El artículo 21 deroga la asignación específica que, desde 2002, vincula parte de la recaudación sobre las importaciones con el financiamiento de estos institutos. En el caso del INTA, esa fuente explica más de la mitad de sus recursos.
El presente informe se organiza en tres secciones. La primera describe qué establece el Presupuesto 2027 para el INTA y cuál es la magnitud del recorte. La segunda detalla qué capacidades del organismo quedan en riesgo, a partir del documento “El INTA y sus circunstancias”, presentado ante las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economías y Desarrollo Regional, y Agricultura de la Cámara de Diputados. La tercera plantea escenarios concretos de lo que podría ocurrir si el recorte se concreta.
Qué establece el Presupuesto 2027 para el INTA
El artículo 21 del Proyecto de Presupuesto 2027 deroga el inciso a) del artículo 16 del Decreto-Ley N.º 21.680, texto incorporado por la Ley N.º 25.641 y sus modificatorias. Esa disposición es la base legal del financiamiento específico del INTA y del esquema de distribución posterior entre INTA, SENASA e INTI, vinculado a las importaciones.
La Ley N.º 25.641, sancionada en 2002, creó una asignación específica equivalente al 0,5% del valor CIF de las importaciones destinada al INTA. Luego, la Ley N.º 26.546 la elevó al 0,65% y estableció su reparto entre tres organismos: 0,45% para el INTA, 0,15% para el SENASA y 0,05% para el INTI. Con la derogación, desaparece el mecanismo que asegura a estos organismos un flujo de recursos propio, más allá de las asignaciones discrecionales del Tesoro.
En el caso del INTA, el impacto es directo. En el Presupuesto 2026, el organismo contaba con $905.711 millones, de los cuales $513.034 millones (57%) provenían de la alícuota sobre las importaciones y $392.677 millones del resto de sus ingresos. Para 2027 se le asignan $546.784 millones, sin ingresos de la alícuota. Ajustado por inflación, el recorte es del 50% en un solo año. La situación del resto de los organismos alcanzados no es mejor: el SENASA pierde el 40% de sus recursos en términos reales y el INTI directamente no recibiría fondos, ya que además de la derogación del inciso se eliminó su financiamiento por el resto de las vías.
El recorte de 2027 no es un hecho aislado: profundiza un ajuste que comenzó en 2024. Si se compara el presupuesto vigente de 2027 con el de 2023, la caída real del INTA alcanza el 55,9%. El organismo se ubica así entre los más afectados del área de desarrollo productivo, junto con el INTI (-65,6%) y el Instituto Nacional del Agua (-61,6%).
Qué se pone en jaque
La fuente del 0,45% de las importaciones no financia gastos accesorios. Con esos recursos el INTA cubre sus gastos de funcionamiento e inversiones, las becas y estudios de posgrado del personal, parte de los salarios y el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, que acumula los saldos no ejecutados de cada año y funciona como reserva del organismo. A partir de la información presentada por el propio INTA ante la Cámara de Diputados, pueden identificarse siete dimensiones afectadas.
Capacidad de respuesta ante emergencias. Sin la reserva del Fondo, el organismo pierde margen para actuar ante sequías, inundaciones, plagas emergentes y emergencias sanitarias. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, con esos saldos se compraron insumos para los laboratorios de Castelar y para el trabajo conjunto con el SENASA en Martínez.
Investigación y servicios. El ajuste ya afectó al 23% de las actividades de I+D en los territorios y al 42% de las líneas de innovación, con impacto sobre 29 cadenas y economías regionales y 202 unidades. Además, 93 convenios y servicios de gestión de calidad no podrían cumplirse, y 223 profesionales con posgrado se desvincularon en el retiro de julio de 2026. Existe, incluso, el riesgo de no cubrir los gastos mínimos de funcionamiento en el último trimestre.
Presencia territorial. Se dieron de baja 41 Agencias de Extensión Rural, se cerraron 74 oficinas y se dispuso el cierre de la Estación Experimental AMBA y sus 9 agencias. El repliegue golpea especialmente a los pequeños y medianos productores, que representan el 70% de las explotaciones del país (menos de 100 hectáreas, según el CNA 2018), y pone en riesgo programas como Cambio Rural, que según el organismo retorna 3 pesos por cada peso invertido, además de los remates de pequeños productores, las cadenas cortas de comercialización y el trabajo con cooperativas.
Información pública. El INTA produce datos de suelos, agua y clima, alertas tempranas, mapas productivos y redes de monitoreo de agua subterránea que utilizan productores, provincias y el propio Estado nacional para tomar decisiones.
