El Gobierno buscará crear una fiscalía especializada en materia de delitos de corrupción de funcionarios públicos. El adelanto lo hizo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una de sus habituales ruedas de prensa en la Casa Rosada.
En detalle, el Ministerio de Justicia gestionaría -ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación- la creación de una fiscalía especial “que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente el enriquecimiento ilícito, incluyendo a funcionarios nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”.
Qué se sabe de la nueva fiscalía
“No hay mucha información sobre qué es la nueva fiscalía o cuál es la propuesta, no hay mayores detalles”, afirmó Clara Lucarella, coordinadora de los programas de fortalecimiento de la democracia y apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en comunicación con El Auditor.info.
Por su parte y ante la consulta de este medio, Manuel Garrido -ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y actual presidente y director de Innocence Project Argentina– calificó al anuncio de “genérico, débil y poco preciso”.
Prevención de la corrupción
Es importante marcar que la lucha contra la corrupción tiene dos ejes principales, por un lado la prevención y, por el otro, la investigación y luego sanción.
“Una fiscalía no tiene competencia en la prevención de los casos de corrupción”, destacó la abogada de ACIJ. En el sistema legal argentino, la fiscalía se ocupa de la investigación y el enjuiciamiento de delitos, incluidos los casos de corrupción, una vez ocurridos. “La prevención es competencia de la Oficina Anticorrupción (OA) y lo que se aplica es la ley Nº 25.188 de ética pública”, completó Lucarella.
“No es necesario seguir multiplicando la cantidad de organismos, sino fortalecer los que ya existen”, afirmó Lucarella.
Cabe destacar que la OA es el organismo encargado de prevenir y combatir la corrupción en la administración pública. Sus puntos principales de trabajo son la promoción de la ética y la transparencia; la investigación de denuncias de corrupción; y la implementación de políticas preventivas.
A su vez, la Ley de Ética de la Función Pública establece las reglas de conducta que deben seguir los funcionarios públicos, regula la presentación de declaraciones juradas y el régimen de incompatibilidades.
En concreto, la puesta en práctica de la norma busca la prevención de la corrupción, tanto en los conflictos de intereses como en la prevención de los casos de enriquecimiento ilícito. No obstante, la coordinadora de ACIJ destacó que “debería ser modificada urgentemente porque quedó con conceptos viejos”.
Investigación y sanción
Las fiscalías tienen autoridad para la investigación y sanción de la corrupción. Sin embargo, “no queda claro, por lo menos con lo informado en la propuesta, cómo actuaría esta fiscalía, ni cuáles serían sus funciones específicas”, agregó la integrante de la ONG.
En la actualidad, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tiene la función de investigar casos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional. Aún no se conoce cuál es el objetivo de esta nueva fiscalía, “es necesario saberlo para evitar que se solapen las funciones”, añadió.
“No es necesario seguir multiplicando la cantidad de organismos, sino fortalecer los que ya existen”, afirmó Lucarella.
Ley Ómnibus
El anuncio de una nueva fiscalía especializada en delitos de corrupción -según Garrido- “no es casualidad”. Es importante destacar que esta presentación se llevó a cabo en el marco de la discusión de la “Ley Ómnibus”.
“No es casualidad que en el anuncio de la fiscalía digan que van a crear un organismo para investigar a gobernadores o miembros del Congreso. Entonces, no parece muy serio, sino que parece una estrategia de presión sobre el Congreso para que aprueben esta ley”, analizó el ex fiscal.
