Estamos viviendo un ciclo de entrega obsceno. En estos días se concretó la privatización de la Vía Navegable Troncal del río Paraná y, al mismo tiempo, avanzan en el Congreso dos proyectos para profundizar el saqueo. Por un lado, el Super RIGI, por el otro, una reforma que elimina buena parte de los límites a la extranjerización de la tierra.
El Super RIGI ya consiguió media sanción en Diputados. Se trata de una ampliación del régimen de beneficios extraordinarios para grandes inversiones, con un monto mínimo superior al RIGI y orientado a las llamadas «nuevas industrias». ¿Cuáles serían? El proyecto no lo dice. Esa definición quedará para la reglamentación del Poder Ejecutivo, aunque todo indica que está pensado para los gigantes tecnológicos y de la inteligencia artificial. No parece casual, en ese sentido, la visita al país de Peter Thiel, cofundador de Palantir.
Los beneficios son extraordinarios: reducción de impuestos, retenciones del 0 % a partir del tercer año, estabilidad fiscal y la posibilidad de litigar contra el Estado argentino en tribunales extranjeros. La excusa vuelve a ser la misma que con el RIGI: atraer inversiones que, de otro modo, no llegarían al país. Sin embargo, eso ya demostró ser falso. Los proyectos que ingresaron bajo el RIGI ya estaban previstos antes de la sanción del régimen.
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Por el lado del Senado, en tanto, ya existe dictamen para avanzar con la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. ¿Qué pasaría si Peter Thiel decidiera comprar miles de hectáreas en Tierra del Fuego? ¿O si una multinacional quisiera quedarse con una cuenca hídrica entera? El Gobierno pretende eliminar los pocos límites que hoy existen para impedirlo.
La sesión del jueves pasado se cayó para no discutir el escándalo de corrupción que involucra a Manuel Adorni, pero el oficialismo mantiene su intención de avanzar con este proyecto, que modifica la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego, el Código Procesal Civil y Comercial para imponer un régimen de «desalojo exprés», además de introducir cambios en el Registro de la Propiedad Inmueble y en la Ley de Expropiaciones.
Cabe recordar que la Ley de Tierras ya había sido derogada por Milei mediante el DNU 70/23, aunque ese artículo fue posteriormente declarado inconstitucional por la Justicia.
Muchos conocen el caso de Joe Lewis y Lago Escondido: un magnate británico que se apropió del acceso a un lago público y administra la zona prácticamente como un feudo privado. O el caso de Benetton, que posee cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia.
La Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011, surgió justamente para establecer un límite —aunque mínimo— a este tipo de situaciones. Establece que no más del 15 % de las tierras rurales de cada departamento pueden estar en manos extranjeras; que un mismo extranjero no puede concentrar más del 30 % de ese cupo ni superar las 1.000 hectáreas en determinadas zonas; y que tampoco puede adquirir tierras que contengan cuerpos de agua permanentes o se encuentren en áreas de seguridad de frontera.
Hoy alrededor de 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras. Representan aproximadamente el 5 % del territorio rural argentino, y en casi 40 departamentos ya se supera el límite previsto por la propia ley. Este proceso avanzó fuertemente durante la década del noventa, bajo el menemismo. Detrás de muchos de esos propietarios existen sociedades offshore vinculadas a empresas transnacionales mineras, del agronegocio o vitivinícolas. Los datos del Observatorio de Tierras ayudan dimensionar la magnitud del fenómeno.
La eliminación de artículos centrales de la Ley de Tierras implica abrir la puerta a la apropiación privada de humedales, ríos, lagos, glaciares, salares ricos en litio y otras zonas estratégicas para la soberanía nacional.
Pero el proyecto tiene otra cara igual de preocupante. Mientras elimina todos los límites para los grandes compradores de tierras, endurece los desalojos en barrios populares y comunidades originarias. Además, elimina la protección que establecía la Ley de Manejo del Fuego para evitar los incendios intencionales para la especulación inmobiliaria y los cambios de uso del suelo.
La concentración de la tierra es un hecho histórico de la Argentina. Desde la conquista y el genocidio de los pueblos originarios, unos pocos grandes terratenientes concentraron las tierras más fértiles, hoy destinadas al agronegocio, los monocultivos de soja, trigo y maíz, o las plantaciones forestales de pino y eucalipto. Ese esquema es el que ahora se busca profundizar con una presencia todavía mayor del capital extranjero.
Como decía, el proyecto ya tiene dictamen para comenzar a discutirse en el Senado, donde el Gobierno apuesta a construir mayorías junto a los gobernadores. Y además existen dos dictámenes de minoría, uno de Convicción Federal y otro de Unión por la Patria. Esas propuestas mantienen el límite del 15 % de tierras extranjerizadas pero deroga que el tope del 30% y de 1000 ha para un mismo extranjero.
Es decir que el peronismo, lejos de discutir cómo democratizar el acceso a la tierra, elige aceptar los términos del debate impuestos por la derecha libertaria. ¿Qué significa entonces defender la patria? Dicen que son nacionalistas pero están dispuestos a entregar el territorio a grandes empresarios extranjeros.
A quienes cuestionamos este modelo se nos acusa de ser antipatria. Pero ocurre exactamente lo contrario. Si no se está dispuesto a defender los bienes comunes, el territorio y la soberanía frente al saqueo del gran capital, la patria termina convirtiéndose en una mercancía más.