Agenda de mediano plazo. El Plan de Mediano Plazo del organismo prevé avanzar en gestión de cuencas, recursos hídricos y riego; agro 4.0 (inteligencia artificial, drones, sensores y agricultura de precisión); medición de huella de carbono y sistemas de bajas emisiones; mejoramiento genético para ambientes extremos; uso seguro de fitosanitarios, y vigilancia epidemiológica animal, vegetal y ambiental junto con el SENASA. Sin financiamiento, esa agenda queda trunca.
Activos estratégicos. El INTA sostiene la colección de olivos más importante de América y la tercera de vides (Mendoza y San Juan), el Banco de Microorganismos Benéficos y programas de mejoramiento genético en ajo y cebolla (la mayoría de las variedades que se cultivan en el país son del INTA), algodón, arroz, yerba mate, té, forestales y ovinos Merino Dohne.
Personal. Con una caída del poder adquisitivo cercana al 40%, resulta difícil retener equipos especializados. Cada salida implica la pérdida de conocimiento acumulado y de vínculos construidos durante años con productores e instituciones.
Escenarios concretos
Los siguientes escenarios no son hechos consumados, sino situaciones posibles que se desprenden de lo que plantea el documento del organismo. Su objetivo es ilustrar, en términos concretos, qué significa el desfinanciamiento para la producción y los territorios.
Una plaga nueva sin quien la vigile. Ante un fenómeno como el de la chicharrita del maíz en la campaña 2023/24, el monitoreo, los muestreos y las recomendaciones de manejo llegarían tarde o no llegarían. Sin la reserva del Fondo, tampoco habría recursos extraordinarios para responder con rapidez.
Una sequía o inundación sin alertas tempranas. Si se resienten los datos de clima, agua y suelo, el productor decide qué sembrar o cuándo vender la hacienda con menos información, y el Estado pierde herramientas para declarar emergencias y focalizar la asistencia.
Una emergencia sanitaria sin laboratorios preparados. En la pandemia, los insumos se compraron con los saldos acumulados. Sin esa reserva, una situación similar dependería de una partida extraordinaria que llegaría, en el mejor de los casos, tarde.
Un horticultor del conurbano sin técnico de referencia. Con el cierre de la EEA AMBA y sus 9 agencias, los productores del cinturón verde pierden la asistencia directa sobre plagas, riego y certificaciones. Los grupos de Cambio Rural se desarman al quedarse sin asesor técnico y los remates de pequeños productores, como los que nacieron en Corrientes, dejan de organizarse: el productor chico vuelve a vender al intermediario, a peor precio.
Economías regionales sin innovación. Las variedades de ajo y cebolla que se cultivan en Cuyo y el Valle Medio son mayoritariamente del INTA. Si el mejoramiento se frena, se pierde competitividad exportadora o habrá que pagar regalías por genética extranjera. La fruticultura del Alto Valle, que ya atraviesa una crisis, contaría con menos soporte en manejo de plagas y poscosecha, y los productores ovinos patagónicos se quedarían sin seguimiento genético, sanitario y de calidad de lana.
Activos que no se recuperan. Una colección viva de olivos o vides, o un banco de microorganismos sin mantenimiento, no se recupera con un presupuesto posterior. Lo mismo ocurre con las series de datos: si se interrumpe el monitoreo de agua subterránea o de suelos, se pierde la continuidad histórica, y eso no se reconstruye después.
Conocimiento que se va. Una línea de investigación de diez años puede morir porque el investigador a cargo se jubiló o se fue y no hay reemplazo. La fuga de profesionales con posgrado al sector privado o al exterior, con salarios que perdieron cerca del 40%, y la caída de convenios con empresas, provincias y cooperativas completan el cuadro.
Más desigualdad tecnológica. Las grandes empresas pueden pagar asesoramiento privado; el pequeño productor, no. El acceso a la tecnología se concentra todavía más, y las provincias con menos capacidad propia, como las del NOA y el NEA, quedan más expuestas que la zona núcleo.
En síntesis, el artículo 21 del Presupuesto 2027 no recorta una partida: elimina la base de financiamiento de un organismo que, desde 1956, sostiene la innovación agropecuaria del país. Lo que se pierde en un año, en capacidades, equipos, colecciones y datos, puede demorar décadas en reconstruirse.
Nota metodológica: el documento del INTA afirma explícitamente los efectos sobre financiamiento, emergencias, investigación, territorio, información pública y agenda. Las colecciones y los activos genéticos aparecen como logros del organismo; su puesta en riesgo es una inferencia. El propio documento advierte que el impacto exacto del artículo 21 debe medirse con la normativa y las proyecciones correspondientes, ya que el uso de los saldos del Fondo requiere autorización del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete.
Fuente: Centro Economía Política Argentina, CEPA
