Los trabajadores que llegaban al cambio de turno el miércoles 30 de septiembre se encontraron con que sus tarjetas de acceso ya no abrían los portones. En la planta de Einstein al 1.111, en Río Grande, el Grupo Mirgor —el holding de la familia del ministro de Economía, Luis Caputo— notificó por telegrama la desvinculación de alrededor de un centenar de operarios. Los despidos fueron encuadrados como «sin justa causa» (artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo) y justificados en la necesidad de una «reestructuración fabril». Entre los cesanteados quedó, según coincidieron los propios dirigentes, el cuerpo de delegados completo. Con esta tanda, el grupo acumula unos 400 trabajadores despedidos desde agosto.
El conflicto venía escalando desde hacía dos meses. Después de que Mirgor dejara afuera a 300 operarios en agosto, el Ministerio de Trabajo provincial dictó una conciliación obligatoria que estuvo vigente del 10 de agosto al 7 de septiembre, y luego las partes acordaron una instancia voluntaria que se extendió hasta el 25 de ese mes. Según reconstruyeron los medios fueguinos, el entendimiento estaba prácticamente cerrado —incluía el pago del premio anual que la UOM reclama desde principios de año, la realización simultánea de las asambleas y una comisión interna unificada—, pero el documento final quedó sin firmar. Con la tregua agotada, la empresa avanzó con los telegramas. La reacción gremial fue inmediata y, tras una nueva intervención de la cartera laboral, las desvinculaciones quedaron en suspenso: los trabajadores pasaron a estar formalmente «suspendidos» hasta el próximo 8 de octubre percibiendo el 75% de sus salarios, mientras se reabrió una mesa de negociación a contrarreloj.
Lo que se discute ahora excede los salarios. La empresa puso sobre la mesa un paquete de doce puntos para reconfigurar la relación laboral de sus plantas: cambios en la jornada, modificaciones en los regímenes operativos y ajustes sobre las condiciones de trabajo. Entre los ejes que circulan en las asambleas aparecen un «banco de horas», la eliminación de las categorías laborales, un esquema salarial que dejaría a los ingresantes en torno a los $800.000 y el llamado «blindaje de autopartes». Para el gremio se trata de un avance sobre derechos adquiridos y de una pulseada por el alcance del convenio colectivo. A la incertidumbre por los puestos se suma otra deuda: el premio anual por productividad, cuya primera cuota sigue sin pagarse. Y no es el único frente: el grupo ya sumó unos 120 despidos en tres meses en la firma IATEC y mantiene a 360 empleados bajo un plan de suspensiones hasta diciembre.
El telón de fondo es la crisis del régimen industrial fueguino, golpeado por la apertura de importaciones y la reducción de aranceles dispuestas por el Gobierno nacional. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, lo planteó sin vueltas al reclamar que la empresa revierta los despidos: «Esto no es reestructurar, es castigar a los trabajadores», dijo, y advirtió que «en Río Grande no existe el ‘me despidieron, mañana consigo otra cosa’. No hay trabajo». Su par de Río Grande, Martín Pérez, ya había apuntado contra la Casa Rosada: «Milei sigue tomando una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria. Desmantelan el trabajo fueguino». En paralelo, el gobernador Gustavo Melella acordó con Nación un anticipo financiero por hasta $45.000 millones para sostener la provincia.
El episodio incomoda particularmente al Gobierno. Mientras el ministro Caputo defiende la «modernización laboral» que, según su propio diagnóstico, iba a crear empleo formal, la empresa ligada a su familia encabeza la ola de despidos en la provincia donde ese esquema se aplica con más crudeza. La paradoja se profundiza porque buena parte del sector que hoy despide se sostuvo durante décadas con beneficios impositivos del régimen de promoción fueguino, es decir con dinero público. En el gremio también leen el conflicto en clave nacional: sostienen que el avance sobre el convenio colectivo se parece demasiado a los cambios que el oficialismo impulsa por ley y que la intervención judicial del Secretariado Nacional de la UOM debilitó la estructura sindical en plena negociación.
El plazo vence el jueves 8 de octubre. Si no hay acuerdo, el centenar de trabajadores hoy suspendidos volverá a quedar en la calle con la liquidación ya notificada y con el cuerpo de delegados despedido, es decir sin representación gremial en la discusión. La UOM mantiene el estado de alerta y asambleas permanentes en las plantas, mientras los operarios esperan una definición que, más allá de una empresa, mide qué pasa en la Argentina cuando el ajuste llega a la industria que el propio Estado ayudó a levantar.
Fuente: rosario plus
