ierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es el nombre de la provincia que ocupa una posición geopolítica clave para Argentina: una puerta de entrada al Atlántico Sur, al Pacífico, a la Antártida y al sistema de control de los llamados “recursos estratégicos” del área en disputa con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Desde allí se articula la logística antártica, el control portuario, la vigilancia marítima y el vínculo directo con un espacio donde, según el especialista en política pesquera César Lerena, se extraen de manera ilegal unas 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros desde 1989.
Ese entramado geopolítico, económico y estratégico no es un dato abstracto: es el contexto concreto en el que hoy avanza en Tierra del Fuego la industria salmonera a gran escala, uno de los conflictos ambientales y políticos más relevantes de la provincia.
En conversación con Charlie Wichmann, integrante de la Asamblea Comunidad Costera, nos comentó que la provincia está “totalmente entregada a la corporación Newsan, de la familia Cherñajovsky, y a la firma Mirgor S.A., perteneciente a la familia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo”. Aun cuando el gobierno provincial que encabeza Gustavo Melella se presenta como oposición, convive con algunas reglas que impulsa Javier Milei a través de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La industria salmonera a gran escala aparece como ejemplo para comprender cómo, al calor del mandato libertario, muchos gobernadores avanzan contra los criterios ambientales y la autodeterminación de sus habitantes.
Ahora bien, no puede analizarse el conflicto en torno a la industria salmonera sin enmarcarlo en la reciente intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei. A través de la Resolución 4/2026, se estableció “la suspensión de la habilitación del puerto por un período de 12 meses, prorrogables, debido a graves incumplimientos en infraestructura y seguridad”. El presidente además, durante su participación en el Foro de Davos de este año, expresó una alineación con la política exterior de Estados Unidos, en un contexto en el que le ofreció a Trump posibles usos estratégicos, comerciales y militares de ese puerto. En este escenario, trabajadores portuarios ya se encuentran manifestándose contra la intervención enviada por el Ejecutivo nacional a los muelles de Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es el nombre de la provincia que ocupa una posición geopolítica clave para Argentina: una puerta de entrada al Atlántico Sur, al Pacífico, a la Antártida y al sistema de control de los llamados “recursos estratégicos” del área en disputa con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas
Un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia el último domingo, «sin comunicación del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa argentinos encargados de dar los permisos para este tipo de casos”. Así lo expresó la Agencia Noticias Argentinas, y sumó que luego hizo escalas en la provincia de San Juan y Aeroparque, Buenos Aires.
El gobernador Gustavo Melella repudió públicamente la intervención dispuesta por Milei: “No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. Sin embargo, en Tierra del Fuego su gobierno sostiene, en los hechos, una agenda alineada con las lógicas del proyecto libertario. Avanzan políticas extractivistas -como la expansión de la industria salmonera- impulsadas por legisladores libertarios y avaladas contradictoriamente por el Ejecutivo provincial.
Oficialismo y oposición: consenso para la industria salmonera
La Comunidad Costera de Tierra del Fuego repudió la habilitación de la salmonicultura en la provincia, aprobada por los legisladores de manera “autoritaria e ilegítima”, sin debate público ni licencia social. Denuncian que la modificación de la Ley 1355, que originalmente prohibía la megaindustria en aguas provinciales y regulaba la producción artesanal en tierra, vulnera derechos democráticos y ambientales: “ignora la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios locales -Yagán y Selk’nam-, y contradice normas como la Constitución Provincial, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú”.
La instalación de salmoneras a gran escala genera precarización laboral, enfermedades y muerte de trabajadores, además de destruir ecosistemas marinos, contaminar y desplazar otras fuentes de trabajo como el turismo y la pesca artesanal.
Wichmann relató que las denuncias llevan siete años. Gracias a esas acciones, en junio de 2021 se sancionó la Ley 1355, que prohibía la megaindustria en aguas provinciales y regulaba la producción artesanal en tierra. “Pasamos a ser una provincia reconocida en todo el mundo por ser pionera en prohibir esta megaindustria que ya tenía décadas en Chile y Noruega”, señaló.
La provincia está “totalmente entregada a la corporación Newsan, de la familia Cherñajovsky, y a la firma Mirgor S.A., perteneciente a la familia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo”
Según explicó el integrante de la Asamblea Comunidad Costera,la amenaza resurgió en 2024 cuando Agustín Coto, de La Libertad Avanza, empezó a promover la modificación de la ley, y para 2025 el proyecto ya cobraba fuerza en la Legislatura provincial, concentrándose en flexibilizar la producción de salmones en tierra, sin mencionar el agua, y superando los límites de producción artesanal de 50 toneladas permitidas. La comunidad organizada, junto a representantes de los Pueblos Yagán y Selk’nam, presentaron impugnaciones pero fueron rechazadas por el Poder Ejecutivo provincial en menos de 24 horas.
