En realidad, el conflicto está intrínseco en la esencia misma de la coparticipación, una distribución de recursos en la que rara vez coincide lo que se aporta con lo que se recibe. Y en esa ecuación, las provincias de mayor desarrollo relativo son las que llevan las de perder.
No se refería a otra cosa el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, cuando acotó por Twitter que los bonaerenses reciben aproximadamente la mitad de lo que aportan.
Y, quizás involuntariamente, tampoco hablaba de otra cosa la presidenta Cristina Fernández al destacar el crecimiento “exponencial” del 625 por ciento del aumento de la coparticipación a Buenos Aires entre 2003 y 2011. Omitió señalar que en el mismo lapso las transferencias a todas las provincias aumentaron un 731,3 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. En la ratificación de una línea de conducta, tampoco hizo referencia a la inflación acumulada.
A lo largo de los más de 77 años de vigencia del régimen, hubo oscilaciones en los porcentajes otorgados a todas las provincias (coparticipación primaria) y a Buenos Aires en particular (coparticipación secundaria), pero lo que abundó, en especial después de la última ley de 1988, fue una sucesión de “parches” que intentaron atenuar los reclamos de aquellos estados que se consideraron de una u otra manera perjudicados. Son las denominadas “leyes especiales” que representan cerca del 20 por ciento del total de las transferencias de la Nación a las provincias.
El año de sanción de la ley no es un detalle menor: por entonces, los gobernadores de Buenos Aires, Antonio Cafiero, y de La Rioja, Carlos Menem, se desvelaban buscando provincias aliadas de cara a la elección interna que disputarían en julio. El por entonces mandatario mendocino José Octavio Bordón recordó que el precio de esas alianzas consistió en muchos casos en “décimas de puntos de coparticipación”.
La compensación llegó después del triunfo de Menem en 1989, con una inundación de ATNs en La Rioja y una condición que impuso Eduardo Duhalde para presentarse en la elección de gobernador de 1991: la creación de un Fondo del Conurbano.
Ese fondo en un inicio consistió en un porcentaje de lo recaudado en Ganancias que elevaba las partidas hacia La Plata a niveles que terminaron por enfurecer al resto de las provincias. Así fue como en 1995 se lo transformó en una suma fija congelada desde entonces en 650 millones de pesos anuales.
Ya por entonces se había sancionado la reforma constitucional que establecía que antes del 31 de diciembre de 1996 debía aprobarse una nueva ley de Coparticipación. A punto de cumplirse dieciséis años de incumplimiento del mandato de la Carta Magna, nadie parece darse por enterado.
Como tampoco nadie acusa recibo de que la potestad de recaudar impuestos es de las provincias y que la coparticipación es una facultad que le delegaron a la Nación. Daniel Scioli debería saber que reclamar por la devolución de ese derecho podría ser más redituable que pedir fondos para el pago del medio aguinaldo.
Fuente:elliberal.com
