La Unidad de Detención N°1 de Río Grande se encuentra sumergida en una profunda crisis institucional tras iniciarse una investigación penal por presuntos vejámenes y la posible existencia de una asociación ilícita operativa dentro del establecimiento carcelario. A raíz de la gravedad de los hechos denunciados, el Servicio Penitenciario dispuso el pase a disponibilidad preventivo de siete agentes y ejecutó un recambio inmediato en la conducción del penal de la zona norte de la provincia. Entre los funcionarios apartados destaca el director saliente, Raúl Ciares, cuya situación reavivó una fuerte polémica debido a sus vínculos de parentesco y sus antecedentes judiciales. Ciares es hermano directo del actual Director General del Servicio Penitenciario Provincial, Ariel Ciares, quien a pesar del escándalo institucional aún continúa en sus funciones. Asimismo, se recordó que el director desplazado posee una condena previa por el delito de abuso sexual de la cual nunca fue exonerado, manteniendo su cargo jerárquico activo hasta este apartamiento.
Ante el desplazamiento de las autoridades bajo sospecha, el Ministerio de Seguridad definió una nueva cadena de mandos corridos para intentar normalizar la situación en el norte de la provincia. De esta manera, Walter Oscar Silva asumirá formalmente como el nuevo Director de Seguridad de la Zona Norte, mientras que Jhonatan Almazán fue designado para ponerse al frente de la conducción de la Unidad de Detención N°1.
La hipótesis principal que maneja el Ministerio Público Fiscal apunta a una presunta connivencia entre internos y el personal penitenciario apartado. La causa penal se enfoca en un gravísimo episodio donde se constató la inacción total de los guardias durante aproximadamente dos horas y media, ventana de tiempo que fue utilizada para perpetrar una violenta agresión física contra tres internos alojados en el establecimiento.
Fuente: Tarde pero Seguro
Como parte del expediente que instruye la jueza Cecilia Cataldo, se ordenó el análisis exhaustivo de los teléfonos celulares secuestrados a los siete agentes pasados a disponibilidad, así como de los dispositivos móviles hallados de forma clandestina dentro del pabellón donde ocurrió el ataque.
En paralelo, se solicitó formalmente el levantamiento del secreto bancario de los funcionarios imputados para determinar si existieron movimientos económicos irregulares vinculados al caso.
La Justicia ya incorporó al expediente las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al pasado 9 de mayo, fecha en que se habría liberado la zona para la agresión.
Tras analizar la evidencia, la magistrada a cargo se reunió con el jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, y , Gonzalo Valenzuela, ratificando además las estrictas restricciones de acercamiento entre los penitenciarios investigados y las víctimas.
