Un ejemplo actual es el tratamiento del Fondo del Bicentenario, cuyo futuro tratamiento parlamentario está siendo preparado por el Gobierno, para lo cual busca apoyo en legisladores de provincias no gobernadas por el Frente para La Victoria y que padecen fuertes apremios presupuestarios.
La concentración de recursos fiscales en manos de la Nación provoca un problema tan severo como complejo de resolver. Mientras los apremios fiscales de las provincias se incrementan, crece la dependencia con la Nación de los gobernadores y, en su caso, de sus agrupaciones políticas de perfil opositor o por lo menos independiente, incluyendo senadores y diputados nacionales. De este modo, es frecuente asistir a una creciente tensión entre los programas políticos de fuerzas que alcanzaron triunfos electorales en diversas provincias y las necesidades de recursos para gobernar, los cuales son distribuidos con una cuota considerable de arbitrariedad por las autoridades nacionales, premiando a los aliados.
Desde Tierra del Fuego hasta Corrientes, las pujas que esto acarrea se han ido resolviendo en contra del perfil político autónomo, relegando los principios y consintiendo una lógica de canje de votos por financiamiento, convirtiendo en meros pedazos de papel a programas electorales y ha quebrado alianzas partidarias.
El espectáculo de un Congreso cuyos miembros canjean apoyos por dinero para sus provincias poco le ayuda a la deliberación democrática y la necesidad de alcanzar consensos profundos y firmes, capaces de orientar el progreso del país. Se trata, entonces, de una degradación de la política, que queda prisionera de un uso arbitrario de los recursos públicos.
Este abuso que lesiona la calidad institucional, erosiona la práctica política y afecta al federalismo tiene, como condiciones de posibilidad, pautas de coparticipación que, a pesar de mantener su validez, han devenido irrazonables y, también, un mandato constitucional. Ocurre que la reforma constitucional de 1994 fijó criterios muy razonables, como la remisión automática de fondos y la distribución de recursos entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires en relación directa a las competencias, servicios y funciones, contemplando criterios objetivos de reparto y principios como equidad y solidaridad, buscando un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
Esta aspiración, sin embargo, ha quedado sujeta a una ley convenio que, a más de quince años del texto constitucional, no ha podido alcanzarse porque exige un nivel de consenso del cual ha carecido el país. Por la Constitución, sólo se puede fijar un nuevo régimen de coparticipación por una ley que tenga al Senado como cámara de origen, que sea sancionada por ambas cámaras por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara -y no por la mayoría de los presentes- y que, además, sea aprobada por las provincias. Se plantea, de este modo, el desafío de alcanzar un consenso político capaz tanto de revertir el actual declive institucional como de resguardar el federalismo y promover un desarrollo equitativo.
Una clave del deterioro institucional y de la inequidad que se registra en el país se encuentra en el reparto arbitrario de fondos entre las provincias, a través de cálculos, negociaciones y chantajes que suelen derivar en cambios de votos en el parlamento. Es necesario que se ponga fin a este abuso, para lo cual se requiere un amplio consenso que revitalice el federalismo y mejore la calidad institucional de la República.
Fuente:clarin
