“Le garantizamos resultados. Nos dedicamos a borrar su pasado por completo”, promete la empresa. “Porque usted también tiene derecho al olvido”, pregona desde España para sus clientes de todo el mundo; entre ellos, decenas de argentinos. ¿Quiénes? Personas que terminaron siendo declaradas inocentes de acusaciones que salieron en los medios de comunicación y se expandieron por Internet, sin freno. Pero también numerosos narcotraficantes, estafadores y abusadores, entre otros, que buscan eliminar de la web las manchas de su pasado para continuar con sus negocios ilícitos.
La empresa se llama Eliminalia y gana millones de euros con un abanico controvertido de servicios: desde la creación de “fake news” que ayudan a blanquear a sus clientes con falsos artículos periodísticos elogiosos que publican en supuestos medios de comunicación que no son más que una pantalla. ¿Solo eso? No. También activa bots que ensalzan a sus clientes en las redes sociales, mientras aplica trucos varios para manipular el algoritmo de Google y así eclipsar el oprobio de sus clientes, además de hacerse pasar por abogados que intiman a medios, periodistas y blogueros para que eliminen las publicaciones más incómodas.
Ahora, sin embargo, una investigación liderada por “Forbidden Stories”, una organización que se alió a medios internacionales como The Washington Post, The Guardian, El País, Der Spiegel, Le Monde, LA NACION e Infobae, entre otros, obtuvo más de 47.000 documentos internos de “Eliminalia” que revelan cómo funciona esa maquinaria destinada a reescribir la historia de personas y empresas que están dispuestas a pagar en euros por cada mancha menos.
Entre esos clientes figuran cuatro decenas de argentinos. Muchos son desconocidos; pero algunos resultan llamativos. Como el financista Diego Marynberg, quien quedó bajo la lupa de las autoridades antilavado de Estados Unidos y de la Justicia española por los servicios prestados a funcionarios y empresarios venezolanos que lavaron millones con maniobras offshore. O Silvana Relats, integrante de la familia que durante años alquiló el hotel Los Sauces a los Kirchner en El Calafate, y quedó bajo la mira de la Justicia. Murió en 2018, meses después de contratar a Eliminalia. Solo quería que desindexaran de los motores de búsqueda de Google cuatro artículos periodísticos que se inmiscuían con su vida privada.
Diego Emiliano Corzo Fittipaldi llegó más lejos. Señalado como supuesto sicario en la investigación por el asesinato de Leopoldo “Poli” Armentano -lo que terminó por descartarse-, emigró a España, donde fue detenido por su supuesta vinculación con una banda internacional de narcotraficantes que había llevado un cargamento de 1500 kilos de cocaína a Europa. Su rastro se perdió con el tiempo, entre Europa y Estados Unidos, aunque en Internet -y de la mano de Eliminalia- aparece vinculado al cine, los hoteles y el fútbol.
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Algunos de esos argentinos que figuran como clientes, según reconstruyeron LA NACION e Infobae, buscan reemprender su vida. Como Claudio Adrián Carrasco, quien fue detenido por narcotráfico en 2000, cumplió una condena de cuatro años, salió, se convirtió en matarife y en 2019 se candidateó a intendente en Suipacha. Estuvo cerca de ganar, pero lidió con lo que calificó como una campaña sucia por aquel paso por la cárcel. “Sepan todos que hace años me equivoqué de camino. Salí adelante, cambié y cumplí con todas mis obligaciones. Gracias a ello soy una mejor persona”, afirmó en aquel momento.
Ante la consulta para esta nota, sin embargo, Carrasco negó haber contratado a Eliminalia. “No sé de qué me está hablando. Yo no contraté a esa empresa”, afirmó. Al exhibirle los documentos firmados -que incluyen una copia de su pasaporte-, más la constancia de pago de 3200 euros en honorarios, insistió con que jamás convocó a Eliminalia en los meses previos a las elecciones de 2019 para que eliminaran de Internet seis notas incómodas para él. “Esa no es mi firma [en el contrato] y yo no puse un ‘sope”, sostuvo. “Y le aclaro que si la hubiera contratado, se lo diría. Si hubiese contratado a alguien para borrar mi pasado, al menos hubiera esperado que lo hicieran bien porque lo mío, sobre aquella causa penal, según me fijé la última vez, sigue en Internet”.
