El juez federal de Tierra del Fuego, Federico Calvete, no solo rechazó el planteo de la defensa, sino que además declaró la jurisdicción y competencia “en razón del territorio y de la materia de la Justicia Federal de la provincia de Tierra del Fuego para intervenir en todos los hechos ocurridos en las Islas Malvinas, para integrante de la República Argentina y de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o consecuencia de la inalienable e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas”.
El planteo por la jurisdicción sobre Malvinas generó una gran indignación en el Centro ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, cuyos integrantes criticaron la acción de “humillante”.
Ramón Eduardo Caro es uno de los 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas involucrados en la causa iniciada en 2007 por torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas. Su defensa, compuesta por Hernán Bazán Güemes y Walter Weisswein, le explicaron a PERFIL sus polémicos argumentos que el juez federal Federico Calvete rechazó con costas los planteos interpuestos por la defensa de Caro.
Hernán Bazán Güemes, uno de los letrados de Caro, semanas atrás manifestaba: “Se trata de una apreciación netamente jurídica y técnica la que planteé en el escrito. No solamente señalé la incompetencia del Juzgado Federal de Río Grande sobre esta causa, sino que también la prescripción de la misma; ya que está en situación de cosa juzgada porque tiene una sentencia de la Cámara de Casación del tribunal federal de la ciudad de Buenos Aires; también sobre la incompetencia del juez y la falta de legitimación activa sobre la causa. Me resulta sorprendente que aparezca solamente este planteamiento por el tema de la incompetencia. Es verdad que lo planteé y argumenté el motivo, porque en 1982 las Islas Malvinas, si bien son de pertenencia de la República Argentina, no estábamos ejerciendo la soberanía y pedía que se juzgue con juez competente del lugar. Yo no dije quiénes tenían que ser los jueces, sino que directamente no tenía que ser el Juzgado de Río Grande, eso fue simple y concreto”.
En la misma línea se había expresado el otro abogado del militar, Walter Weisswein: “La causa en este momento es un absurdo, primero porque está prescrito. Todavía Argentina no tiene soberanía (sobre las Islas Malvinas), ni en el año ‘82 lamentablemente la tenía, por lo cual, al no tenerla, el Código Procesal Penal de la Nación refiere puntualmente que cuando no hay soberanía territorial objetiva, el juez no puede intervenir y nosotros lo que estamos diciendo es eso”.
FUENTE: perfil.com
