La primera señal de alarma apareció cuando el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, dijo públicamente que “habría recortes en los envíos de fondos desde nación”, inmediatamente comenzó a verse que en las fabricas instaladas en Rio Grande se comenzaba a hablar de despidos, suspensiones, y así fue como también en Ushuaia la empresa Newsan despidió a 200 trabajadores, que luego de la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, fueron reincorporados en su totalidad, menos uno que aun no puede ingresar a su trabajo. Ese trabajador fue el vocero de sus compañeros y dejó al descubierto la connivencia de la UOM Ushuaia con la patronal, la que acordó un aumento del 32% sin consultar a los trabajadores.
En Rio Grande Mirgor y Solnik también despidieron gente, también intervino el Ministerio de Trabajo, los trabajadores recuperaron su trabajo, no sin antes vivir momentos de mucha incertidumbre, algunos no volvieron a ingresar.
En la industria textil, las cosas nunca cambiaron, aun no hay solución para su ingreso al regimen de promoción industrial y su incorporación debería darse en el corto plazo, ya que a fin de año termina ese plazo.
Paralelamente, el primer gremio que fue a dialogar por una recomposición salarial en vista de la escalada inflacionaria que llegaba al 108,4 % acumulado anual, fue el SUTEF, la oferta de gobierno era de un máximo del 6,5 %, muy lejos de la inflación.
Ante el rechazo de la oferta que elevó el gobierno, el gremio anuncio desobligaciones, retención de servicios, estado de alerta y movilización, de hecho, ya hace dos semanas que esta situación se extiende y se concretó un paro de 24 hs, otro de 48 hs por la brutal represión en Jujuy y siguen las conversaciones, aunque el Gobernador ya manifestó que “no se otorgaran aumentos que no se puedan pagar”.
Los demás gremios estatales, ATE, ATSA y UPCN, también fueron a dialogar con el gobierno y las respuestas no fueron diferentes a las ya escuchadas, ninguna superó el 10%.
Al mismo tiempo el SEJUP, sindicato de trabajadores judiciales, denunciaba que la oferta del Superior Tribunal de Justicia ofrecía 10% de aumento, para un ingresante eso, significaba 26.000 pesos, pero para un juez 260.000 pesos, allí también Alicia Ponce secretaria general del gremio, dio a conocer una cifra aproximada de los que cobran los jueces, señalando que eran “de 2.500.000 pesos mensuales o más”. A eso hay que sumarle una catarata de nombramientos incluidos parientes y entenados.
Los gremios municipales de Ushuaia, también se plantaron y se encuentran en plena discusión salarial, con marchas y estado de Alerta y Movilización.
En Tolhuín los docentes y personal municipal también sostienen reclamos salariales.
Rio Grande es la única ciudad de la provincia donde hasta ahora no ha habido reclamos, ni medidas de fuerza contra el Municipio, que, con un presupuesto acotado y las cuentas ordenadas, mantiene un ambiente tranquilo en general. Aunque las oficinas publicas de gobierno como el IPV están realizando reclamos con quema de cubiertas incluida.
En este escenario el Tribunal de Cuentas de la Provincia se otorgó un aumento del 15 % para todo el personal y los sueldos de los vocales, llegaron a 2.300.000 pesos.
La brecha salarial entre trabajadores y funcionarios es abismal, sin que nadie diga nada, esta parece ser información poco importante para muchos, no discutible o digna de difundir. parece que hay que cuestionar pero no tanto, investigar pero no tanto, hablar pero no tanto, porque las autoridades se molestan. Aunque no pareciera ser así ya que no se está dando respuesta a los reclamos y la frase mas escuchada es «plata no hay»
Peor, volviendo a la “paz Social”, días antes de las elecciones del 14 de mayo, se realizó un acto en la sede de IPRA en Rio Grande, donde todos los gremios estatales, sentados a la mesa con el gobernador, funcionarios y legisladores, anunciaban un acuerdo que había superado la inflación y ponía a la provincia entre las que mejores salarios pagaban.(foto)
Una vez electos, todos los allí presentes, la realidad, dio un giro de 180 grados y los anuncios y las sonrisas para la foto desaparecieron.
