La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, admitió públicamente que “no sabía que eso estaba incluido”, evidenciando el nivel de descoordinación interna y la falta de transparencia con la que se elaboró el texto.
Qué cambia y por qué se considera un ajuste extremo
El artículo 39 del proyecto elimina el nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad, que hasta ahora garantizaba igualdad de cobertura entre el Estado, obras sociales, prepagas y programas como Incluir Salud. A partir de 2027, cada provincia podrá fijar sus propios aranceles, con un “piso mínimo” como referencia. En la práctica, esto fragmenta el sistema y genera desigualdad territorial, ya que los servicios de transporte especial, acompañamiento terapéutico, rehabilitación o centros de día dependerán del presupuesto local.
Además, se derogan artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad Nº 27.793, que aseguraban la actualización automática de pagos y la compatibilidad entre pensiones y empleo formal. La Pensión No Contributiva por invalidez laboral se fija en 70% de la jubilación mínima y se declara incompatible con cualquier trabajo registrado.
Reacciones políticas y sociales
Bullrich expresó su malestar en Radio Rivadavia:
“Cuando uno es jefe de bancada y no se entera, quedas como un tonto o como que engañas.”
La frase resume el desconcierto dentro del oficialismo. Legisladores aliados reconocen que el ajuste “fue redactado en secreto” por el equipo económico de Luis Caputo, sin consulta previa con las comisiones sociales.
Organizaciones de prestadores y asociaciones de personas con discapacidad calificaron la medida como “una crueldad extrema”, denunciando que “el Estado abandona a quienes más necesitan protección”.
Impacto humano y provincial
En provincias como Tierra del Fuego, donde los costos de transporte y atención son más altos, el recorte podría dejar sin cobertura a cientos de familias. Los centros de día y terapias de rehabilitación ya advierten que no podrán sostener sus servicios si los aranceles se reducen o se congelan.
Un ajuste que revela prioridades
El Gobierno justifica el recorte como parte de su “plan de eficiencia del gasto público”. Pero detrás de esa frase técnica se esconde una realidad dolorosa: el ajuste llega hasta los discapacitados, un sector históricamente protegido por ley y por principios de humanidad.
La decisión no solo contradice los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos, sino que también expone la falta de sensibilidad política ante una crisis social que se profundiza.