Analizados en conjunto, los más de 47.000 documentos internos de Eliminalia exponen una matriz operativa alrededor del mundo. Cada uno de los 1252 clientes analizados oriundos de 54 países, abonó entre 250 y 1000 euros por cada piedra que la empresa lograra eliminar del zapato digital. Sus clientes abarcaron desde políticos y empresarios corruptos a torturadores, aunque también empresas y bancos, como la Banca Privada de Andorra, acusada de maniobras de lavado para Odebrecht, entre otros clientes conflictivos.
¿Cómo operaba la firma con casa matriz en Cataluña? Desde incluir supuestas noticias positivas de sus clientes en las páginas de Internet que creó de supuestos medios que no son más que una cáscara -como algunos llamados Le Monde France, London New Times, London Uncensored, Mayday Washington, Taiwán Times y CNNEWS Today-, a crearle cuentas en las redes sociales a sus clientes y enviar cartas documento e interponer denuncias contra medios, periodistas y blogueros para censurar la información.
Así fue como, por ejemplo, al tomar a Corzo Fittipaldi como cliente, desde Eliminalia se movieron para que los artículos negativos sobre su pasado quedaran eclipsados por historias ligeras sobre él y sus supuestos vínculos con el cine, el fútbol, los hoteles y más. También crearon una cuenta de Twitter que solo se mostró activa durante un período muy acotado de 2019 y que cuenta con un solo seguidor, una supuesta mujer que no es más que un “bot”.
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El argentino de 52 años no respondió la consulta que envió LA NACION e Infobae por correo electrónico, en tanto que resultó inhallable en la Argentina, donde en 2019 requirió a la Justicia quitarse el apellido “Corzo” y quedarse solo con “Fittipaldi”. Sus huellas se pierden entre Italia, España y Estados Unidos, países por lo que se movió gracias a su ciudadanía italiana. Según los últimos registros oficiales, él o un homónimo estaría radicado en Broward, el condado donde se ubica la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida.
El que más pagó, un argentino
Previsible, los clientes españoles lideran la cartera de Eliminalia (774). Los siguen quienes contrataron sus servicios desde Italia (300), México (159), Reino Unido (126) y Colombia (73). Pero es un financista con pasaportes argentino, polaco e israelí, Diego Marynberg, quien más dinero desembolsó para que borraran de Internet más de 300 textos sobre él. ¿Cuánto pagó, de acuerdo a los registros internos de la firma española? 424.000 euros.
¿Quién es Marynberg? Un financista argentino que se radicó hace años en Israel y que montó un holding de empresas y sociedades offshore con las que administra inversiones de sus clientes, muchos de los cuales son de América Latina. Algunas de esas operaciones encendieron las alarmas de bancos y otras entidades que enviaron reportes de operaciones sospechosas a la unidad antilavado de Estados Unidos (FinCen, en inglés), según reveló la investigación FinCEn Files del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que también participó LA NACION junto a Infobae en 2019. Y quedó bajo la lupa de la Justicia española, por otra operación sospechada de lavado con clientes venezolanos.
El equipo argentino de Forbidden Stories procuró conocer la posición de Marynber sobre los contratos que firmó con Eliminalia en 2016 y consultó a la agencia de prensa española que manejó la cuenta de algunos de sus intereses económicos y financieros, que indicó que derivaría la consulta. En el momento de la publicación, no se había obtenido respuesta.
Por su parte, Relats también golpeó las puertas de Eliminalia en abril de 2017, un año antes de morir. Le pagó 2200 euros con el encargo expreso de que borraran cuatro enlaces de portales argentinos en los que lanzaban especulaciones sobre su vida íntima más que abordar sus operaciones hoteleras o sus relaciones comerciales con la familia Kirchner.
