Díaz, actual referente de encuentro popular, fuera política que integra junto a los senadores María Rosa Díaz y Osvaldo López, el ex legislador Manuel Raimbault y el ex diputado nacionanl Leonardo Gorbacz, consideró que se está “en presencia, en razón del monto del que se refiere la denuncia, de la posible comisión de uno de los delitos de mayor impacto económico de la historia de Tierra del Fuego”. La denuncia fue presentada la semana pasada ante la fiscal de turno, Marcela Bragulat.
El Gobierno, durante el fin de semana, por gacetilla oficial informó que «remitirá a la Justicia toda la información referida a la utilización de los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja), los cuales tienen carácter de afectación específica para la concreción de obras de infraestructura».
La denuncia de Díaz señala que «oficialmente al 31 de diciembre de 2011, Tierra del Fuego había percibido 210 millones de pesos (del Fondo de la Soja), que fueron distribuidos de la siguiente manera: 63 millones de pesos a los municipios de la provincia, en concepto de coparticipación, y 147 millones de pesos para el Tesoro Provincial» más «41 millones de pesos, según se desprende de los datos de Nación, que percibió la provincia en el presente año».
Estos montos fueron distribuidos en un 30% para los municipios (12 millones de pesos), mientras que para el Tesoro Provincial el monto correspondiente al 31 de mayo de este año alcanzó la suma de 29 millones de pesos. Por lo cual, sintetiza el denunciante, se desprende que en el caso del Fondo Federal Solidario, este debería constar un saldo aproximado de 82 millones de pesos.
En relación a los Fondos FONAVI, Díaz detectó en la información oficial que «al 3 de enero de 2012 los fondos alcanzaban los 60 millones de pesos. A esta suma, se agregan los 38 millones de pesos que ingresaron hasta el 31 de mayo de este año, con información recabada en la página oficial del Ministerio de Economía de Nación, para concluir que el total de los recursos percibidos por los Fondos FONAVI alcanzan los 98 millones de pesos».
«Los recursos de los Fondos FONAVI deben ser destinados a financiar total o parcialmente la compra y/o construcción de viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y equipamiento comunitario, según establece el artículo 6º de la Ley Nacional N° 24.464», afirma Díaz.
El ex funcionario de la gestión de Ríos analizó el funcionamiento financiero del primer mes de este año al momento del pago de los salarios de la administración, llegando a la conclusión de que los salarios públicos han sido abonados con los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario y los Fondos FONAVI.
“Sin los fondos específicos que se están utilizando para financiar gastos corrientes, hoy no se podrían pagar los sueldos de la provincia y que por financiar gastos corrientes con fondos específicos, éstos lisa y llanamente han sido sustraídos de su destino específico. Hoy se puede asegurar que no existen fondos para afectarlo a obras de infraestructura”, sostiene la denuncia.
Por lo sostenido y fundamentado, Díaz solicita que se investigue la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos, en relación al fondo de la soja, tipificados en el artículo 260 del Código Penal, en la persona del actual ministro de economía, C.P.N. Christian Ruiz y la señora gobernadora de la provincia María Fabiana Ríos, en tanto éste reprime al “funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.
En relación a los Fondos FONAVI, pide que se investigue la conducta del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) José Giudice, ya que su participación parece resultar también determinante, pues evidentemente no podrían estar siendo utilizados sin al menos la tolerancia o inactividad de dicho funcionario.
