El legislador indicó que la justificación del gobierno nacional, basada en supuestas «falencias», se fundamenta en un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que reveló deficiencias en los registros y en el seguimiento de las acciones, afectando a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) originalmente aprobados. Además, se detectó la ausencia de informes de gestión, estadísticas, indicadores y un manual operativo.
«Es una obligación que el gobierno de la provincia rinda cuentas sobre qué se ha hecho con los fondos destinados a la protección de los bosques nativos desde 2018 hasta la fecha. Espero estar equivocado, pero la realidad muestra que estos recursos no han llegado o no se han utilizado adecuadamente, a pesar de que se asignaron y recibieron sumas importantes de dinero. Para despejar dudas, el Ejecutivo tiene que detallar el dinero que percibió la provincia; estamos hablando de dinero de los contribuyentes, no del gobierno», expresó Lechman.
