Camponuevo señaló que existen casos de inscriptos desde los años 2004 y 2005 que aún no han recibido respuesta, pese a actualizar año tras año sus legajos familiares. “En muchos casos nuestros hijos ya son adultos y seguimos con esta problemática”, expresó. La vecina remarcó que nunca se realizaron las visitas socioambientales que deberían definir la adjudicación de las viviendas, lo que genera sospechas sobre la transparencia del proceso.
Durante el diálogo, se denunció que en entregas anteriores, como las realizadas en la urbanización del Río Pipo bajo la gestión de Rosana Bertone, muchas unidades terminaron siendo ocupadas por personas que no eran titulares, sino inquilinos o subinquilinos vinculados al gremio de la construcción. Asimismo, se cuestionó la distribución de viviendas del programa Procrear, donde se detectaron adjudicaciones a funcionarios municipales y casos que no cumplían con los requisitos establecidos.
Camponuevo subrayó la falta de criterios claros en la entrega de viviendas y la ausencia de respuestas oficiales: “Hay gente en situaciones extremas de vulnerabilidad, con discapacidad, con casos de hacinamiento, y no se les da prioridad. La vivienda es un derecho fundamental para los niños, adolescentes y para la salud mental”.
El malestar se extiende también a Río Grande, donde si bien hubo entregas en años anteriores, las obras permanecen paralizadas desde hace más de un año. Las familias, mientras tanto, deben afrontar alquileres elevados, vivir de prestado o soportar condiciones de hacinamiento. “¿Quién controla a quién se le entrega? Hemos hecho denuncias anónimas porque sabemos que hay viviendas alquiladas, prestadas o directamente abandonadas”, denunció.
La vecina advirtió que, en tiempos electorales, existe el temor de que las viviendas se utilicen como herramienta política: “Tenemos miedo de que entreguen las casas a sus militantes y sigamos esperando los que llevamos 20 años en la lista. Es casas por votos”.
Finalmente, Camponuevo convocó a más vecinos de Ushuaia y Río Grande a sumarse al reclamo colectivo: “Estamos tocando todas las puertas posibles para que nos atiendan y se comprometan a entregar con un criterio transparente. La gente ya no puede más, no podemos seguir 20 años esperando una vivienda”.
La entrevista concluyó con el compromiso de continuar visibilizando esta problemática y exigir que el derecho a una vivienda digna sea garantizado por el Estado fueguino.
