Contexto de la disputa
- Presentación oficial: El 13 de octubre de 2026, Argentina formalizó ante el ITLOS (con sede en Hamburgo) un pedido de medidas urgentes.
- Fundamento legal: Se apoya en el artículo 290(5) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que permite solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral.
- Objetivo: Preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades petroleras autorizadas por Londres agraven la controversia.
El proyecto Sea Lion
- Ubicación: Offshore, a unos 220 km al norte de las islas.
- Empresas: Navitas Petroleum (Israel, 65%) y Rockhopper Exploration (Reino Unido, 35%).
- Inversión estimada: US$ 2.200 millones.
- Inicio previsto de producción: 2028.
- Producción inicial: Se estima en unos 50.000 barriles diarios.
Reclamo argentino
- Ilegalidad de permisos: Buenos Aires considera “ilegales” las licencias otorgadas por las autoridades locales de las Malvinas.
- Dimensión estratégica: El conflicto excede lo diplomático; involucra control de recursos naturales, licencias de explotación y el potencial económico de la cuenca.
- Escalada internacional: El 28 de septiembre Argentina ya había iniciado un procedimiento arbitral contra el Reino Unido.
Respuesta británica
- Postura oficial: Londres defiende la validez de las licencias petroleras y respalda la “actividad comercial legítima” en las islas.
- Impacto económico esperado: Para el Reino Unido y las autoridades isleñas, el proyecto representa ingresos, empleo e infraestructura clave.
La acción de Milei marca un precedente inédito: por primera vez Argentina lleva la explotación de hidrocarburos en Malvinas ante el Tribunal del Mar. Sin embargo, la solicitud no implica suspensión inmediata del proyecto; será el ITLOS quien evalúe si corresponde frenar la explotación antes de que se resuelva la controversia. El trasfondo es claro: mientras Londres busca consolidar un negocio multimillonario, Buenos Aires intenta evitar que se profundice la pérdida de control sobre recursos estratégicos en un territorio cuya soberanía reclama desde hace décadas.
Fuente:El economista.
