En las últimas horas el Juez de Instrucción Nº II del Distrito Judicial Norte de la Provincia de Tierra del Fuego, Dr. Raúl Sahade, resolvió rechazar el requerimiento fiscal contra el gobernador Gustavo Melella por las denuncias en su contra por el presunto delito de abuso sexual contra tres personas, como al mismo tiempo respecto a su relación con el otorgamiento de obra pública del Municipio de Río Grande.
De esta manera, el Gobernador quedó libre de las denuncias en su contra, terminando así un largo proceso judicial directamente ligado a la política fueguina, y en el cual se comprobó la participación de funcionarios de la gestión de la Ex Gobernadora Rosana Bertone en el entramado político y judicial.
El abogado defensor de Melella, Dr. Francisco Ibarra, sostuvo que «se hizo justicia» sosteniendo que «se comprobó que esta causa carecía de asidero, que los hechos denunciados no constituyen delito, lamentando la participación de la política en el entramado de causas judiciales, desde que existen constancias de participación y de vinculaciones de distintos ex funcionarios públicos de la gestión anterior, en los hechos que constituyeron materia de denuncia».
Para el Letrado quedó claramente demostrado en todo este proceso que la causa «se originó en el marco de una campaña política sucia, de las peores que se hayan visto en la historia de Tierra del Fuego, resultando clara la intervención de distintos sectores políticos que se encontraban opuestos a la gestión Melella”.
«Porque esta herramienta de denuncia -agregó Ibarra- se usó para atacar la condición sexual de Gustavo Melella, usando los artilugios más sucios de la política para denigrarlo, no obstante lo cual se pudo comprobar todo su armado y falsedad».
Para el Abogado «el fallo es contundente, de más de cien fojas, demostrando que no existió delito alguno y que las acusaciones no tenían asidero, como al mismo tiempo las pericias a los celulares privados, y todo lo que se llevó adelante en esta causa».
«A partir de ahora empieza otro camino, de hacer justicia con aquellos que llevaron adelante este operativo político», afirmó Ibarra al puntualizar que «no hay que olvidar que en todo ese proceso hubo un Secretario de Seguridad involucrado y otros ex funcionarios, que se acreditó la entrega de una vivienda a la hija de un supuesto testigo, es decir, se usaron bienes del Estado Provincial al solo efecto de dar sustento a una denuncia que desde el principio carecía de asidero, sumado a la repercusión Nacional que tuvo la misma».
- *Fuente: prensa gobierno de Tierra del Fuego.
