El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el régimen del 2×1 a Luis Muiña, un militar acusado por delitos de lesa humanidad, abrió la polémica. A la crítica de los principales organismos de derechos humanos se le sumaron los cuestionamientos de diferentes partidos políticos, del oficialismo y hasta el momento son cuatro las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A nivel local, la Justicia de San Juan resolvió declarar inconstitucional el fallo de la Corte Suprema. Así lo consideraron los jueces federales Héctor Cortez, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, a instancia de un requerimiento del fiscal general provincial Francisco Maldonado, luego de oponerse al pedido para acceder al beneficio de Alejandro Lazo, condenado en 2013 a 10 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados durante la última dictadura militar.
«Entendí que no era aplicable. Viola la proporcionalidad de la pena, viola toda la normativa internacional. La normativa (el 2×1) estuvo vigente entre 1997 y el 2001, y para la fecha de Lazo no estaba vigente. Consideré la aplicación de la ley en el tiempo«, explicó Maldonado en diálogo con radio La Red.
El funcionario judicial de San Juan, además, consideró que el régimen del 2×1 «no es aplicable a ningún delito, menos a los de lesa humanidad». «El fallo lo respetaba, pero no me pareció bueno, no me pareció justo y me causó desagrado», expresó.
Luego de la resolución que benefició a Muiña, otros militares condenados por delitos similares solicitaron que también se les aplique el mismo régimen. En Córdoba, por ejemplo, lo hizo la defensa del ex agente de inteligencia del Ejército, condenado a prisión perpetua por cientos de homicidios y torturas cometidos en el centro clandestino de detención La Perla, Arnaldo «Chubi» López. En esa misma provincia, otros 59 condenados estarían en condiciones de requerir el 2×1, entre ellos el ex general Luciano Benjamín Menéndez.
PROYECTO OFICIAL
El bloque del frente Cambiemos en el Senado presentará hoy una iniciativa oficial para «acotar» el criterio de aplicación del beneficio del dos por uno a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la ley. Según explicó en las últimas horas el presidente provisional de la Cámara Alta, Federico Pinedo, será «una ley interpretativa», por la cual se delimita esa prerrogativa al período en que esa norma estuvo vigente, entre 1994 y 2001.
Pinedo indicó que «la ley del dos por uno se hizo para facilitar y agilizar el funcionamiento de la justicia», en un momento en que el sistema judicial se encontraba colapsado por la cantidad de causas existentes, pero con el tiempo «terminó beneficiando a delincuentes que cometieron delitos muy graves, como son los delitos de lesa humanidad», detalló.
Infobae