Durante la tercera reunión de comisiones a mitades de 2025, mientras la sesión estaba en cuarto intermedio, cuatro legisladores –Agustín Coto (La Libertad Avanza), Juan Carlos Pino (Partido Justicialista), Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin) y Myriam Martínez (FORJA)– reabrieron la sesión y emitieron un dictamen de minorías que habilitaba la salmonicultura en tierra y en agua, salvo el Canal Beagle.
Posteriormente, el oficialismo provincial se sumó a esa iniciativa “recomendando” artículos que eran, en realidad, un proyecto de ley totalmente nuevo que nadie había leído y que pretendían que se aprobara: “Era mucho peor del que ya estaba impulsado por los libertarios porque todo el territorio de Tierra del Fuego quedaba al servicio de las salmoneras”, subrayó Charlie.
¿Qué traerá la megaindustria del salmón a Tierra del Fuego?
El biólogo e investigador de Conicet, Guillermo Folgueras denunció, en AM 990 (Splendid), los impactos de la salmonicultura industrial: “Tierra del Fuego es el inicio. Yo creo que el proyecto de fondo es toda la Patagonia argentina”, dijo.
Sobre los riesgos ambientales y sanitarios, explicó: “Se permite la cría de salmones hasta 50 toneladas que es para proteger al pequeño y mediano productor. La escala es la clave de todo esto… Imagínense grandes tubos metidos en el mar y cada uno de esos tubos tiene 100 mil peces. En general hay como diez tubos, lo cual representa un millón de peces. Los peces se enferman con facilidad y los productores tiran allí fungicidas, antibióticos y antivirales. Así el mar recibe toda la materia fecal y esos remedios”.
La instalación de salmoneras a gran escala genera precarización laboral, enfermedades y muerte de trabajadores, además de destruir ecosistemas marinos, contaminar y desplazar otras fuentes de trabajo como el turismo y la pesca artesanal
Cada vez que comemos sushi comemos una gran cantidad de químicos, dice Folguera y sumó: “Más o menos dos tercios de los antibióticos que se usan a nivel mundial están vinculados con la megaproducción de animales. ¿Por qué es importante? Porque está dando un fenómeno que tiene que ver con el sobreuso de antibióticos que está generando bacterias super resistentes. Eso es gravísimo porque si una persona le agarra una bacteria super resistente puede fallecer”. Folgueras remarca que “los daños de las megaproducciones de salmones en el mundo están muy claramente tipificados” y que toda esta industria está pensada “con un único objetivo, la ganancia del sector empresarial”.
En ese aspecto, Charlie, enfatizó que el activismo local no cree que la economía de Tierra del Fuego vaya a repuntar con las salmoneras: “Pensá que hay plataformas offshore de gas y petróleo hace más de 40 años en la provincia y aún así estamos en quiebra, ahí muere el relato de que estas industrias extractivas traen prosperidad”.
La experiencia chilena confirma todos estos riesgos. La organización Ecoceanos denunció que “la industria salmonera encabeza la mayor mortalidad laboral del sector acuícola a nivel global, con 83 trabajadores muertos en doce años”. No son ‘accidentes inevitables’, sino parte de una producción intensiva y “con una fiscalización estatal débil o inexistente”. Además, en Chile “40% de la fuerza laboral está subcontratada, sin derechos reales o sindicalización”.
En el “fin del mundo”, Tierra del Fuego se convierte en epicentro de un extractivismo que cruza gobiernos y proyectos. Mientras Milei impone su agenda libertaria y los ojos de Trump miran al puerto de Ushuaia con fines estratégicos, las salmoneras industriales avanzan, ignorando derechos de los pueblos originarios, alertas ambientales y riesgos sanitarios. Y consolidando un patrón de explotación común que se asemeja bastante con otras experiencias en toda Argentina: desde Barrick Gold en San Juan, el litio de Jujuy, la minera San Jorge en Mendoza hasta los negocios de la hidrovía en el litoral. La isla sobrevive en tensión entre la “riqueza estratégica” y una devastación ambiental, pero con un activismo que pese a todo visibiliza las contradicciones de quienes gobiernan y denuncian el extractivismo.
Fuente: www.diario-red.com
