La secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, inició este miércoles la defensa del Presupuesto 2027 ante el Concejo Deliberante con un fuerte planteo sobre la situación de los recursos coparticipables que recibe la ciudad. Acompañada por el subsecretario Álvaro Giordano, el director General de Rentas Alejandro Pero y el equipo técnico del área, la funcionaria presentó el proyecto presupuestario como el “broche” de las políticas públicas desarrolladas durante la gestión del intendente Martín Perez.
Sin embargo, más allá de los números previstos para el próximo ejercicio, Capotorto centró buena parte de su exposición en la problemática de la coparticipación provincial y en lo que definió como una situación de “ahogo financiero” que afecta a la administración municipal.
“Cuando hablamos de presupuesto no sólo hablamos de las autorizaciones de gasto que nos va a brindar este cuerpo, también tenemos que hablar de los recursos para poder cumplir con esos objetivos”, sostuvo.
La funcionaria recordó que un informe del Tribunal de Cuentas provincial determinó que al cierre de 2025 la Provincia mantenía una deuda superior a los 11.000 millones de pesos con Río Grande por fondos que no habían sido transferidos en tiempo y forma.
Según explicó, lejos de revertirse, esa situación se agravó durante los últimos meses.
“Hoy, pasados apenas un mes y medio desde la presentación del presupuesto, la deuda se incrementó en más de 2.000 millones de pesos”, afirmó.
Capotorto relató que tras reiteradas gestiones administrativas y reuniones con el Ministerio de Economía provincial, el Municipio envió cartas documento reclamando la regularización de los envíos de fondos. Como resultado, se concretó una reunión en la que las autoridades provinciales se comprometieron a no incrementar la deuda ni los plazos de demora.
“Esta semana ya incumplió su palabra”, denunció la secretaria, al señalar que las últimas proyecciones financieras enviadas por la Provincia se ubicaron por debajo de lo esperado por el área de Finanzas municipal.
“La coparticipación no es un gasto”
Uno de los conceptos políticos más fuertes de la exposición apareció cuando Capotorto cuestionó la forma en que, según el Municipio, el Gobierno provincial administra los recursos de coparticipación.
“La coparticipación no es un gasto. Río Grande no forma parte de los costos del Gobierno provincial”, enfatizó.
En esa línea, remarcó que los fondos coparticipables constituyen un derecho legal directamente vinculado a la autonomía municipal.
“Río Grande no pide salvatajes ni ayudas económicas. Río Grande está reclamando los fondos que por ley le corresponden y que hoy son retenidos por el Gobierno provincial”, manifestó.
La secretaria advirtió que la incertidumbre generada por los retrasos impacta de manera directa sobre la planificación financiera del Municipio, comprometiendo la previsibilidad necesaria para afrontar salarios, aguinaldos, proveedores y la prestación de servicios esenciales.
Entre ellos destacó el sistema de producción y distribución de agua potable, el mantenimiento de las redes cloacales y otras prestaciones que dependen de un financiamiento constante.
La disputa por el coeficiente de distribución
Otro de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado al coeficiente de distribución de la coparticipación, un elemento clave en la determinación de los recursos que recibe cada municipio fueguino.
Capotorto recordó que Río Grande presentó ante la Provincia una propuesta técnica para mejorar el coeficiente que se aplica actualmente, trabajo que fue elaborado en conjunto entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobierno, con participación del área de Hábitat.
Según explicó, la iniciativa había obtenido inicialmente una respuesta favorable del gobernador Gustavo Melella.
“Nos había hecho lugar, si bien parcialmente, pero en una proporción muy grande del reconocimiento de esos fondos que habíamos presentado como una mejora superadora para Río Grande”, señaló.
No obstante, aseguró que esa decisión quedó suspendida posteriormente y que el Ejecutivo provincial retrocedió sobre el reconocimiento otorgado.
“Hoy debo decir que toda esa situación se encuentra en stand by porque se suspendió su propia vigencia y el área legal del Municipio inició una acción administrativa previa a una demanda judicial”, sostuvo.
La secretaria dejó en claro que el Municipio mantendrá el reclamo.
“Nosotros no vamos a relegar esos fondos. No vamos a renunciar al dinero que le corresponde a Río Grande”, afirmó.
La preocupación por la pérdida de población
Capotorto vinculó además la discusión sobre el coeficiente con el escenario económico que atraviesa Tierra del Fuego y especialmente la ciudad de Río Grande.
Advirtió que una eventual profundización de la crisis industrial, derivada de las políticas nacionales, podría generar una disminución de la población local, un factor que también es considerado para calcular la distribución de recursos.
“Si la industria sigue en baja y las fábricas no se reactivan, existe el riesgo de que Río Grande pierda población. Y la cantidad de habitantes es uno de los componentes que se tienen en cuenta para determinar el coeficiente”, alertó.
Por esa razón, insistió en que la ciudad debe defender tanto la actualización del coeficiente como la recuperación de los fondos adeudados.
Un presupuesto condicionado por los recursos
La titular de Finanzas reconoció que el proyecto para 2027 incluye medidas orientadas a fortalecer la recaudación propia del Municipio mediante cambios en la política tributaria. Sin embargo, aclaró que esos ingresos no pueden reemplazar el peso de la coparticipación y las regalías en la estructura financiera municipal.
“En el equilibrio de 80 a 20, si no recibimos los fondos de coparticipación nacional, provincial y las regalías, Río Grande no puede funcionar”, resumió.
De esta manera, el debate presupuestario comenzó atravesado por una discusión que excede el cálculo de gastos e inversiones para el próximo año: la disputa por los recursos coparticipables y por un coeficiente de distribución que el Municipio considera clave para sostener los servicios y la autonomía financiera de la ciudad.
