“Argentina debe mirar al Sur”, sentencia el investigador antártico David Pizarro en el comienzo de su reciente libro, “Petrel: corazón del esfuerzo argentino en la Antártida” (Publicaciones Navales, 2024).
El Sur, en realidad, debería ser nuestro Norte estratégico. Pizarro fundamenta esta máxima en una realidad que esta columna advierte con urgencia: la bicontinentalidad argentina se encuentra peligrosamente vulnerable, cuando debería ser el eje vertebrador de la Nación.
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (TDF AIAS) —que incluye Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Aurora— es, por extensión y posición, la más importante en términos geopolíticos:
Contiene la Puerta de Entrada a la Antártida y abarca el estratégico Pasaje de Drake (o Pasaje Piedra Buena), una vía marítima crítica para el comercio global en el siglo XXI.
Pese a esta trascendencia, la visión de la Antártida y el Atlántico Sur como política de Estado —un consenso sostenido, incluso, por las dictaduras— lleva décadas de flagrante desinterés. Argentina, contraviniendo el ajedrez geopolítico mundial, le da la espalda al Sur.
Uno de los puntos más críticos de esta abdicación es la “reciente” instalación de un radar de capitales británicos en el corazón de su territorio más bisagra. Abordaremos este atentado a la soberanía en las próximas líneas.
Un radar argentino en el Reino Unido
Este título es tan falso e improbable como el interés de una gran parte de la dirigencia política, empresarial y sindical nacional, por su propio país. Pero un radar británico en Argentina lamentablemente no solo es una probabilidad sino una realidad.
Durante la administración de Alberto Fernández, mientras se vociferaba sobre la soberanía y el desarrollo nacional, no solo se firmaron acuerdos para la potencial entrega del agua a la empresa israelí Mekorot y se avanzó en la reprivatización del Paraná, sino que se permitió, además, la instalación de un radar de capitales británico-irlandeses en territorio nacional, ubicado a solo 700 kilómetros de nuestras Islas Malvinas.
Este proceso se inició a fines de 2022, bajo la administración provincial de Gustavo Melella, cuando la empresa de capitales británicos e irlandeses, LeoLabs (con domicilio social Fieldfisher, Riverbank House, 2 Swan Lane, Londres, Inglaterra), se inscribió legalmente en Ushuaia (TDF AIAS). Por entonces, el responsable legal de la empresa en Argentina también se oficializaba como tal: Pablo Renan Bilbao, yerno de la ex diputada nacional, Mabel Caparros.
De fachada, la firma se presenta como líder comercial en “conocimiento de la situación en el Espacio (SSA)” en la órbita terrestre baja (LEO), con el objetivo de monitorear y rastrear el flujo de objetos, como la «basura espacial».
A pesar de que la función declarada por la empresa era inocua, la instalación se ejecutó bajo cierto secretismo oficial.
En noviembre de 2022, la Subsecretaría de Comunicaciones dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en su momento a cargo de Luis Manzur, autorizó a Leolabs a construir un radar en territorio nacional. La Disposición 8/22 resultó ser la autorización nacional clave.
Este manejo tuvo el efecto directo de evadir la publicación en el Boletín Oficial y, lo más grave, la consulta obligatoria a los organismos de defensa y política exterior. De hecho, el exministro de Defensa, Jorge Taiana, denunció que el expediente había sido ocultado a Cancillería y a su propio Ministerio, señalando la falta de todo aval estratégico en un área vital.
A la par, el exfuncionario apuntó contra la administración fueguina, a cargo de Gustavo Melella, por haber facilitado la operatoria.
Daniel Guzmán, combatiente de Malvinas y director de Agenda Malvinas, confirmó al Resaltador la denuncia de Taiana, asegurando que el gobierno provincial sureño “fue clave para la instalación del radar”:
“En tiempos récord para la provincia, Melella le da autorizaciones ambientales y le hace una extensión kilométrica de al menos doce o catorce kilómetros con una interconexión trifásica de alta tensión entre Tolhuin y Estancia El Relincho. El Gobierno nunca dio cuenta de quién pagó todo eso”.
De “registrar chatarra” a proveer inteligencia militar
Una vez en marcha, la estructura se convirtió en un problema geopolítico ineludible. La capacidad de rastrear objetos en la órbita baja (LEO), donde circula la vasta «autopista» de satélites militares y civiles, le otorga al radar un potencial de «uso dual» que lo vuelve un objetivo estratégico.
La sospecha de que la estructura pudiera tener fines militares o de inteligencia se confirmó en el terreno internacional con la revelación de un acuerdo firmado por LeoLabs con el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el cual garantiza a Londres acceso directo a toda la información recabada por sus radares a nivel global.
