El Municipio de Río Grande, a través de la Asesoría Letrada, se presentó ante el Juzgado Federal de Río Grande como parte interesada en la causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) junto a la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La presentación fue anunciada por el intendente Martín Perez a través de sus redes sociales. Luego, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei; y la licenciada en Ciencias Ambientales, Gabriela Lucero, explicaron los alcances de la intervención y los fundamentos ambientales y soberanos de la acción.
La incorporación del Municipio a la causa se realiza en cumplimiento del mandato establecido por la Carta Orgánica Municipal, cuyos artículos 16, 18, 21 inciso 6, 24 inciso 1 y 61 establecen un marco concreto para la defensa del ambiente, los recursos naturales y la soberanía.
La causa plantea una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva frente a la explotación hidrocarburífera proyectada en las Islas Malvinas y busca que la Justicia intervenga ante los posibles impactos derivados de esta actividad.
En ese marco, la presentación municipal sostiene que la eventual explotación petrolera en el área no sólo implica riesgos para el ecosistema marino del Atlántico Sur, sino que también involucra recursos naturales y una cuestión vinculada directamente con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur. La defensa del ambiente, de los recursos estratégicos y de la soberanía constituye una responsabilidad que la ciudad asume también desde el ámbito judicial.
Defender Malvinas también es actuar. La presentación ante la Justicia constituye una nueva acción concreta de Río Grande en defensa de los intereses argentinos y reafirma el compromiso de la ciudad de estar presente en todos los ámbitos donde sea necesario para defender la soberanía nacional.
De esta manera, Río Grande suma una acción judicial concreta a su histórica política de defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas, incorporando además la dimensión ambiental como parte de esa reivindicación.
