El Gobierno de Tierra del Fuego de Gustavo Melella avanza en la renegociación de los títulos de u$s200 millones emitidos en 2017 por su antecesora Rosana Bertone y presentó a los acreedores una oferta mejorada con extensión de plazos y reducción de intereses. La particularidad de la deuda fueguina es que está garantizada por producción hidrocarburífera; es decir, las regalías ingresan a un fideicomiso para pagar a los bonistas, cláusula que complica las negociaciones. Y, tal como anticipó este medio hace un mes, en la administración de Melella confirman que podrían iniciar acciones legales y solicitar una orden judicial para frenar ese mecanismo de no llegar a un entendimientos con los tenedores. Asimismo, en paralelo, Entre Ríos abrió el proceso de solicitud de adhesión a la oferta que ya cuenta aval del grupo mayoritario de bonistas.
“La oferta mejorada propone una reducción sobre los cupones de interés, un plazo de gracia para el capital y una extensión de los plazos de pago, para obtener mejor performance en 2021 y 2022, sin dejar de pagar intereses durante dicho período”, dijeron a este medio desde la provincia. En detalle, se proponer prorrogar el título 3 años, hasta 2030. Luego, se ofrece devengar intereses a un 4,5% hasta octubre de 2023, luego al 5,5% hasta fines de 2026, y al 7% hasta 2030. Por su parte, el capital se procura cancelarlo en 32 cuotas trimestrales: u$s12,8 millones en el primer año, u$s28,8 millones de dólares en los dos años siguientes, y u$s118,4 millones en los cinco años restantes.
Las negociaciones han sido “razonables y en buenos términos”, agregaron desde despachos fueguinos. La provincia contrató a Deloitte como asesor financiero y a Clifford Chance como asesor legal. En ese marco, la principal preocupación es la cláusula de la garantía a través del fideicomiso (punto con el que también debieron lidiar Neuquén y Chubut, donde ya cerraron sus canjes); condicionamiento que el ministro de Economía provincial, Guillermo Fernández, expuso ante sus pares de otros distritos que siguen renegociando deudas en una mesa en la que también se sentó Nación. “Hace imposible que la provincia incumpla sus pagarés sin arriesgarse a juicios inmediatos en los tribunales de Nueva York”, explicaron. De no ser posible un acuerdo, Tierra del Fuego podría iniciar acciones legales y solicitar una orden judicial para evitar que el agente colateral argentino continúe cobrando regalías, alegando “fuerza mayor”.
Por su parte, Entre Ríos ya había anunciado el acuerdo con el grupo mayoritario por la renegociación de los bonos ER25 por u$s 500 millones. Y desde esta semana abrió el procedimiento de solicitud de consentimiento para que la totalidad de tenedores se allanen a la propuesta acordada con el grupo que concentra el 58% de los títulos. Es decir, la gestión de Gustavo Bordet apela a terminar de cerrar las adhesiones para finalizar el canje.
“El gobierno buscará que la mayor cantidad de tenedores de bonos se sumen a los términos del acuerdo alcanzado con el grupo Ad Hoc, que represente condiciones ventajosas para la reestructuración de la deuda de la provincia. La propuesta incluye un alivio significativo del servicio de la deuda en forma de reducciones de cupones y reprogramación de vencimientos. Si se obtiene el consentimiento de más del 75% del monto total, el acuerdo se vuelve vinculante para la totalidad de los tenedores de bonos”, mencionó la provincia a través de un comunicado. La solicitud de consentimiento vencerá a el 8 de marzo.
