transitorios y adscriptos.
El legislador del PJ, Rubén Sciutto, que es veterinario de profesión, contrató como asesor a un veterinario, Leandro Lamas con un sueldo mensual de $5000. Y su colega y amigo Damián Löffler, del MPF, adscribió a su propio hermano, Pablo Löffler.
Los pases a planta permanente que acordaron este año los legisladores redujo el listado de asesores que el año pasado fue de 88 personas. Distribuida la planta de asesores en forma equitativa debería arrojar que cada uno de los 15 legisladores cuenta con 6 asesores, pero esto no ocurre porque la mitad de los contratados, es decir, 44 asesores trabajaban para Guzmán como presidenta de la Cámara y 4 asesoran a Guzmán como legisladora provincial.
Entre 2005 y lo que va de 2006 el contrato más abultado por asesoramiento fue el del abogado Demetrio Martinelli, aspirante a juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, quien cobró $20.000 por asesorar a la Presidencia de la Legislatura durante el juicio político que desbancó al gobernador radical K, Jorge Colazo.
En contrapartida, el de menos importe fue pagado por la legisladora del 26 de abril, Norma Martínez a una persona de profesión no especificada, Alejandro Santo quien cobró $500. Fuera de este caso aislado, los contratos más bajos en la Legislatura corresponden al ARI que suele pagar un mínimo de $750 y un máximo de $1500 a sus colaboradores, la mitad de lo que menos pagan los legisladores de los partidos tradicionales.
Un detalle a tener en cuenta es que el bloque de ARI, cuyos miembros suelen fundamentar el voto afirmativo y negativo de todos los proyectos, sean propios o presentados por el Poder Ejecutivo o por los bloques de la mayoría automática, devuelve cada año el 50% de la partida asignada en el presupuesto para ese fin, cuando el resto de los bloques consumen la totalidad de los recursos otorgados.
El agujero negro de la Legislatura se traga sobre todo a los empleados de otras reparticiones del Estado que trabajan como adscriptos para los legisladores. Estas personas suelen ser empleados públicos que tras desempeñarse como funcionarios se benefician con un descanso prolongado, porque nadie los vuelve a ver en el lugar de trabajo habitual ni en el despacho de sus nuevos “jefes”.
Es el caso de los empleados adscriptos de la legisladora Nélida Lanzares quien protege a la segunda línea de ex funcionarios del régimen de su esposo, Carlos Manfredotti.
Lanzares cobija en su despacho al improductivo ex diputado nacional Miguel Ángel Baigorria; al ex legislador y ex empleado bancario Sergio Cejas; al ex subsecretario de Gobierno, Horacio Mercado quien se habría mudado de Ushuaia hace tres años; la ex secretaria de Desarrollo Social, Lucía Romero Vichi; la ex legisladora Rita Fleitas (quien además cobra plus por desarraigo); y a sus dos hijas, la ex subsecretaria de Deportes y Juventud, Viviana Manfredotti, y la ex socia gerente del Ipauss, Silvia Manfredotti, nombradas como personal transitorio de la Cámara.
Entre los ex funcionarios manfredottistas adscriptos en esta gestión legislativa están el ex secretario Administrativo del Puerto, René Argañaraz, y al ex titular de la Diorección de Puertos en Río Grande, Raúl Santarsiere, con Angélica Guzmán y la ex ministro de educación durante la mordaza y el ajuste a los docentes, María Angélica Santoro. Miguel Portela, del MPF, al abogado Pablo Villegas, procesado por el “caso del medio palo”
Además de la ya patológica aparición de parientes de Manfredotti en el Estado y de la adscripción de Pablo Löffler con su hermano Damián, el familismo es otro síntoma de corrupción en la Legislatura.
El legislador camionero Luis del Valle Velázquez designó como personal transitorio a María Cándida Velásquez y a Luis Miguel Velásquez, ambos parientes suyos.
Los radicales no se privan de nada. La ex supercolacista Patricia Pacheco nombró a Rosana Raquel Pacheco.El legislador del FUP, Jorge Bericua tiene al ex ministro Alejandro Vernet transitorio, pero también a Diego Luis Vernet y a Carola Martínez Allende, ambos parientes del posible reemplazante de Oscar Núñez en la Dirección de Puertos, y tuvo a Hugo Colazo, hasta junio de 2006.
Siempre olor a corrupción
Los legisladores no sólo aprobaron la designación de 4000 empleados públicos a la planta del Estado, al sancionar el llamado megapase, donde muchos negociaron el ingreso de algunos de sus clientes a la administración pública, sino que vienen de cambiar con las autoridades de la Dirección de Puertos el nombramiento de parientes y de punteros políticos en la planta de esa dependencia a cambio de aprobarles el presupuesto de 2006.
En otro hecho escandaloso, los legisladores del PJ, el MPF, El FUP y el 26 de abril, vienen de acordar el pase a la planta del Poder Legislativo de más familiares suyos y de amigos.
Así fueron nombrados Cristina Cao, hasta ayer colaboradora de la secretaría Legislativa que maneja Jesús Cortés, hombre del mopofista Miguel Portela; el ex personal político del unibloque 26 de abril de Norma Martínez, Gonzalo Henriques Sánchez; la colaboradora política del bloque del PJ Fabiana Simone, de Río Grande; Andrea Grao; la ex colaboradora política de Damián Löffler en la vicepresidencia II de la Cámara, María Florencia Ferreiro y Cristian Vargas.
Pocos días antes, los legisladores habían designado en la planta a otros empleados políticos. Es el caso de Eugenia Velásquez (hija del legislador); la colaboradora de la radical Patricia Pacheco, Sandra Vaini; y de otro puntero de Löffler, Carlos Nieto.
También entraron sin concruso al parlamento José González; la abogada de Buenos Aires que asesoraba a Angélica Guzmán por $5000 mensuales, Daiana Freiberger; el colaborador de Gerardo Sciutto en la secretaría Administrativa, Juan Gabriel Ruiz y su compañero de tareas Roberto Andrés Toledo.
El gremio legislativo y algunos medios de Ushuaia advirtieron que la lista de nombramientos se completaría en las próximas semanas con otra tanda de 7 agentes, todos ligados a la planta política de los legisladores.
Fuente:Botella al Mar
