Hay algo que une a la legisladora justicialista Myriam Martínez y a la senadora libertaria Belén Monte de Oca, aunque pertenezcan a espacios políticos que dicen representar proyectos opuestos. Ambas terminan defendiendo que el costo de la crisis lo paguen otros.
Las diferencias ideológicas existen. Una responde al oficialismo provincial de FORJA y la otra a La Libertad Avanza. Una habla desde la lógica de un Estado que no encuentra recursos para sostenerse; la otra desde la lógica de un gobierno nacional que avanza sobre subsidios y beneficios. Pero detrás de los discursos aparece una coincidencia llamativa: ninguna pone el foco principal en la responsabilidad del poder político sobre los problemas que denuncia.
Mientras los municipios fueguinos reclaman fondos que les corresponden por ley, la legisladora Myriam Martínez planteó que las municipalidades deberían colaborar en el financiamiento educativo provincial. Incluso reconoció que la Provincia utiliza adelantos de coparticipación para afrontar salarios y admitió la gravedad de la situación financiera.
El problema no es solamente la propuesta. El problema es el contexto. Río Grande reclama casi 18.000 millones de pesos retenidos por la Provincia y advierte sobre el impacto que esa deuda tiene en servicios, proveedores y programas municipales. Frente a ese escenario, pedirles a los municipios que además aporten recursos para sostener la educación provincial equivale a pedirle auxilio a quien se está ahogando.
Por su parte, la senadora libertaria Belén Monte de Oca defendió las modificaciones al régimen de Zona Fría y sostuvo que el impacto tarifario del gas no sería «demasiado representativo», aunque reconoció aumentos de entre el 15% y el 19% en las facturas.
La afirmación resulta difícil de comprender en una provincia como Tierra del Fuego, donde el gas no es un lujo ni un servicio secundario. Es una necesidad vital. Un incremento del 15% al 19% puede parecer menor desde un despacho político, pero tiene otra dimensión para una familia que ya enfrenta aumentos de alimentos, transporte, alquileres y servicios.
La diferencia
La principal diferencia entre ambas dirigentes es ideológica.
Martínez defiende una administración provincial que reconoce la falta de recursos y plantea una salida basada en distribuir entre más actores el costo de la crisis.
Monte de Oca, en cambio, defiende una política nacional de reducción de subsidios y reordenamiento fiscal, aceptando que eso tendrá consecuencias económicas sobre los usuarios.
Una habla de solidaridad fiscal. La otra de equilibrio financiero.
La coincidencia
Sin embargo, lo verdaderamente llamativo es la semejanza.
Ninguna de las dos respuestas apunta primero a revisar el funcionamiento del Estado, la calidad del gasto público o las responsabilidades de quienes administran los recursos. Ambas terminan trasladando el esfuerzo a terceros.
En el caso de Martínez, a los municipios que reclaman fondos que aún no reciben.
En el caso de Monte de Oca, a los usuarios que deberán afrontar facturas de gas más altas en una de las provincias más frías del país.
La discusión de fondo es otra. Antes de pedir más aportes a los municipios o más sacrificios a las familias, la dirigencia debería explicar por qué la Provincia no puede cumplir con las transferencias que corresponden y por qué la solución a los desequilibrios energéticos vuelve a recaer sobre quienes no tienen capacidad de decidir.
Porque al final del día, entre el oficialismo provincial y el oficialismo nacional, los fueguinos escuchan discursos distintos, pero reciben el mismo mensaje: la cuenta siempre la paga otro.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
