Teniendo en cuenta que la Legislatura decidió mandar a archivo la propuesta de cancelación presentada por el Ejecutivo, que contaba además con la aprobación de la mayoría de los directores del Megainstituto, “desde el Gobierno planteamos la necesidad y coincidimos con el Directorio en que se deben buscar nuevas herramientas de consolidación y pago de la deuda histórica” dijo el ministro de Economía Christian Ruiz.
Esta deuda que originariamente ascendía a 208 millones de dólares nació en el año 2000, cuando el gobierno de Carlos Manfredotti decidió utilizar los ahorros de los trabajadores para sanear la situación financiera del Banco de Tierra del Fuego.
El rechazo de la oposición legislativa al proyecto de creación de un Fondo de Reparación Histórica impidió que el Gobierno provincial pudiera afrontar en forma ordenada el pago de $ 438.969.622,68 al Megainstituto, en concepto de montos no saldados entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008 correspondientes al Compromiso de Pago Provisional Mensual previsto en la ley 676.
Este Fondo se nutriría, entre otras fuentes de financiamiento, de dineros provenientes del Plan de Desendeudamiento Nacional al que accedió la Provincia; el 15% del canon de renegociación de los contratos petroleros; el 15% de canon extraordinario de producción de las empresas petroleras; el 100% de los importes que transfiera el Banco de Tierra del Fuego al Tesoro por utilidades; la partida específica que anualmente pueda fijar el Presupuesto general de la Provincia y de la aplicación de una alícuota adicional sobre Ingresos Brutos del 0,5 a todas las actividades gravadas por este impuesto.
El Ministro adelantó que las conversaciones entre el Gobierno y el Directorio del Instituto continuarán, ya que “la decisión de la Gobernadora es pagar esta deuda de larga data”, a la vez que destacó la predisposición de los representantes del IPAUSS “de trabajar en conjunto para encontrar una solución de fondo que sea viable a futuro”.
Por último, el funcionario señaló que desde el Ministerio de Economía se continúa con la búsqueda de nuevas opciones que posibiliten afrontar las obligaciones contraídas con el Organismo previsional, entre las que no descartó la presentación de un nuevo proyecto de ley.