La acusación contra Piñera había sido aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, que arrancó por la mañana, la defensa del mandatario de centroderecha insistió en que la acusación obedecía a fines electorales y carecía de sustento jurídico por tratarse de un asunto ya revisado y sobreseído por la justicia.
«Se improvisa una acusación constitucional con el ánimo manifiesto y declarado, transparentado en intervenciones y en declaraciones en la prensa, de situar su discusión previo a la campaña electoral», sostuvo el abogado de Piñera, Jorge Gálvez.
La oposición, que impulsaba el juicio político, sólo cuenta con 24 senadores en la Cámara Alta, insuficientes para alcanzar la mayoría de dos tercios. Si la acusación hubiese prosperado, Piñera habría sido destituido e inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.
La acusación fue presentada originalmente a mediados de octubre tras la controversia desatada por la divulgación de los Pandora Papers, que aluden a una cláusula en la venta en 2010 de la Minera Dominga -un proyecto en que participaba la familia del presidente- que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios que pudieran afectar su desarrollo.
Piñera, que también insiste en que el caso ya fue estudiado y sobreseído por la justicia, estaba entonces en su primer gobierno. El mandatario, que no concurre a las elecciones del domingo, señaló en varias oportunidades que la acusación obedecía a intereses electorales y confiaba en que sería rechazada.
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