El Gobierno nacional, casi en un estado de desesperación, intenta sostener políticas que no puede financiar y para ello recurre a decisiones que le terminan saliendo más caras, complicando la economía y aumentando los niveles de desconfianza en los consumidores y agentes económicos en general.
En realidad, sin un tipo de cambio favorable, sin superávit fiscal, sin superávit energético ni reservas de libre disponibilidad ni excedente de dólares ni abundante liquidez en el sistema financiero, se puede decir que el “modelo”, tal como fue concebido, se ha terminado. No obstante, el gobierno intenta mantener la imagen del deteriorado modelo y toma medidas que agrandan las fisuras de una estructura que requiere ser remplazada.
El Gobierno tiene un problema serio de déficit fiscal. Se consumió todos los superávits a través de fuertes líneas de subsidios a la energía, al transporte y a varios rubros más que este año tenían previsto una erogación de 70.000 millones de pesos. Pero, además, tiene fuertes vencimientos de deuda, como la amortización de los Boden 2012 que le requieren un gran volumen de dólares.
El gobierno de Cristina Fernández considera que es mejor gastar reservas que tomar créditos, pero esto es falso. El gobierno está emitiendo letras u obligaciones que son financiadas por la Anses, el Pami, la Lotería Nacional y hasta el Banco Central.
Todo esto, al final, muestra que la deuda pública está aumentando con un peligro. Como es una deuda que el Estado tiene con organismos del Estado, puede llegar a no pagarse nunca, y eso la haría barata, pero con consecuencias catastróficas sobre el sistema jubilatorio y la expansión alocada de la inflación.
Cuidando los dólares
Cristina ha encargado a Guillermo Moreno y al titular de la AFIP que cuiden los dólares y para eso se ponen trabas, cuando hasta hace un año la fuga de capitales les permitía evitar que el dólar se revaluara. Hoy todo cambió y los amigos pasaron a ser enemigos.
Pero la batalla no se da sólo contra los compradores de divisas sino también con los que requieren dólares para pagar importaciones, y sobre esto no hay límites ni discriminación racional. Este tipo de trabas aumentan las quejas de los países con los que más comercia la Argentina y empieza a complicar las exportaciones argentinas. La soja es importante y aumentó su valor, pero sólo con soja no se puede asegurar las divisas necesarias.
Además, la cerrazón provoca faltantes de insumos que complican la fabricación de productos y, en varios casos, el cierre de empresas que dependen de la importación. Más allá de las anécdotas, la prohibición del ingreso de libros ya se extiende a muchos medicamentos o insumos médicos críticos, cuyo ingreso es paralizado sin los menores recaudos.
Pero estos sistemas nunca son perfectos y parecen diseñados para seguir solventando otros sistemas que, además de acumular distorsiones, son muy caros en materia de divisas. Un caso llamativo es el de la electrónica en Tierra del Fuego.
El sistema, ante el avance del consumo, planteó remplazar producción extranjera por producción nacional y para esto se dijo a las empresas que si no fabricaban en la Argentina no podrían ingresar más productos. De hecho, los de la línea Apple no están ingresando y las tiendas especializadas que se habían abierto están cerrando por falta de productos.
Pero los que entraron en el sistema han hecho un negocio espectacular y el que está perdiendo de manera fenomenal es el mismo Gobierno. En principio, por estar instalados en Tierra del Fuego, tienen una serie de franquicias propias de la Zona Franca. Pero lo interesante es que estas “fábricas” no fabrican nada sino que arman.
Los componentes son importados y representan el grueso del costo del producto, que tiene un pequeño componente de mano de obra local y, además, permite a las empresas girar jugosos royalties sobre líneas totalmente amortizadas y discontinuadas en sus países de origen (lo mismo que pasó en su momento con el Ford Falcon).
La sorpresa es que el gobierno está preocupado por la cantidad de dólares que este sistema le requiere, ya que está concebido para vender en el mercado interno pero no para exportar, lo que hace que todo lo que se importa genere déficit.
El problema ya alcanza un grado de importancia tal que se calcula que el déficit de divisas generado por la fabricación de electrónica y telefonía celular en la isla alcanza a 7.000 millones de dólares. Más grave es si se lo compara con el déficit generado por la importación de energía, que en 2011 alcanzó a 3.800 millones de dólares.
En definitiva, una medida tomada con la intención de generar sustitución de importaciones termina generando más erosión de divisas echando por tierra todo el discurso oficial de la industrialización. Además, el gobierno ha detectado que todo el empleo creado es transitorio, señal de que las empresas no creen que el sistema sea sustentable en el tiempo.
La pregunta del millón es ¿a quién protegemos? A los consumidores seguro que no, porque los precios están más caros que si importáramos productos de últimas tecnología.
Otra perlita del sistema es que el gobierno convino con el sindicato de camioneros y con las empresas de transporte, que todos los productos fabricados en la isla no puedan ser trasladados a los mercado por avión o por barco, sólo en camiones, los que les agrega mayores costos.
En nuestra economía actual estamos en un cuello de botella. El sector industrial no puede aumentar mucho la producción ya que, los principales rubros, tiene casi totalmente ocupada su capacidad instalada.
La oferta de producción nacional no puede crecer sino es a través de fuertes inversiones y la alternativa es importar, pero hoy no se puede. El problema es que el gobierno está emitiendo moneda para solventar su déficit en una cantidad que supera la oferta de bienes. Cuando la cantidad de moneda supera a los bienes en el mercado, el precio de estos aumenta. Eso, simplemente, es la inflación.
Hace unos días, la presidenta del Banco Central afirmaba muy suelta de cuerpo que la emisión monetaria no genera inflación y que los aumentos de precio son un problema de oferta. En realidad, el problema de oferta es generado por el propio gobierno.
Justamente, el Banco Central se ve obligado a emitir para solventar el déficit del Estado el cual, a su vez, toma decisiones que restringen la oferta. Ésta es la explicación de la inflación en Argentina que el gobierno intenta negar por todos los medios. Pero la mentira tiene patas cortas y, en algún momento, deberán ponerle freno porque, de lo contrario, las fisuras del sistema serán irreparables.
Por Rodolfo Cavagnaro/ Especial para Los Andes
