Río Grande insiste por los fondos adeudados y advierte que la Provincia sigue sin ofrecer respuestas concretas

Rio Grande 04/11/2026.- Tras una nueva reunión con funcionarios provinciales, el Municipio de Río Grande reiteró su reclamo por los recursos de coparticipación pendientes y cuestionó la falta de plazos definidos para cancelar una deuda que impacta directamente en la prestación de servicios esenciales.

El Municipio de Río Grande volvió a reclamar la regularización de los fondos de coparticipación que, según sostiene, la Provincia mantiene pendientes de transferencia, y expresó su preocupación por la ausencia de definiciones concretas respecto de la deuda acumulada.

Desde la administración municipal remarcaron que la situación excede una mera cuestión administrativa o contable, ya que los recursos retenidos limitan la capacidad financiera de la ciudad para afrontar compromisos y sostener servicios que resultan fundamentales para miles de vecinos.

En ese contexto, la secretaria de Finanzas, Cecilia Capotorto, confirmó que el Municipio analiza las herramientas administrativas y judiciales disponibles para resguardar los recursos que legalmente le corresponden a Río Grande. La funcionaria señaló además que deberán evaluarse las responsabilidades que pudieran derivarse de la demora en la transferencia de fondos coparticipables.

Durante el encuentro con autoridades provinciales también se abordó otro punto sensible: los adelantos de coparticipación solicitados por el Gobierno fueguino y las obligaciones financieras asociadas a dichos compromisos.

Capotorto explicó que el Municipio exigió precisiones y garantías para evitar que la devolución de esos adelantos, junto con los intereses generados, termine afectando los recursos que corresponden a las ciudades. “Nosotros no tenemos nada que ver con los endeudamientos que ha tenido la Provincia, ni los adelantos de coparticipación que ha tenido la Provincia, ni la devolución de los intereses por esos adelantos”, afirmó.

La postura municipal apunta a impedir que las decisiones financieras adoptadas por el Ejecutivo provincial se traduzcan en nuevas cargas para las administraciones locales, cuyos presupuestos dependen en gran medida de una distribución regular y previsible de los fondos coparticipables.

Si bien la funcionaria aseguró que están garantizados los salarios de los trabajadores municipales, advirtió que la continuidad de los retrasos podría afectar progresivamente otras obligaciones y compromisos del Estado local.

Entre las prestaciones que dependen de esos recursos mencionó la producción y distribución de agua potable, la recolección de residuos, el transporte público, la ejecución de obras de infraestructura y el sostenimiento de una amplia red sanitaria que también brinda atención a vecinos de otras localidades de Tierra del Fuego.

Al finalizar la reunión se suscribió una minuta mediante la cual la Provincia se comprometió a intentar reducir las demoras en las transferencias en caso de obtener recursos extraordinarios. De no concretarse esa posibilidad, deberá presentar una propuesta alternativa para abordar la situación.

Asimismo, se resolvió mantener abierta una mesa técnica de trabajo destinada a analizar el estado de las finanzas provinciales y municipales, con nuevos encuentros programados para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia.

Sin embargo, desde Río Grande remarcaron que el acuerdo alcanzado no establece ni fechas concretas de cancelación ni montos determinados para comenzar a reducir la deuda acumulada.

Frente a este escenario, la gestión del intendente Martín Perez reafirmó su voluntad de sostener el diálogo institucional, aunque insistió en que las reuniones deben traducirse en respuestas verificables, cronogramas precisos y compromisos efectivos de cumplimiento.

Desde el Ejecutivo municipal subrayaron además que el reclamo no implica solicitar asistencia financiera extraordinaria ni auxilio económico por parte de la Provincia, sino exigir la transferencia de recursos que pertenecen a la ciudad y cuya remisión resulta obligatoria por ley.

Con esa premisa, Río Grande aseguró que continuará exigiendo la regularización de los fondos adeudados y evaluará todas las medidas necesarias para proteger su autonomía financiera y garantizar la continuidad de los servicios que recibe la comunidad.

Para el Municipio, el eje de la discusión es claro: la coparticipación no constituye una ayuda discrecional del Gobierno provincial, sino recursos propios de la ciudad que deben ser transferidos en tiempo y forma.

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