En un contexto de crisis económica, donde el trabajo escasea cada vez más y a los argentinos se les complica llegar a fin de mes, el Gobierno nacional asestó un golpe durísimo a la economía popular, un sector que explica alrededor del 10% del PBI nacional. Lo hizo a través de la Resolución 2076/26 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que dispuso la suspensión de 6.667 cooperativas en todo el país.
El INAES depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, la amiga personal de Javier Milei que mantuvo durante meses comida pudriéndose en galpones mientras los comedores populares se atestaron de nuevas demandas producto de la crisis económica, la caída de los ingresos y la falta de trabajo. Con la nueva resolución del INAES, el Gobierno nacional vuelve a exponer que no le preocupa sostener a todos los sectores productivos del país ni dinamizar la economía de los sectores populares, sino que solamente gobierna para los pocos segmentos que crecen mientras el conjunto de la economía cae en picada.
La explicación que las autoridades brindaron para suspender más de 6600 emprendimientos productivos de la economía popular fue la falta de balances. Desde el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo bonaerense respondieron que las suspensiones estuvieron mal hechas y que el INAES no tiene política alguna para regularizar la situación de los emprendimientos cooperativos en un contexto de crisis. La única medida para el sector, señalaron, es la persecución.
«En la Argentina de Milei, donde se pierden puestos de trabajo, cierran empresas y cada vez es más difícil producir y llegar a fin de mes, las cooperativas necesitan un Estado que acompañe, fortalezca y genere oportunidades, no uno que les cierre las puertas«, señaló el presidente del IPAC, Gildo Onorato.
El funcionario del gobierno de Kicillof enmarcó la decisión del INAES en el duro momento del país y agregó que «las cooperativas también sufren la crisis económica: cae el consumo, aumentan los costos y se hace cada vez más difícil sostener la producción y los ingresos». En ese contexto, para Onorato, «suspender sus matrículas sin ofrecer herramientas efectivas de acompañamiento puede agravar la situación de miles de trabajadores y trabajadoras. Porque detrás de cada cooperativa hay familias que viven de su trabajo, comunidades que se organizan y personas que todos los días hacen un esfuerzo enorme para sostener una actividad productiva«.
La provincia de Buenos Aires fue la más afectada por la medida. Un total de 2290 cooperativas y 290 mutuales bonaerenses se vieron alcanzadas por la Resolución del INAES. CABA fue el segundo distrito más afectado, con 893 matrículas suspendidas, seguida por Santa Fe (762) y Santiago del Estero (590). Hubo cooperativas y mutuales suspendidas en las 24 jurisdicciones del país, de Jujuy a Tierra del Fuego.
«No estamos hablando solamente de matrículas, trámites o expedientes. Estamos hablando de trabajo, de producción y de miles de familias que necesitan de sus cooperativas para vivir. El control del Estado es necesario, pero no puede convertirse en una barrera que termine debilitando a quienes producen y generan oportunidades. Hay que exigir transparencia y cumplimiento, pero también brindar asistencia, facilitar la regularización y construir soluciones que permitan sostener las fuentes de trabajo», expresó Gildo Onorato en ese sentido.
El titular del IPAC diferenció la mirada bonaerense a la del Gobierno nacional, y expresó que «desde la provincia de Buenos Aires tenemos otra mirada. Creemos en el cooperativismo como una herramienta fundamental para defender el trabajo, fortalecer la producción y construir comunidad. Por eso impulsamos políticas públicas de acompañamiento, fortalecimiento institucional y fomento productivo».
Onorato concluyó un balance sobre la resolución del INAES contrastando el modelo económico bonaerense con el que impulsa Milei: «Las cooperativas no necesitan más obstáculos: necesitan oportunidades, acompañamiento y un Estado presente. Defenderlas es defender el trabajo argentino, la producción nacional y a miles de familias que eligen organizarse colectivamente para construir su futuro. Frente a un modelo económico que profundiza las dificultades de quienes viven de su esfuerzo, tenemos que defender otra perspectiva: una sociedad donde el trabajo tenga valor, la producción sea una prioridad y la solidaridad sea una herramienta para construir un futuro mejor«, sentenció.
Fuente: Diagonales.
