Arce advirtió que el retiro parcial del proyecto en el Senado no significa que la amenaza haya desaparecido: “Se retiró un capítulo importante, pero la intención del gobierno de La Libertad Avanza es clara: vender prácticamente todos los activos del Estado Nacional”. La concejal enumeró casos como el Banco Nación, INTA, Radio Nacional y Aerolíneas Argentinas, todos con terrenos de altísimo valor económico que podrían ser puestos en venta sin consulta a los municipios.
Bogado, por su parte, recordó que históricamente las tratativas con la Armada permitieron el desarrollo urbano de Río Grande mediante cesiones de uso, como la apertura de la doble vía Santa Fe o el barrio ARA San Juan. Sin embargo, denunció que ahora el gobierno nacional busca desprenderse de esas tierras en calidad de venta: “Nos informaron que ya hay terrenos en venta de la Armada en Ushuaia y Río Grande. Por eso presentamos proyectos para declararlos de interés municipal estratégico y evitar que se conviertan en objeto de especulación inmobiliaria”.
La crítica se profundizó al conocerse que el senador Venegas Lynch figura en el Boletín Oficial como propietario de una empresa habilitada para administrar y vender tierras, incluso protegidas. Bogado fue tajante: “Siempre detrás de estas decisiones hay un negocio. Quieren valerse de recursos estatales para hacer plata, no para beneficiar a la comunidad”.
Los concejales recordaron antecedentes de extranjerización de tierras en el norte argentino y en la Patagonia, donde capitales extranjeros adquirieron pueblos enteros o miles de hectáreas tras incendios forestales. Arce subrayó el doble discurso de los representantes de La Libertad Avanza: “En Río Grande piden políticas públicas y habitacionales, pero en el Congreso votan leyes que despojan a las provincias de sus recursos y atacan la industria”.
El diálogo también abordó el impacto del RIGI y el Súper RIGI, que habilitan inversiones extranjeras sin dejar beneficios locales por décadas. Bogado contrapuso que la verdadera herramienta de desarrollo para Tierra del Fuego es la Ley 19.640, hoy debilitada por las políticas nacionales: “La industria está al borde de la desaparición. No podemos naturalizar que el trabajo en Río Grande sea vender tortillas en la calle o hacer Uber como empleo formal”.
La entrevista concluyó con un llamado de alerta: la venta indiscriminada de tierras estratégicas, la extranjerización de recursos naturales y la precarización laboral configuran un escenario crítico para la soberanía y el futuro de Tierra del Fuego. Los concejales remarcaron que la defensa del territorio y de la industria local no puede quedar librada a discursos vacíos, sino que requiere acción legislativa y compromiso político real.
