La creciente disputa entre el Municipio de Río Grande y el Gobierno provincial sumó un nuevo capítulo luego de que el secretario de Gobierno, Dr. Gastón Díaz, confirmara que la administración del intendente Martín Perez avanza en una estrategia administrativa y judicial para reclamar fondos que, según sostiene la ciudad, le corresponden y están siendo retenidos por la Provincia.
Durante una exposición realizada en el marco del debate presupuestario, Díaz aseguró que la delicada situación financiera que atraviesa el Municipio no responde únicamente a cuestiones económicas, sino a una “decisión política” impulsada desde el Ejecutivo provincial.
“La situación económica y financiera que atraviesa el Municipio de Río Grande no está atada solamente al envío de recursos, sino a una decisión política del Gobierno de la Provincia de no enviar a Río Grande los fondos que le corresponden”, afirmó.
Según detalló el funcionario, el reclamo municipal viene escalando en los últimos meses. Mientras que inicialmente se hablaba de una deuda cercana a los 16.000 millones de pesos, hace pocas semanas la cifra habría ascendido a 17.000 millones y actualmente alcanzaría los 18.000 millones.
A ello se suma, indicó, un nuevo cronograma de transferencias remitido por el Ministerio de Economía provincial que proyecta para los próximos días el envío de aproximadamente un 25% menos de los recursos que corresponderían a Río Grande.
“¿Dónde están esos recursos que son de los riograndenses y que ya llegaron al Gobierno de la Provincia?”, cuestionó Díaz, al tiempo que acusó a la administración provincial de haber destinado esos fondos a otros fines.
Sueldos al límite y aguinaldos en riesgo
Uno de los puntos más preocupantes planteados por el secretario fue el impacto directo que esta situación genera sobre las finanzas municipales.
Díaz reconoció que el Municipio logró afrontar el pago de salarios del mes pasado “con lo justo”, gracias a un importante esfuerzo financiero y político de la gestión. Sin embargo, admitió que para lograrlo fue necesario postergar pagos a proveedores, generando un creciente cuello de botella económico.
En ese contexto, sostuvo que la discusión salarial con los gremios quedó condicionada por la falta de recursos efectivos.
“Sería una irresponsabilidad asumir compromisos salariales cuando los fondos no están ingresando a la caja municipal”, explicó.
La advertencia más contundente llegó al referirse a los compromisos de fin de año.
“Si esta situación continúa, está seriamente en riesgo el pago del aguinaldo y del premio vacacional”, afirmó, responsabilizando directamente al gobernador Gustavo Melella por las consecuencias que pudiera tener la falta de transferencias.
Servicios esenciales bajo presión
El funcionario también alertó sobre las consecuencias que la reducción de recursos podría generar en áreas sensibles para los vecinos.
Díaz explicó que la administración municipal no sólo debe afrontar el pago de salarios, sino también garantizar servicios estratégicos y esenciales para la vida cotidiana de la ciudad.
Entre ellos mencionó la potabilización del agua, el sostenimiento del transporte público subsidiado, la gestión ambiental, el relleno sanitario y la recolección de residuos.
Sobre este último punto reveló que el servicio correspondiente al mes anterior sólo pudo ser abonado en un 50%.
“Si continúa este ahogo financiero, los servicios van a perder calidad y se pondrá en riesgo la salubridad y el ambiente de los vecinos”, advirtió.
El conflicto por la coparticipación
Otro de los ejes centrales del reclamo municipal está vinculado a la aplicación de los coeficientes de distribución de recursos entre municipios.
Díaz sostuvo que durante 2025 el Ministerio de Economía reconoció, mediante una resolución, que el criterio utilizado beneficiaba a Ushuaia por sobre Río Grande. A partir de un reclamo administrativo realizado por la ciudad, el Gobierno provincial habría admitido la necesidad de corregir esa situación.
Sin embargo, cuando llegó el momento de aplicar la modificación y transferir los fondos correspondientes, el Ejecutivo provincial suspendió el decreto que reconocía la posición riograndense.
Según el secretario, esa decisión implica una pérdida aproximada de 600 millones de pesos para Río Grande y responde a presiones políticas vinculadas a la capital provincial.
“Claramente hay una cuestión política”, insistió.
Posible presentación judicial
El Municipio mantiene abierta una instancia de diálogo con el Ministerio de Economía provincial, prevista para los próximos días en Tolhuin. No obstante, Díaz dejó en claro que si se confirma el envío de recursos por debajo de lo que considera legítimamente correspondiente, la Municipalidad avanzará en los tribunales.
“La presentación judicial no tiene que ver con una cuestión política. Lo que se reclamará es por qué esos recursos son de los vecinos de Río Grande y por qué deben llegar a Río Grande”, sostuvo.
De esta manera, la administración municipal profundiza una confrontación institucional que ya tiene fuertes consecuencias financieras y que, según advierten desde el Ejecutivo local, amenaza tanto el normal funcionamiento de los servicios públicos como la capacidad de afrontar las obligaciones salariales de fin de año.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
