La noticia cayó como un balde de agua fría particularmente en el seno del Bloque del MPF, donde aun no se sabia nada de esta decision, cuando hace instantes le consultamos a la Concejal y presidenta del Concejo Deliberante, Miryiam Boytadjian.
En los fundamentos del veto total, el ejecutivo sostiene que no se puede beneficiar a quienes han usurpado tierras, que se debe dar prioridad a quienes están inscriptos en viviendas del IPV, que no se pueden colocar canillas comunitarias porque eso produce que se acumulen aguas servidas y que el proyecto adolece de varios vicios lo que lo convierte en inconstitucional.
Señala ademas que el Concejo Deliberante pretende que el ejecutivo lleve adelante acciones para la cuales es absolutamente incompetente ya que desde el 2006 sanciona en forma recurrente resoluciones tendientes a solucionar problemas de terrenos tomados en forma irregular ubicados en la Margen Sur del Rio Grande que vulneran el ámbito municipal.
la nota señala ademas que todas esas propiedades son privadas a los que no se les puede colocar ningún tipo de servicios, ya que fueron motivo de expropiación y en virtud de esta situación el ejecutivo se ve impedido de cumplimentar estas acciones ya que es el propietario de los terrenos quien debe solicitar la instalación de los servicios públicos.
Dice la nota en uno de los puntos del veto total que tampoco se pueden colocar canillas comunitarias ya que las mismas generarían la acumulación de aguas servidas que generarían contaminación ambiental y problemas de salud para los habitantes de la zona.
El ejecutivo también vetó el proyecto de instalación de un semáforo en Rafaela Ishton y Minkyol proyecto que fue sancionado en 3 de octubre en sesión ordinaria.
Por ultimo el ejecutivo municipal, señala que es el Ejecutivo Provincial a tenor de la expropiación, quien debe hacerse cargo de las soluciones de fondos, en particular a la problemática de tenencia de terrenos dela margen sur y siendo este quien deba solicitar la colocación de servicios y no recurrirse a esta grosera norma que va en contra del derecho de igualdad consagrado en la Constitución.
la ordenanza fue sancionada el 27 de septiembre de 2012 y se vetó mediante el decreto 1185/2012 el 16 d octubre del mismo año, pero hasta ahora no se había dado a conocer, por lo que los habitantes de los asentamientos se verán afectados por la decision tomada.
El veto se basa en el texto de la Carta orgánica, y la Constitución Provincial que impiden al Municipio realizar cualquier tipo de modificación, obra o transformación en tierras privadas, como es el caso de los terrenos usurpados.
