La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una sentencia que constituye un precedente histórico: reconoció que las automotrices cobraban sobreprecios de entre el 40% y 45% en vehículos nacionales y hasta un 80% en los importados extra Mercosur. El fallo ordena cesar con la apropiación de esos beneficios, que nunca llegaron a la población.
“Nos están doblemente estafando: se apropian de un beneficio que debía ser nuestro y además nos restringen el uso de los vehículos por ese supuesto beneficio que nunca recibimos”, expresó una de las protagonistas del proceso.
La investigación demostró que ocho automotrices y sus concesionarios en la provincia se enriquecieron ilícitamente, vendiendo autos al mismo precio que en el continente, pese a las restricciones de dominio que impone la ley. El régimen de la 19.640 fue creado para compensar las desventajas de la insularidad y promover el poblamiento, pero terminó desnaturalizado y convertido en un negocio privado.
El fallo, aunque de primera instancia y sujeto a apelaciones, deja en evidencia la falta de fiscalización y la complicidad de distintos sectores. La política fueguina enfrenta ahora el desafío de garantizar que los beneficios fiscales lleguen efectivamente a la población y no a las automotrices.
La causa, considerada una de las demandas colectivas más grandes de la historia provincial, podría abrir la puerta a nuevas acciones judiciales. Los sobreprecios continúan hasta hoy, lo que habilitaría a más consumidores a sumarse a reclamos similares. El futuro del proceso dependerá de la respuesta social y de la capacidad de las instituciones para defender los derechos de los fueguinos.
