La ciudad de Río Grande transita un momento de máxima tensión financiera e institucional. A la parálisis en la cadena de pagos a proveedores —que ya acumula demoras superiores a los 35 días— se le suma un panorama crítico de cara a diciembre: el pago de los haberes mensuales y el medio aguinaldo de los trabajadores municipales ingresó en una zona de extrema vulnerabilidad.
La génesis de este cuello de botella financiero radica en la retención sistemática de fondos por parte del Gobierno provincial. Según los registros oficiales del Municipio, la deuda acumulada en concepto de recursos de coparticipación y otros conceptos provinciales no transferidos asciende a más de $17.294 millones.
Tres reuniones sin respuestas ni cronograma
El conflicto escaló institucionalmente tras la tercera mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Economía de la provincia, encabezado por Alejandro Barrozo. Del encuentro participaron la secretaria de Finanzas municipal, Valeria Capotorto, junto a sus pares de Ushuaia y Tolhuín, con el objetivo de exigir un compromiso formal de devolución.
Sin embargo, tras más de tres horas de discusión, el Ejecutivo provincial no presentó un cronograma de pagos ni una propuesta concreta para cancelar la deuda millonaria. Desde el equipo económico municipal se advirtió con dureza que la Provincia utiliza recursos coparticipables que corresponden por derecho a los vecinos de Río Grande para afrontar sus propias obligaciones y costos corrientes.
La única respuesta obtenida por parte de la cartera económica provincial fue condicionar una eventual reducción de las demoras —que en los hechos superan los 45 días— a la llegada de recursos extraordinarios provenientes de Nación, fondos que a la fecha no están garantizados ni cuentan con montos ni plazos ciertos.
El respaldo institucional y la vía judicial en estudio
El reclamo del Municipio no se sustenta únicamente en diferencias contables internas. La exigencia se respalda en información oficial publicada por el Ministerio de Economía de la Nación, así como en dictámenes e informes de los Tribunales de Cuentas tanto provincial como municipal.
Ante la negativa de la Provincia y la falta de un mecanismo de restitución, el Ejecutivo municipal ratificó que evaluará los pasos administrativos y judiciales que correspondan. Esto incluye no solo resguardar la autonomía financiera de la ciudad, sino también analizar las eventuales responsabilidades patrimoniales y penales de los funcionarios provinciales intervinientes por el incumplimiento en la transferencia de fondos que ya ingresaron a las arcas centrales. Desde el Palacio Municipal se insiste en que no se está pidiendo asistencia financiera ni recursos extraordinarios, sino la devolución de fondos propios que por ley pertenecen a los riograndenses.
La «tormenta perfecta»: el impacto de los recortes nacionales
A la asfixia financiera generada por la Provincia se le acoplan los retiros de asistencia de la administración nacional, conformando una verdadera «tormenta perfecta» para la gestión local.
Por un lado, la supresión del fondo compensador al transporte impacta de lleno en la sostenibilidad del servicio urbano de pasajeros, obligando a un dilema complejo entre el ahogo de las empresas operadoras, la suba abrupta de tarifas o el recorte de frecuencias.
Por el otro, la desarticulación del programa federal Remediar, que redujo su provisión a un puñado mínimo de medicamentos, trasladó una demanda masiva y directa a los Centros Municipales de Salud. Con una comunidad golpeada por la recesión que se vuelca de lleno a la red pública, el Municipio debe extremar recursos propios —que hoy escasean— para garantizar tratamientos esenciales de patologías crónicas.
¿Cuáles son las alternativas ante el colapso?
Con la imposibilidad jurídica y legal de crear nuevos impuestos locales para compensar la caída de ingresos —una vía que el Gobierno provincial intentó habilitar sin éxito en la Legislatura—, el margen operativo del municipio se reduce al extremo.
Frente a la urgencia de blindar los servicios esenciales (como la potabilización del agua y la recolección de residuos) y asegurar los sueldos y aguinaldos de diciembre, las salidas de contingencia apuntan inevitablemente a un plan de supervivencia:
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Paralización total de la obra pública financiada con recursos corrientes y postergación de redeterminaciones de contratos.
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Ajuste severo en gastos corrientes, suspendiendo bienes de capital, insumos no esenciales y eventos culturales o turísticos de gran escala.
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Contención de la planta temporaria, mediante la no renovación de contratos de prestación de servicios y la restricción de horas extras.
Con las mesas técnicas previstas para las próximas semanas en Tolhuín y Ushuaia como único canal de diálogo abierto, el tiempo corre en contra. Río Grande se encuentra en una encrucijada donde la defensa de su autonomía financiera y la subsistencia de los servicios básicos dependen de una decisión política urgente que la Provincia, hasta el momento, sigue sin ofrecer.
