El sector librero está en pie de guerra. El fin de semana, mientras los argentinos se preparaban para ver la final del Mundial, comenzó a circular el borrador de un proyecto de ley que busca desregular una serie de sectores de la economía. Entre ellos, el de la industria del libro. ¿De qué manera? A partir de la derogación de la Ley 25.542, también conocida como la ley del Libro o la ley que protege la actividad librera en la Argentina.
El borrador, que emana del ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, puso en alerta al sector. Automáticamente, la comunidad, de la que participan unas 1500 librerías y unas 2000 editoriales a lo largo y ancho del país, difundieron a través de sus redes sociales y comunicados de prensa las consecuencias que tendría la derogación de la iniciativa. También, se pusieron en contacto con diputados y senadores de diferentes espacios para darles su mirada sobre el asunto y evitar que la normativa, en caso de presentarse en el Congreso, prospere.
Es que, cuando el gobierno de Javier Milei presentó su ley Bases hacia finales del 2023, en la versión original que contaba con más de 600 artículos, también derogaba la ley del Libro. Después del rechazo por parte de los aliados al Gobierno, ese capítulo (y muchos otros) fue descartado. En aquella instancia, el sector fue decisivo: se movilizó y alertó sobre las consecuencias sobre el avance de la derogación.
Ahora, los trabajadores del sector vuelven a esgrimir los mismos argumentos para explicarles a los funcionarios de La Libertad Avanza y a sus aliados la importancia que tiene la ley para el sector. La desventaja es que, ahora, el oficialismo tiene mayor peso en ambas Cámaras.
Una ley con historia
La ley del Libro nació al calor de la crisis del 2001 y se promulgó en enero de 2002. “Es decir, el kirchnerismo ni siquiera existía”, aclaran los libreros. Es que los libertarios intentan deslegitimar la normativa tildándola de “kuka”.
Uno de sus puntos salientes de la ley es que plantea un precio único de venta al público de los libros. Es decir, al mismo libro (misma edición) el consumidor lo encontrará a igual precio en una cadena de librerías, en un supermercado o en la librería de su barrio. Ya sea en la CABA, La Quiaca o Ushuaia.
El proyecto fue impulsado cuando Fernando de la Rúa atravesaba el tramo final de su mandato. En medio de la crisis económica que azotaba al país, el sector librero se topó con un problema extra: los supermercados y grandes cadenas de librerías ofrecían descuentos muy agresivos. Las librerías de barrio no podían hacerles frente; no contaban con espaldas para vender por debajo de sus costos.
En cambio, los grandes jugadores encontraron en los libros un anzuelo para que sus clientes permanezcan en sus tiendas. La permanencia -está comprobado- genera ventas. En otras palabras, lo que perdían por la venta de libros –al ofrecerlos por debajo de sus costos– lo recuperaban a través de, por ejemplo, lo que recaudaban vendiendo otros productos como electrodomésticos u otros libros que no tenían esos descuentos.
Así fue que todo el sector, salvo los supermercados y las dos grandes cadenas que había en ese entonces, y que hoy siguen en pie, se pusieron de acuerdo; redactaron un proyecto para establecer el precio único para combatir el dumping.
El proyecto llegó a manos de Leopoldo Moreau, por entonces senador. El radical lo impulsó en la Cámara alta. Así, el texto inició su camino hasta convertirse en ley. Ley que al día de hoy el sector defiende a capa y espada.
Desde que la ley vio la luz hasta la fecha, se triplicó el número de librerías a lo largo y ancho del país. Y, con ellas, crecieron un sinnúmero de editoriales independientes que encontraron dónde exhibir textos “alternativos”.
Estas editoriales, en muchos casos, fueron impulsadas por los propios escritores, que no eran abrazados por las poquísimas editoriales que había en aquellos años. Basta con revisar los años de vida que tienen el grueso de las editoriales independientes en la Argentina. La mayoría ronda los 20 años de antigüedad.
