. Una denuncia presentada ante la Justicia por la falta de ejecución de fondos fiduciarios acusa al Gobierno de haber acumulado un superávit cercano a los 3.000 millones de dólares por esta vía y de haber invertido gran parte de ese dinero en letras y títulos públicos.
El ciudadano que paga el impuesto a los combustibles no está haciendo una contribución abstracta al equilibrio de las cuentas públicas: está aportando al mantenimiento y la infraestructura de la red vial. Si ese dinero se destina a financiar al Tesoro mientras las rutas se deterioran, el Gobierno tiene la obligación de explicar con qué fundamento considera que está cumpliendo la ley. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que en un año marcado por la gran incidencia del fenómeno atmosférico de El Niño aporta recursos esenciales para la mitigación de inundaciones que pueden ocurrir en los próximos meses.
Una administración puede decidir qué obras son prioritarias y tiene derecho a revisar contratos, eliminar gastos innecesarios y exigir eficiencia. Pero el Gobierno de Milei va en contra de su propio discurso anticasta si se arroga la autoridad de transformar recursos adjudicados por ley para fines específicos en una especie de reserva financiera para disponer de ella a capricho según sus intereses políticos. Sus formas se parecen aún más a las de la vieja política si, además, condiciona la entrega de esos fondos a las provincias a que sus legisladores aprueben las leyes que impulsa.
Fuente: El País.
