Firmado por un centenar de jefes comunales, en el texto reclaman la declaración de emergencia social, alimentaria y tarifaria, la emergencia productiva, la restitución del Fondo Federal Solidario, critican desaparición de las carteras de Salud y Trabajo como ministerios y piden la emergencia en seguridad, además de la «plena vigencia del Estado de derecho» y «cesar con las condenas mediáticas».
«Frente a la gravedad de la crisis provocada por las medidas del Gobierno Nacional, tales como la brutal devaluación de la moneda, de los salarios y de los ingresos de los sectores populares; los altísimos niveles de inflación que ya producen desabastecimiento de productos de consumo popular e insumos para la adecuada prestación de servicios esenciales y para el mantenimiento de la actividad productiva e industrial, los Intendentes y la Confederación General del Trabajo proponemos que se declare la Emergencia Económica y Social y se pongan en marcha acciones inmediatas que contribuyan a la unidad nacional y la paz social», arranca el documento firmado el jueves en la sede de la CGT en la calle Azopardo.
En el primer punto solicita la «Emergencia social alimentaria, sanitaria y tarifaria». Exigen que se implementen con urgencia políticas que aseguren el acceso a los alimentos, a los medicamentos y a los servicios de los hospitales públicos. Que se ponga en marcha una amplia Red Nacional de Solidaridad en la que participen Nación, Provincias y Municipios y los distintos actores de la comunidad, como Iglesias y organizaciones políticas, sociales o sindicales.
© clarin.com El miércoles intendentes bonaerenses pidieron una reunión con el presidente para reclamarle por el Fondo Sojero (Diego Díaz)
Además, reclaman que se retrotraigan las tarifas de los servicios públicos a los valores del 1° de diciembre de 2017, y que las actualizaciones futuras se hagan según el índice salarial, «terminando definitivamente con la dolarización de las tarifas y del precio de los combustibles».
También piden que se «revierta de inmediato la decisiónde degradar los ministerios de Salud y de Trabajo». Consideran que «son más necesarios que nunca», para «atender situaciones de creciente vulnerabilidad sanitaria derivadas de la propia crisis», y para «restablecer un equilibrio necesario en las relaciones laborales».
En el segundo punto, exigen la declaración de la emergencia económica, productiva y laboral». Piden frenar la importación, que la exportación industrial con valor agregado tenga menos impuestos que las de productos primarios y que se establezcan «medidas urgentes para salvaguardar el empleo».
También solicitan la emergencia educativa» para impulsar «acciones efectivas» que permitan el «inmediato regreso a clase a edificios que garanticen su seguridad y la de los trabajadores de la educación».
Como lo hicieron el miércoles los intendentes de la FAM en la puerta de la Casa Rosada, piden la «restitución inmediata del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero».
Otro de los puntos pide una declaración de emergencia en seguridad y el documento cierra con el reclamo por la «plena vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución». Reclaman «garantizar una verdadera división de los poderes», la «independencia de los jueces», y «cesar con las condenas mediáticas de dirigentes políticos, sociales y sindicales»