- Desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos reales de las provincias muestran una caída sostenida: el promedio móvil a mayo 2026 se ubica un 19,6% por debajo de los niveles de noviembre 2023.
- Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.
- Desde inicios del 2026 se registraron al menos 10 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 45,5% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas paritarias de los gobiernos provinciales, mientras que el 54,5% restante presenta acuerdo paritario, lo que constituye una solución momentánea hasta la próxima negociación.
- En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional recurrió a un régimen de anticipos financieros sobre fondos coparticipables. Mediante el Decreto 219/2026 habilitó adelantos por hasta $400.000 millones para doce provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán) y, en junio, el Decreto 474/2026 amplió el esquema a Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe con idéntico tope. No se trata de recursos nuevos: son adelantos que deben reintegrarse dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija del 15% anual. Su límite quedó a la vista cuando, hacia mediados de año, varias de las provincias asistidas en abril debieron pedir refinanciación al no poder cancelarlos.
- En definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos. Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos.
Fuente: CEPA Centro Economía Política Argentina.
