La administración municipal decidió avanzar formalmente contra el Gobierno de Gustavo Melella ante la acumulación de recursos provinciales que, según sostiene, no fueron remitidos en tiempo y forma a las cuentas comunales.
La Carta Documento fue dirigida a la tesorera provincial, Romina Rouco, y lleva la firma del apoderado del Municipio, quien intimó a la Provincia a adoptar «las medidas necesarias para regularizar la transferencia de los recursos coparticipables y demás fondos de distribución provincial que se encuentran vencidos y pendientes de remisión al Municipio de Río Grande».
Según consta en el documento, el reclamo se fundamenta en un informe del Tribunal de Cuentas Municipal y en información remitida por la Secretaría de Finanzas Públicas provincial mediante la Nota N° 554/2026, correspondiente a las liquidaciones provisorias de coparticipación federal y regalías al 30 de septiembre de 2026.
Cómo se compone la deuda
De acuerdo con el detalle incorporado en la intimación, las acreencias estimadas del Municipio surgen de los siguientes conceptos:
- Liquidaciones provisorias julio-septiembre de 2026: $36.323.151.695,50
- Transferencias imputables al período: $19.587.468.579,27
- Saldo pendiente por coparticipación y regalías: $16.735.683.116,23
- Bono de Compensación (artículo 4°): diferencia pendiente: $128.495.232,00
- Bono de Compensación (artículo 4°): tercer trimestre 2026: $430.636.172,65
De esta manera, el total de acreencias estimadas al 30 de septiembre de 2026 asciende a $17.294.814.520,88.
La cifra equivale a 17.294 millones de pesos, un monto que desde el Municipio consideran fundamental para garantizar el normal funcionamiento de la administración local y la prestación de los servicios públicos.
Cuestionan retrasos sistemáticos
En la presentación, el Ejecutivo municipal sostiene que el retraso en la remisión de recursos se encuentra acreditado mediante el cotejo de los decretos provinciales que aprobaron las liquidaciones definitivas correspondientes a distintos períodos.
Puntualmente menciona los Decretos Provinciales N° 1320/2026, 1479/2026 y 1680/2026, vinculados a las liquidaciones definitivas de abril, mayo y junio de este año.
Según se indica, la documentación permite verificar que recién se produjo una cancelación efectiva de fondos en septiembre para períodos que correspondían a transferencias de meses anteriores. La última acreditación analizada por el Municipio corresponde a junio de 2026 y fue realizada el 25 de septiembre de 2026, situación que, según el reclamo, evidencia un diferimiento sostenido en la disponibilidad de recursos que pertenecen legalmente a las arcas municipales.
Intimación y posible escalada judicial
Ante este escenario, la Municipalidad de Río Grande emplazó a la Provincia a regularizar la situación en un plazo de 48 horas, advirtiendo que la falta de cumplimiento podría derivar en nuevas acciones administrativas o judiciales para reclamar el envío de los fondos.
El planteo reaviva el conflicto entre el Municipio de Río Grande y la administración provincial por la distribución de recursos coparticipables, una disputa que cobra especial relevancia por el volumen involucrado: más de $17.294 millones, una suma que representa una porción significativa del presupuesto municipal destinado a servicios esenciales, obras y asistencia a la comunidad.
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