Como habíamos adelantado en Resumen Económico, esto no comenzó con la presidencia de javier Milei, sino en 2021, cuando se llevo adelante la audiencia publica por los fondos de coparticipación a los municipios, en el Superior Tribunal de Justicia, donde se discutió la Resolución 665/09 que habían acordado gobierno y municipios en 2009.
Esto el lo que pasó.
Audiencia Pública por Fondos de Coparticipación en el Expediente STJ N°2220/2009
Ante el Superior Tribunal de Justicia, la municipalidad de Ushuaia reclamó mas de 600 millones de pesos de deuda por parte del gobierno provincial. La secretaria de finanzas corroboró esto y ambos municipios hicieron incapie en el antecedente generado por el propio STJ, en el año 2009 cuando homologo un acuerdo donde la coparticipación debe ser enviada a los municipios en un plazo no mayor a los 5 días y que fue publicado pro este medio en exclusivo.
Loffler
Juez Ernesto Loffler: «En el 2019 cuando la coparticipacion se demoro hasta 150 días, también le complicó la prestación de servicios la municipalidad de Ushuaia?, la municipalidad de Rio Grande inicio un juicio por los definitivos, pero ustedes no hicieron nada»
CP. Brenda TOMASEVICH, secretaria de finanzas dijo que esa deuda es de un 2 o 3 % del total.
Hoy la demora es de 35 días y en algunos momentos se pagó antes de lo previsto y en lo que va del año, enero abril se habían transferido 95 millones de mas, mas de lo que corresponde.
Sagastume
Por su parte el presidente del STJ, Dr. Gonzalo Sagastume confirmó que el acuerdo homologado en 2009 sigue vigente y por ese documento debería regirse la distribución de la coparticipación secundaria de provincia a municipios, por lo que podemos adelantar que el gobierno deberá atenerse a esa norma. La resolución 665 es clara y no genera dudas señalaron los representantes del Municipio de Ushuaia. Nota publicada en www.lalicuadoratdf.com.ar hace un mes. Se lo enviamos al Presidente dela Comisión 2 de economía de la Cámara Legislativa, pero no hubo respuesta sobre esta consulta, pero seguimos esperando.
Guillermo Fernández y Martinez de Sucre
En aquel también, el hoy desaparecido ex ministro de economía Guillermo Fernández «El Ministro de Finanzas del Gobierno Provincial, negó terminantemente que la demora en el pago de coparticipación signifique deuda. Dijo sorprenderse porque parece que los contadores desconocen el significado de la palabra saldo, a la vez que lamento que se desconozca el esfuerzo que se ha hecho para cumplir con transferir los fondos dándoles previsibilidad a los municipios, en el primer de gestión se transfirieron mas de 900 millones de pesos.
En aquel momento el histórico fiscal anti estado, Virgilio Martínez de Sucre sostuvo que nación le informó que el sistema de distribución que tiene la provincia fue calificado como desproporcionado a favor de los municipios, por la distribución inequitativa.
En cuanto a la posición respetuosa de la fiscalía de estado recordó que el día 3 de agosto de 2009 y el 26 de agosto se presenta una demanda iniciada por el municipio de Rio Grande y el 6 de septiembre se suma al resto de los municipios para llegar al convenio que finalmente se cristalizó. La fiscalía pidió una nueva audiencia el 18 de noviembre de 2009 y se aceptan las observaciones de los Municipio de Rio Grande y Tolhuín. Ese mismo mes se homologo la resolución 665 que estamos discutiendo hoy.
Esto debe discutirse en la legislatura y no en un superior tribunal, esa es la casa política, respetar los plazos de la 665 lo propusieron los municipios y la provincia lo acepto, lo homologó y eso es lo que vamos a cumplir y que se haga una pericia si se cumplió con la distribución según la resolución porque los municipios jamás reclamaron desde el 2010 al 2019, lo que hoy están reclamando.
- Recursos de Origen Nacional: Los fondos que ingresan diariamente a la provincia por la Coparticipación Federal (Impuestos como IVA o Ganancias) deben transferirse a los municipios en un plazo máximo de 3 días hábiles. El flujo general de liquidación se procesa de forma semanal (habitualmente entre martes y miércoles), debiendo completarse la transferencia total del 100% devengado a más tardar los viernes de cada semana.
- Recursos de Origen Provincial: Los impuestos recaudados directamente por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), como Ingresos Brutos, tienen un plazo de transferencia de entre 5 y 6 días hábiles.
- Regalías (Hidrocarburíferas): Los fondos ingresados en concepto de explotación de gas y petróleo tienen un margen de liquidación de entre 10 y 12 días hábiles tras su percepción por parte del Tesoro provincial.
- Desde 2021, los municipios recibieron adelantos de coparticipación con tasas de interés cercanas al 16%, lo que configuró un esquema de deuda disfrazada de asistencia.
- La Nación retuvo fondos que correspondían por ley y los devolvió bajo la forma de préstamos, vulnerando el principio de distribución automática.
- Este mecanismo se consolidó en los años siguientes, profundizando la dependencia financiera de las ciudades.
- Río Grande y Ushuaia fueron los más afectados, con recortes del 97% en cooperación municipal y del 100% en fondos de fortalecimiento fiscal.
- Los recursos que deberían destinarse a infraestructura, programas sociales y servicios básicos terminaron absorbidos por el pago de intereses.
- La autonomía municipal quedó debilitada, obligando a los intendentes a negociar cada transferencia con el gobierno nacional.
- Violación de la Ley de Coparticipación: el principio de distribución automática fue reemplazado por discrecionalidad política.
- Debilitamiento de la autonomía local: los municipios dependen de la voluntad de la Nación para acceder a fondos que les corresponden.
- Erosión de la credibilidad institucional: el discurso de “superávit cero” se sostiene sobre el vaciamiento de recursos provinciales y municipales.
Las publicaciones de La Licuadora TDF advierten que el problema iniciado en 2021 se profundizó con el ajuste nacional. La coparticipación, concebida como un derecho, se convirtió en un instrumento de presión financiera. Los municipios fueguinos son hoy un ejemplo claro de cómo la política de recortes y adelantos con intereses institucionaliza la dependencia y vulnera la ley.
Este informe se elaboró en base a notas publicadas por este medio.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
