La carta, redactada por un capitán inglés y dirigida a las autoridades de Buenos Aires, expone el reconocimiento explícito de la jurisdicción ejercida por el gobierno local sobre las islas en los primeros años posteriores a la Revolución de Mayo.
El documento que vuelve a poner en discusión el relato británico
El 30 de enero de 1813, Henry Jones, capitán del bergantín inglés El Rastrero, presentó una solicitud formal ante las autoridades porteñas para obtener autorización con el fin de realizar caza de lobos marinos en las costas de las Malvinas.
El pedido, registrado en documentación oficial de la época, constituye una evidencia temprana del reconocimiento, por parte de una embarcación extranjera, de la autoridad que ejercían las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre el archipiélago.
Apenas habían transcurrido tres años desde el inicio del proceso independentista y el nuevo gobierno ya regulaba actividades económicas en territorios marítimos bajo su control.
La nota fue dirigida al Director de la Aduana, Enrique Torres, responsable de supervisar y autorizar este tipo de explotaciones en zonas estratégicas del Atlántico Sur. Estos trámites formaban parte de la dinámica administrativa del período y reflejan cómo el Estado en formación comenzaba a consolidar mecanismos de control político, fiscal y económico sobre espacios considerados propios.