Consultados para esta nota, dos allegados a Relats indicaron por separado que era “probable” o “muy probable” que haya recurrido a los servicios de Eliminalia. “Estaba muy angustiada con lo que se decía en Internet sobre ella, su vínculo con el kirchnerismo y su vida privada. Verdaderas injurias que le dolían y por las que también demandó a Google”, indicó uno de ellos. “Puede haber contactado a esa firma, pero no tenemos forma de saberlo con certeza”.
Desde 2013, cuando su fundador, Diego Sánchez, abrió las puertas de Eliminalia, el sustento de sus servicios fueron el “derecho al olvido” según su concepción en la Unión Europea y diversas normas de protección de datos personales como la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital y el Reglamento General de Protección de Datos. Pero su actuación derivó en excesos. ¿Un ejemplo? Hernán Horacio Taricco Lavin, un médico que participó en un centro de tortura durante la dictadura chilena le pagó US$5900 a Eliminalia para que desindexaran de las búsquedas en Google de aquellos textos que tuvieran titulares como “Médicos, pinochetistas y torturadores”, entre otros artículos y blogs.
Chihuahuas y filosofía
Desde la Argentina, Hernán Westmann también apeló a sus servicios. Acusado en 2017 como supuesto líder de una operación de narcotráfico y lavado vinculados al cartel de Sinaloa, dos años después se cayó la acusación por falta de pruebas. Y Westmann contactó a Eliminalia en 2021 y le pagó 20.000 euros para eliminar todos los textos negativos. ¿Resultado? Los artículos que comenzaron a sobresalir al buscar su nombre en Google ya no aludían al narcotráfico o a una investigación penal sino a falsas noticias en las que Westmann aparecía como comentarista sobre las características de los perros chihuahuas, las reglas del fútbol y los principios de la filosofía. Eso lo enfureció.
“Un enemigo personal me hizo una denuncia falsa en 2016 y el gobierno de turno [por el de Mauricio Macri] la usó políticamente para involucrarme en un caso que nunca existió, por eso la Justicia me sobreseyó. Después del fallo presenté documentación en varios medios para que borraran las notas que se habían escrito sobre mí y muchos aceptaron porque realmente había sido una acusación sin pruebas. No quería que mis hijos buscaran su apellido en Google y apareciera eso que me arruinó la vida”, precisó ante la consulta para esta nota. “Como no tenía llegada a muchos medios internacionales contraté a Eliminalia para que ellos mostraran la documentación judicial que demostraba que yo no tenía nada que ver con el lavado de dinero ni el narcotráfico”, abundó. “Las cosas no terminaron bien con esta empresa porque empecé a ver que habían creado noticias falsas sobre mí, como una nota sobre perros, que supongo que será una estrategia para el buscador. Pero yo los contraté a ellos para que me ayudaran a sacar fake news y ellos crearon más fake news. Les mandé un correo electrónico para que sacaran esas notas pero nunca más me respondieron”.
El caso de Santiago Javier Lynch es distinto. Denunciado en 2007 por el presunto ofrecimiento de un soborno al entonces diputado Héctor Recalde para cajonear un proyecto de ley, afrontó además un pedido de captura internacional vía Interpol. Pero en 2015, el Tribunal Oral Federal N° 2 terminó por condenar al otro acusado, Miguel Gutiérrez Guido Spano, y un año después lo sobreseyó a él.
Al igual que Carrasco, Lynch negó todo vínculo con Eliminalia al ser consultado para esta nota. “Yo no contraté los servicios de esa empresa española”, indicó, negativa que reiteró después de revisar la documentación interna de la firma española que se le envió, como el contrato y un acuerdo de confidencialidad, ambos firmados. “No es mi firma”, replicó, para luego desligarse de los 820 euros que cobró la empresa por sus servicios. Si no fue él, en suma, alguien habría pagado para beneficiarlo a él. “No lo tengo presente”, replicó ante la pregunta de si un benefactor pudo abonar esos euros. “Pero esa empresa”, insistió en alusión a Eliminalia, “nunca publicó mi sobreseimiento”.
