La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a ocupar titulares con la promesa de un “plan de lucha” contra las políticas del presidente Javier Milei. Entre los puntos destacados figuran la discusión por el salario mínimo, nuevas protestas y un acto simbólico para el próximo 17 de octubre. Sin embargo, detrás de los anuncios se percibe una estrategia marcada por la dilación y la falta de contundencia, que genera crecientes suspicacias sobre su rol como representación de los trabajadores.
Los números de la crisis son elocuentes: el poder adquisitivo de los salarios se desplomó un 40% en los últimos años, se cerraron más de 30 mil empresas y se destruyeron alrededor de 400.000 puestos de trabajo. Frente a semejante panorama, la ausencia de medidas de presión como un paro general o movilizaciones masivas en todo el país resulta incomprensible para amplios sectores de la sociedad. La CGT parece más preocupada por administrar su supervivencia institucional que por encarnar los reclamos de quienes deberían ser su base.
La actitud de la central obrera en los últimos tres años ha sido la de un actor que estira los tiempos, que lanza comunicados y organiza actos con fuerte carga simbólica, pero que evita el conflicto real. Esa tibieza abre interrogantes sobre sus vínculos con el poder político y económico, y sobre la conveniencia de mantener un perfil bajo para no perder privilegios. El resultado es una imagen de desgaste y permeabilidad, que erosiona su legitimidad como voz de los asalariados.
La pregunta que resuena en fábricas, oficinas y comercios es clara: ¿a quién representa hoy la CGT? Muchos trabajadores sienten que la central histórica ya no encarna sus reclamos, sino que actúa como un actor burocrático que administra equilibrios políticos. En contraste, las protestas más genuinas suelen surgir de movimientos sociales, gremios más combativos o expresiones territoriales, mientras la CGT se limita a gestos tibios y a actos conmemorativos.
En un país donde la crisis golpea con fuerza y donde la política económica profundiza la desigualdad, la falta de reacción sindical se convierte en un problema estructural. La CGT, que alguna vez fue sinónimo de poder obrero y de capacidad de presión, aparece hoy como un aditamento del gobierno, sin presencia, sin presión y sin representación real. Su silencio frente a la pérdida de derechos y conquistas laborales no solo debilita a los trabajadores, sino que también fortalece a quienes impulsan políticas de ajuste.
El acto del 17 de octubre puede tener valor simbólico, pero difícilmente alcance para revertir la percepción de una central obrera desgastada, que ha perdido el pulso de la calle y la confianza de los asalariados. En tiempos de crisis, la representación sindical debería ser un motor de resistencia y defensa, no un eco lejano de lo que alguna vez fue.
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