La Feria de Editores, más conocida como la FED, es un claro ejemplo de cómo creció el sector. En 2013, cuando se celebró por primera vez, constaba de cuatro mesas dispuestas en FM La Tribu. En los últimos años, la feria se mudó al C Art Media por la cantidad de sellos que se sumaron. El mes que viene será una nueva edición del evento. Participarán unas 330 editoriales y darán charlas figuras que van desde Martín Kohan hasta Julieta Venegas, pasando por la francesa Violaine Bérot.
Las editoriales independientes se convirtieron en semilleros de autores de renombre. Figuras que hoy representan a la Argentina a nivel internacional dieron sus primeros pasos en ellas. Algunos ejemplos son Ariana Harwicz, Selva Almada o Gabriela Cabezón Cámara. Pero también, las editoriales independientes son terreno para que autores ya consagrados puedan explorar temáticas que no son bien recibidas por las grandes editoriales.
Kohan es un claro ejemplo: publica novelas en las grandes editoriales y textos de “nicho” en las independientes. Pero los casos abundan: César Aira y Juan José Becerra son otros autores que tienen un pie en cada mundo.
Con la ley, los lectores también ganan. A raíz de las editoriales independientes y la proliferación de las librerías de barrio, encuentran mayor oferta que hace 24 años atrás. Es que no solo se publican o exhiben escritores noveles o que no son “rentables” para las grandes editoriales (y que antes eran impensados). Sino que también apuestan a nichos, géneros y títulos que las grandes firmas descartan de antemano.
El libro como bien cultural
La bibliodiversidad llegó de la mano de las pymes. Y, para sostener esa bibliodiversidad (y hacerla rentable), existe todo un trabajo de curaduría, comunicación y dedicación que las grandes cadenas y supermercados no hacen.
Cada librero se convirtió en una especie de influencer que no solo recomienda los títulos y autores más comerciales, sino que también, se convierte en una ventana para llegar a lo “desconocido”. O menos comercial.
Así, la competencia en el sector no pasa por el precio del libro, sino por el valor agregado que brindan las librerías y sus libreros. Las propuestas abundan: talleres de lectura, recomdaciones a través de redes sociales, presentaciones de libros, peñas, conciertos, lecturas… Se genera una comunidad en torno a la librería que va más allá del libro. Los libreros insisten: el libro no es un producto más, es un bien cultural.
Pero con la ley los lectores también ganan por otro motivo. Si en un futuro quieren convertirse en autores y publicar, podrán encontrar una mayor oferta de editoriales que consideren sus textos.
El argumento de La Libertad Avanza
Los libertarios vuelven a la carga contra la ley del libro argumentando que, de derogar la ley, bajaría el precio de los libros. Consideran que la normativa impide promociones, bonos o descuentos. Para La Libertad Avanza, la ley está del lado del productor, y ellos apuntan a que el consumidor pague menos.
“¿Por qué estarían más baratos los libros?”, pregunta Marcos Almada, encargado de la librería La Coop. Para empezar, el precio no lo establecen los libreros, sino las editoriales, explica. Y agrega que las editoriales lo fijan en torno a sus costos. Y ahí, Almada pone el foco en los insumos (que en su mayoría están fijados en dólares), pero en especial en el papel.
El papel representa cerca del 50% del costo total del libro. La duda es por qué el Gobierno no pone la lupa en la industria papelera, que está concentrada en un par de jugadores. Si LLA desarmara ese oligopolio, el precio de los libros bajaría considerablemente (y esto lo que dicen buscar a través de la derogación de la ley).
Para la Casa Rosada, atentar contra ese oligopolio “es hacer economía soviética”. Insisten con que “los precios se liberen y que cada cual compita fijando los precios”. Sospechan que el sector se pone de acuerdo en poner precios más altos para, de alguna manera, estafar a sus consumidores.
