La presentación busca revertir las decisiones de primera y segunda instancia que rechazaron un amparo promovido por Chequeado para que YPF cumpliera una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), organismo que en 2024 había ordenado a la compañía entregar la información solicitada.
El origen del caso se remonta a septiembre de 2024, cuando el Centro de Datos de Chequeado solicitó a la empresa que preside Horacio Marín detalles sobre los medios, plataformas digitales y agencias que recibieron publicidad de la compañía. YPF rechazó el pedido al sostener que, por su condición de sociedad anónima, no se encuentra alcanzada por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Ante esa negativa, Chequeado presentó un reclamo ante la AAIP. El organismo resolvió a favor del pedido de acceso a la información y ordenó a la petrolera entregar los datos requeridos. Sin embargo, la empresa no cumplió con la resolución y la controversia derivó en una disputa judicial.
Tras dos sentencias adversas para Chequeado, el recurso extraordinario presentado ante la Corte sostiene que ni YPF ni los tribunales intervinientes identificaron un perjuicio concreto que pudiera derivarse de la divulgación de la información solicitada. Además, argumenta que existen antecedentes del máximo tribunal que respaldan el acceso a información vinculada con empresas de mayoría estatal.
“Estas decisiones dejan sin respuesta una pregunta central: cuál sería el daño concreto que provocaría informar en qué medios, agencias o plataformas digitales pauta una empresa con mayoría accionaria estatal. Por eso, acudimos a la Corte Suprema”, sostuvo el director Ejecutivo de Chequeado, Franco Piccato.
El caso se inscribe en un debate más amplio sobre la transparencia en empresas con participación estatal, ya que situaciones similares ocurrieron recientemente con otras compañías públicas o de control estatal. El Banco Nación rechazó un pedido de acceso a información sobre sus gastos publicitarios, mientras que Aerolíneas Argentinas terminó entregando esos datos luego de una resolución judicial.
Al respecto, Piccato agregó: “El derecho a la información no se negocia. El recurso presentado por Chequeado busca que la Corte Suprema reafirme que no hay empresas con mayoría estatal opaca cuando se trata de rendir cuentas a sus verdaderos dueños: los ciudadanos”.
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