El sector privado comenzó a ver las señales de la crisis y la Cámara de Comercio de Rio Grande, anuncio la caída en el consumo, solicitó públicamente que las ferias dejaran de funcionar en el Gimnasio del Colegio Don Bosco, les pusieron días y horarios, creyendo que las ventas crecerían, pero el Dia del Padre, se notó una caída del 1,2% con respecto al 2022.
Los precios que se manejan en nuestra ciudad son realmente imposibles de pagar, Marcelo Ledezma de la pagina radio Victoria Compra bien, que hace relevamientos de precios diarios, sostuvo que se remarca entre un 4 y 5 % diario.
La caída del consumo está directamente relacionada con los ingresos y estos están cada vez mas lejos de acercarse a una inflación que ahora es del 115 % anual y no parece que vaya a descender en el corto plazo; la calificadora de riesgo Blommberg adelanta un 123 % para lo que queda del año.
En el ámbito de la salud más allá de los reclamos del gremio que nuclea a los trabajadores del sector, la ministra Judith Di Giglio, confirmó la falta de profesionales médicos en toda la provincia.
En educación, hubo marchas y sentadas de alumnos de los polivalentes de Arte y otros establecimientos por el estado de deterioro de los establecimientos escolares, la CEPET de Rio Grande, subió videos a las redes mostrando la precariedad de las reparaciones, pero el problema afecta a toda la provincia, la escuela especial de Ushuaia estuvo 3 semanas cerrada por problemas con la calefacción. En la capital los alumnos reclamaron una reunión con la Ministra de Educación, Analía Cubino, pero esta no los recibió, si lo hizo el secretario Pablo López Silva. Los problemas siguen sin solucionare a pesar que vienen de décadas.
Como si todo esto no fuera suficiente, la empresa TABSA que realiza el cruce en barcaza en bahía Azul, informó que dejaba de recibir pagos en pesos y en los primeros días de junio daba de baja 6 cuentas de empresas de transportes que llegaban a nuestra provincia. La alarma sonó por todos lados y de inmediato comenzaron las gestiones, que terminaron cuando gracias a la intervención del Intendente Martin Pérez se destrabó el conflicto y la empresa volvió a aceptar pagos en pesos argentinos, pero solo para vehículos particulares. Camiones y colectivos deben pagar en dólares o pesos chilenos. El costo para un colectivo es de 77.000 pesos por cruce, un automóvil mediano, 11.900 pesos argentinos.
A todo esto, seguían apareciendo problemas, a lo antes mencionado se sumó, luego de un informe del Canal de Noticias TN, la presentación en la Legislatura Provincial de un memorándum de entendimiento entre el gobierno y la República Popular China, donde se mencionaba la construcción de una terminal portuaria, una planta de productos químicos y una central eléctrica. El revuelo que produjo esta noticia rebotó en el gobierno nacional y en su informe ante la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, manifestó que “no habrá puerto chino en Rio Grande, el único autorizado es el del Grupo Mirgor”, con esto el Gobierno Nacional se despegó de un tema de geopolítica estratégica internacional que ponía a la provincia en el centro de un conflicto de poderes entre China y Estados Unidos y también cerró la puerta a otro intento de estas características en un escenario mundial complejo.
Este es el panorama actual de la provincia, esta es la situación real, los gremios en reclamos permanentes desde el mes de mayo. Caída de consumo, sueldos devaluados, inflación por las nubes y falta de información publica respecto de todos estos temas. Aun así la gente permanece tranquila en apariencia, pero ante la consulta al ciudadano común la respuesta es siempre la misma, “está todo mal”, o la pregunta “¿Cuándo va a explotar?
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La venta de autos usados aumentó un 0,29 % en mayo, el menor del país.
