La denuncia ya no proviene de la oposición ni de algún sector gremial. La formuló públicamente el propio intendente Martín Pérez durante las Cuartas Jornadas de Cuidados Igualitarios, donde terminó exponiendo una situación institucional que calificó como «crítica» y que incluso llegó a definir como un posible «ahogo financiero».
Según precisó, la deuda provincial asciende a 17.800 millones de pesos, una cifra que por sí sola permite comprender la magnitud del problema.
No se trata de dinero destinado a obras extraordinarias ni de fondos discrecionales.
Se trata de recursos coparticipables que ya ingresaron a las cuentas provinciales y que, por ley, deben ser distribuidos a los municipios.
La gravedad del planteo radica precisamente allí.
Si el dinero existe y fue percibido por la Provincia, ¿qué explicación puede justificar que Río Grande acumule hasta 45 días de atraso en las transferencias y cerca de 90 días en algunos conceptos?
La respuesta del Gobierno provincial ha sido hasta ahora el silencio.
EL EQUIVALENTE A TODO EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL
Pérez eligió ejemplos contundentes para dimensionar el perjuicio.
Los 17.800 millones de pesos retenidos equivalen prácticamente al presupuesto anual completo de Salud del Municipio de Río Grande.
También representan cerca del 95% de todo el plan de obra pública municipal previsto para el próximo año.
Y son aproximadamente tres veces el presupuesto destinado al deporte.
Dicho de otra manera: mientras la Provincia demora fondos que pertenecen a los riograndenses, el Municipio podría financiar con ese dinero hospitales, centros de salud, programas sanitarios, infraestructura urbana, actividades deportivas y múltiples servicios esenciales.
La pregunta es inevitable:
¿Qué haría cualquier ciudad argentina con casi 18 mil millones de pesos adicionales en sus cuentas?
Seguramente mejorar servicios, ampliar prestaciones y generar inversiones.
Río Grande, en cambio, debe administrar la incertidumbre permanente.
UNA PROVINCIA QUE HABLA DE CUIDADOS MIENTRAS ASFIXIA FINANCIERAMENTE A UN MUNICIPIO
La contradicción resulta difícil de ocultar.
Mientras el Gobierno de Gustavo Melella impulsa discursos vinculados a los derechos, la inclusión y los cuidados, uno de los municipios más importantes de la provincia denuncia que no recibe en tiempo y forma recursos indispensables para sostener precisamente esas políticas.
La salud comunitaria, la asistencia social, la atención de las infancias, los programas para adultos mayores y muchas de las iniciativas que fueron presentadas durante las jornadas dependen de financiamiento.
No funcionan con eslóganes.
Funcionan con recursos.
Y esos recursos son los que Río Grande reclama.
Paradójicamente, el mismo Estado provincial que promueve debates sobre el cuidado parece desentenderse del impacto que genera una deuda multimillonaria sobre una ciudad que enfrenta una crisis económica cada vez más profunda.
LA POLÍTICA POR ENCIMA DE LOS VECINOS
El dato más preocupante de toda la entrevista no es el monto de la deuda.
Es la sospecha política que deja planteada el propio intendente.
Pérez aseguró que ya intimó formalmente al Ministerio de Economía y que, lejos de disminuir, la deuda siguió creciendo.
Pasó de 16.000 millones de pesos a 17.800 millones en apenas unas semanas.
Por eso se preguntó públicamente cuál es el problema.
«Si es político, que me lo digan», planteó.
La frase desnuda el verdadero conflicto.
Porque si el atraso se debe a problemas financieros generales de la Provincia, debería existir una explicación oficial.
Pero si no existe explicación alguna y el dinero ingresó efectivamente a las arcas provinciales, entonces la decisión deja de ser administrativa para transformarse en política.
Y en ese caso los rehenes no son el intendente ni el gobernador.
Son los vecinos de Río Grande.
UNA CIUDAD EN CRISIS NO PUEDE ESPERAR
La denuncia se produce además en el peor momento económico de los últimos años.
El propio Pérez describió una pérdida superior a los 10.000 puestos de trabajo en actividades industriales y comerciales, familias que solicitan ayuda para abandonar la provincia y una caída sostenida de la natalidad.
Frente a ese escenario, la retención de fondos coparticipables adquiere una gravedad todavía mayor.
Cuando una comunidad enfrenta desempleo, caída de ingresos y retracción económica, lo mínimo que debería garantizarse es que los recursos públicos lleguen donde corresponden.
No hacerlo implica castigar doblemente a la población.
Por un lado, la crisis económica destruye empleo.
Por otro, el Estado provincial restringe recursos que podrían amortiguar parte de esas consecuencias.
EL SILENCIO DE LA PROVINCIA
Hasta el momento, lo más llamativo es que ni el gobernador Gustavo Melella ni el ministro de Economía han brindado una respuesta pública capaz de justificar semejante atraso.
Mientras tanto, la deuda crece.
Los días pasan.
Y Río Grande continúa esperando recursos que legalmente le pertenecen.
La discusión ya no es técnica ni contable.
Es institucional.
Porque una provincia que retiene durante meses fondos coparticipables termina poniendo en riesgo la autonomía municipal, afectando la prestación de servicios y deteriorando la calidad de vida de miles de vecinos.
La pregunta ya no debería dirigirse al Municipio.
La pregunta es para el Gobierno provincial:
¿Por qué Gustavo Melella sigue reteniendo casi 18 mil millones de pesos que pertenecen a los vecinos de Río Grande?