Para la Argentina, el radar debería ser percibido como una amenaza soberana instalada en su propio territorio, en la antesala de la Antártida, y muy cerca de la base más grande de la OTAN en todo el Atlántico Sur, que opera el Reino Unido en nuestras Islas Malvinas.
El acuerdo firmado por LeoLabs con el Ministerio de Defensa (MOD) y con el Comando Especial del Reino Unido no deja lugar a dudas. La firma anunció públicamente su selección para proveer servicios de Conciencia Situacional Espacial (SSA) y Conciencia del Dominio Espacial (SDA) al Proyecto Tyche del “UK Space Command”.
El Proyecto Tyche es el primer satélite de demostración bajo el programa ISTARI (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) del MOD, cuyo objetivo es desarrollar una “constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en la Órbita Terrestre Baja (LEO)”.
Esto demuestra que la tecnología de la empresa, incluyendo su red de radares global (de la cual el de Tierra del Fuego formaría parte), tiene la capacidad técnica para monitorear y apoyar misiones de vigilancia e inteligencia militar británicas.
Por si esto no fuera suficiente, el propio Comando Espacial del Reino Unido confirmó que el sistema de LeoLabs posee capacidad para monitorear satélites militares:
En agosto de 2024, en un video institucional del organismo británico, el Mayor General Paul Terence Tedman, Comandante del UK Space Command, confirmó que LeoLabs puede monitorear satélites militares en órbita, incluyendo el satélite de vigilancia lanzado como parte del Proyecto Tyche.
Una respuesta británica al moderado avance militar argentino
En su ponencia publicada recientemente en el sitio PALSUR, Carlos A. Biagardi Delgado, Director del Departamento Atlántico Sur y Antártida del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). describió a la empresa LeoLabs como:
«Una empresa privada de perfil dual (civil y militar) que podría concretamente: monitorear nuestra actividad satelital, tanto civil como militar, interceptar datos y objetos terrestres, marítimos y aéreos, seguir trayectorias de vectores como los que desarrolla la CONAE (en esos momentos el proyecto Tronador, hoy paralizado por el gobierno nacional), etc».
El experto militar enmarcó la instalación del radar como una respuesta directa y estratégica de Gran Bretaña a los movimientos argentinos en el Atlántico Sur.
En su visión, la maniobra estratégica argentina, compuesta por acciones como la reapertura de la Brigada X de la Fuerza Aérea en Río Gallegos, la creación de guarniciones militares conjuntas en Tierra del Fuego, y la Base de Despliegue Adelantada en Ushuaia, fue contrarrestada con la instalación indirecta del radar en Tolhuin.
Según Biagardi Delgado, «considerar lo acontecido como una mera casualidad» sería una ingenuidad inaceptable.
Avance neocolonial rápido, respuestas argentinas lentas
A pesar de la gravedad del escenario, la respuesta estatal argentina -como estamos acostumbrados- fue ambivalente.
Las autoridades nacionales tardaron meses en reaccionar, hasta que en junio de 2023, Jefatura de Gabinete —liderada por Agustín Rossi— finalmente suspendió la autorización y dio intervención a Defensa y Cancillería, abriendo la puerta a una revisión formal.
Sin embargo, la acción más contundente ha provenido del ámbito local. El Municipio de Tolhuin no solo impuso multas y clausuró la obra en su momento, sino que recientemente confirmó el cese de operaciones del radar tras retirarle el servicio de luz (septiembre de 2025).
Según Daniel Guzmán, el Intendente Daniel Harrington actualmente avanza con un juicio de ejecución en la justicia provincial para lograr la ratificación legal y llevar adelante la demolición del campo de antenas, un acto que las autoridades locales defienden como un un firme «acto soberano».
A pesar de los antecedentes y la controversia, el actual Gobierno Nacional, a través del ex Jefe de Gabinete Guillermo Francos, mantuvo su defensa del radar. La declaración se dio en el marco de la interpelación realizada el 25 de junio de 2025 por el senador fueguino Pablo Daniel Blanco en el Congreso, donde Francos insistió en que el radar de LeoLabs en Tolhuin «no es británico ni de uso militar».
Actualmente, a tres años de su instalación, aún no se sabe si el radar está funcionando o no.
«En principio la electricidad no estaría conectada. Pero no hay pericias realizadas como para saber si funciona o no, eso es lo que está sucediendo. Ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno de Tierra del Fuego han hecho los peritajes necesarios y la demostración de que el radar no esté funcionando», denuncia Guzman.
Fuente: El resaltador.com.ar