Ley del Libro: el caso de Reino Unido
Cecilia Fanti, dueña de Céspedes Libros y vicepresidente de la Cali (Cámara Argentina de Librerías Independientes), coincide en que es erróneo plantear que con la derogación de la ley bajarán los precios de los libros. Y apela a un antecedente: en los años ‘90, Reino Unido derogó una ley similar a la que rige hoy en la Argentina -pero también en otros países como Japón, Corea del Sur, España.
¿Qué pasó tras la derogación? Las grandes librerías –con espalda para ir a pérdida– bajaron los precios y se quedaron con los clientes de las pequeñas (que se vieron forzadas a cerrar sus puertas). Tiempo después, cuando se redujo la competencia, los precios volvieron a aumentar. Gran Bretaña pasó de tener más de 1800 librerías a más de 900.
Pan para hoy, hambre para mañana.
De acuerdo al informe «La ley: historias«, elaborado por la CALI, en 1998, las librerías independientes controlaban el 19,9% del mercado minorista. Cayeron a 9,6% en 2007. En términos absolutos, más de 500 establecimientos independientes cerraron entre 1997 y 2009. En cambio, el comercio por Internet, prácticamente inexistente en 1998 (0,3% del mercado), llegó al 20% en 2007; los supermercados pasaron del 4% al 11% en el mismo período”.
Ese mismo informe arroja una “gran paradoja estadística”: los precios no bajaron: “Entre 1995 y 2007 el índice de precios de libros subió un 49,6%, frente al 27,6% de inflación general”.
Sí es cierto, señala el informe, los bestsellers se abarataron «drásticamente». Hubo descuentos del 35% y el 40% en 2007. El asunto es que el resto del catálogo se encareció. “En 1995, el precio habitual de un paperback de masas era £4,99; en 2007 era £6,99 o £7,99. Los que pagaban menos eran los compradores de libros populares; los de títulos menos comerciales pagaban más que nunca”, remata el informe.
Como agrega Fanti, citando a Milei, “no hay tal cosa como una cena gratis”. Alguien termina pagando las promociones y descuentos de los títulos más comerciales. Y estos son los lectores que van por fuera del mainstream.
¿Quién impulsó la derogación de la ley? Las grandes cadenas y editoriales.
Algunos datos del sector
Como dice Fanti, parafraseando al exministro de Economía Juan Pablo Pugliese, a este Gobierno no hay que hablarle con el corazón, sino con el bolsillo. Entonces, la pregunta que le hacen a La Libertad Avanza es por qué atentar contra un sector en el que conviven 1500 librerías y 2000 editoriales que, en el 80% de los casos son pymes que producen 6 de cada 10 novedades.
En el 2022 se publicaron 11.846 novedades editoriales: unos 13.823.777 de ejemplares. De ellas, el 77% fueron hechas por pymes. Al mismo tiempo, 9 de cada 10 libros fueron impresos en la Argentina, lo que fortalece la Industria Nacional.
¿Más datos? En 2020, el valor agregado de cultura fue de $410.000 millones, lo que equivale al 2,4% del PBI.
Además, de acuerdo al Sistema de Información Cultural de la Argentina (Sinca), en 2022, la producción cultural creció alcanzando los $1276 billones, un incremento del 9,4% con respecto a 2021. En 2022, la participación de la cultura en la economía medida a precios corrientes se mantuvo constante en el 1,8%, superando a la del sector energético. Y fue apenas inferior a la de la intermediación financiera.
Por todo esto es que en el sector no terminan de entender los motivos por los que el gobierno de La Libertad Avanza atenta contra una ley impulsada por el sector y que, de yapa, no le cuesta un peso al Estado. La industria no cobra un subsidio ni recibe ningún tipo de ayuda estatal.
¿Lobby de las cadenas de grandes superficies y supermercados? ¿Batalla cultural? ¿Le allanan el camino a Amazon? Las teorías son varias. Nadie descarta ninguna. Y tampoco las pueden corroborar con ningún funcionario de la Casa Rosada porque, al igual que con la Ley Bases, no los convocaron para conversar sobre las implicancias que acarrearía la derogación de la ley.
