En uno de los párrafos, el Directorio sostiene que “viene siendo objeto de un patrón sostenido de hostigamiento que excede cualquier forma de reclamo”. Frente a semejante afirmación, exhortamos formal y públicamente a las autoridades a cesar toda descalificación hacia los damnificados. El reclamo que se sostiene es legal, legítimo y respaldado por más de tres décadas de aportes.
Si, como manifiestan, la “integridad institucional” se ha visto comprometida, la respuesta no es victimizarse, sino asumir la responsabilidad inherente al cargo que dicen ejercer, cumpliendo estrictamente con la ley.
Se menciona también la existencia de agresiones físicas, violencia simbólica y un clima hostil. Conviene aclarar: los policías damnificados y sus familiares no promovemos la violencia; por el contrario, la padecemos. La verdadera violencia se ejerce desde las oficinas cuando un administrador decide suspender ilegalmente el derecho a percibir haberes.
En cuanto a la democracia que invocan, resulta oportuno recordar que la Caja dista mucho de ser un organismo democrático: su Directorio no es elegido por los beneficiarios, sino designado por el poder de turno. No se trata de mérito, sino de “dedocracia”.
Se cuestiona el uso del término “traidor” en manifestaciones públicas. Según la Real Academia Española, traidor es quien rompe la lealtad o el compromiso asumido. No parece una definición ajena a quienes, teniendo la responsabilidad de administrar recursos previsionales, terminaron perjudicando y faltando el respeto a quienes los antecedieron. Por lo tanto utilizar el vocablo «traidor»los define ante la nula administración de la Caja.
Asimismo, resulta llamativo que ahora se invoque la seguridad e integridad de los directores, cuando nunca se ponderó la seguridad económica y emocional de los beneficiarios afectados por decisiones ilegales. Una empatía, cuanto menos, selectiva.
Respecto de los denominados “gastos de representación”, afirman que no son sueldos. Sin embargo figuran en forma constante y mensual con sumas fijas en los balances enviados y rubricados ante el Poder Legislativo, (sin haber presentado los comprobantes que los avalen). Si son sueldos o no será la justicia quien determine. Cumplir con la burocracia administrativa no equivale a cumplir con la ley, ni mucho menos con el fin social del organismo.
En cuanto a la utilización de la palabra «quiebra» dejamos en claro que no la utilizamos deliberadamente y para desinformar. Nos basamos en los dichos del jefe de gabinete de tdf, puesto de manifiesto en la comisión de seguridad y justicia de la legislatura, frente a funcionarios del Poder Legislativo y directores de la caja, en donde quedó claro que no hay plata y no se sabe cómo se va a seguir. Una sinceridad que, curiosamente, hoy parece haberse extraviado.
Se habla también de voluntad para resolver el problema. Sin embargo, las herramientas legales para hacerlo existen desde hace tiempo. Lo que ha fallado no es la norma, sino la capacidad técnica y la voluntad política para aplicarla.
El comunicado también menciona que no se tolerarán hechos de violencia institucional y que la seguridad de las autoridades debe ser garantizada por el Estado. Coincidimos plenamente: el Estado debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no de unos pocos. La doble vara con la que se mide la realidad resulta, por lo menos, preocupante. No toleran reclamos reales. Incertidumbre es que agentes de la seguridad, vuelquen su deber de cuidar a otro estamento, siendo más preocupante que quienes hoy solicitan más seguridad fueron los que en algún momento nos debieron cuidar a todos y hoy deben garantizar la seguridad de la máxima autoridad de la provincia.
Finalmente, se afirma que se cumple estrictamente con la ley. De ser así, esta situación no existiría. Los derechos de pensionados, retirados y sus familias no serían vulnerados de manera sistemática.
La Asociación de Esposas, Esposos, Pensionadas, Pensionados y Familiares de Policías Provinciales que prestaron servicios en el territorio rechaza cualquier hecho de violencia, pero también rechaza el intento evidente del Directorio de desviar la atención pública de su propia inoperancia.
No necesitamos comunicados defensivos ni discursos victimizantes. Necesitamos hechos.
Por ello, solicitamos nuevamente:
Respeto hacia la familia policial.
Altura institucional para abordar el conflicto.
Apertura inmediata de un canal de diálogo real, mesa de trabajo con participación de técnicos, autoridades, representantes legislativos y damnificados.(Situación que el Directorio nunca accedió)
Porque cuando la gestión falla, la victimización no soluciona nada. Solo confirma el problema.
ASOCIACIÓN DE ESPOSAS, ESPOSOS, PENSIONADAS, PENSIONADOS Y FAMILIARES DE POLICÍAS PROVINCIALES
