La suba de las cotizaciones permitió que el productor se arriesgue a sembrar una mayor superficie pese a la Niña y la cosecha total se haya estimado cercana al récord. Poco influyó la política agropecuaria en este desempeño.
Las medidas para el sector están añadiendo un riesgo adicional a los inherentes a la actividad. Si bien el objetivo de algunas de las acciones es comprensible, los medios no están resultando adecuados y no se cumplen los fines.
Como consecuencia de los cupos de exportación los productores no reciben el precio lleno por la venta de sus granos, generándose una transferencia que no llega al consumidor.
El caso más ilustrativo es el del trigo. El monto que se le descuenta al productor es similar al costo total de las toneladas requeridas por la molinería para producir pan. Pese a esto, desde 2006, el precio del pan aumentó 140%.
El sector primario es un pilar fundamental de la política económica. Sin embargo, las disposiciones implementadas implican una carga de incertidumbre adicional que contrarresta el dinamismo de la actividad.
En los últimos meses se registró un fuerte descuento en el precio que recibe el productor de trigo por su comercialización: actualmente la reducción en el precio percibido alcanza un 23% (en torno de US$ 50 por tonelada).
De los 66 dólares que aumentó el trigo desde julio, el Tesoro se vio beneficiado con 15 dólares (un 23% de la suba total) y el productor con sólo 9 dólares (un 13% del incremento), cuando debería haber recibido 49 dólares (74% del total).
Visto de otra manera, la regulación oficial está favoreciendo a la sojización: al no limitarse los envíos al exterior (porque no se consume en el país), aumenta la competencia en el mercado y se premia su disponibilidad.
En este contexto, la política agropecuaria no altera los incentivos ni el perfil de la producción, sólo agrega incertidumbre como en el caso de la Niña o la fluctuación de las cotizaciones internacionales.
La política agropecuaria suma incertidumbre al sector
El desarrollo del efecto climático de la Niña (precipitaciones menores a las normales) está comenzando a incidir sobre el avance de la campaña agrícola. Un caso concreto es la demora que se registra en la siembra de soja y maíz, a fin de evitar que los cultivos atraviesen el período de mayor requerimiento hídrico en los meses más secos del verano.
Sin embargo, el trigo que se está cosechando actualmente logró sortear las adversidades que genera este fenómeno meteorológico. De hecho, las estimaciones de producción fueron ajustadas al alza: se esperan obtener cerca de 13,5 millones de toneladas del cereal, un aumento de 80% respecto a la campaña anterior.
Al finalizar el ciclo agrícola 2010/2011 las eventuales pérdidas en volumen por sequía podrían llegar a compensarse con la suba que registran las cotizaciones. Pero el punto a destacar es la incertidumbre al que está sometido el principal sector generador de divisas del país. A los vaivenes climatológicos, la agricultura suma la volatilidad en los precios internacionales que imprimen los fondos especulativos.
Precisamente, fue la escalada de las cotizaciones la que permitió que el productor se arriesgue a sembrar una mayor superficie justo en un período con la Niña. Este fue el factor de fondo para que la cosecha total se haya estimado en niveles cercanos al récord histórico (95 millones de tn.) y poco influyó la política agropecuaria en este desempeño.
De hecho, las medidas oficiales para el sector están añadiendo un riesgo adicional a los inherentes a la actividad. Si bien el objetivo de algunas de las acciones es comprensible (moderar los precios de los insumos para minimizar el impacto en los alimentos), los medios no están resultando adecuados y no se cumplen los fines.
Por ejemplo, como consecuencia de los cupos de exportación los productores no reciben el precio lleno por la venta de sus granos. Es decir, se genera una transferencia que no llega al consumidor.
El caso más ilustrativo es el del trigo. El monto que se le descuenta al productor es similar al costo total de las toneladas requeridas por la molinería para producir pan (aproximadamente US$ 600 millones). Pese a esto, desde la implementación de los cupos en 2006, el precio del pan aumentó 140% (en línea con el nivel general de la inflación).
El año próximo se estima que las exportaciones de los cuatro principales cultivos (soja, maíz, trigo y girasol) y sus subproductos alcancen US$ 28.500 millones (+30% i.a.). Esta cifra permitirá apuntalar el superávit comercial así como mantener bajo control el tipo de cambio nominal. Además, significa un ingreso fiscal por derechos de $ 37.500 millones (+33% i.a.).
El sector primario es un pilar fundamental de la política económica. Sin embargo, las disposiciones implementadas implican una carga de incertidumbre adicional que contrarresta el dinamismo de la actividad. En este sentido, sería deseable que se alcancen acuerdos de largo plazo que fomenten el crecimiento en beneficio del país.
El menor precio que recibe el productor desalienta la producción
En los últimos meses se registró un fuerte descuento en el precio que recibe el productor de trigo por su comercialización. En el período de siembra del cereal (junio-agosto), cuando se decidía la superficie a destinar para el cultivo, ese descuento promediaba 10% (US$ 20 por tonelada). Actualmente la reducción en el precio percibido alcanza un 23% (en torno de US$ 50 por tonelada).
La brecha entre el precio neto de derechos de exportación más gastos (FAS )
–que se aproxima al que debería recibir el productor– y la cotización en el mercado local (ROFEX o MATBA ) –que es el que efectivamente recibe–, surgió inicialmente cuando comenzaron a restringirse las exportaciones de trigo en 2006.
Si bien la regulación de la operatoria comercial puede solucionar fallas intrínsecas del mercado, el desacierto de las medidas vigentes está generando una suba en los descuentos que termina por agregar incertidumbre y desalentar la producción. En el caso del trigo, ese margen es de los mayores de los últimos años.
En particular, la discrecionalidad con la que se disponen los cupos de exportación resta competencia entre los actores que demandan los productos agropecuarios, ya sea para su envío al exterior o para su industrialización local. En última instancia, es el productor el que carga con la mayor parte de esta distorsión.
De hecho, de los 66 dólares que aumentó la tonelada de trigo de exportación desde julio, el Tesoro se vio beneficiado con 15 dólares (un 23% de la suba total) y el productor con sólo 9 dólares (un 13% del incremento). El resto (42 dólares o 64% del total) fue capitalizado por traders y exportadores o molinos.
El descuento puede también observarse en el maíz que, como en el trigo, destina parte de la producción al mercado interno y por ello carga con restricciones a la exportación. Visto de otra manera, la regulación oficial está favoreciendo a la sojización: al no limitarse los envíos al exterior (porque no se consume en el país), aumenta la competencia en el mercado y se premia su disponibilidad.
En estos días se anunció una ampliación del cupo de exportación para el trigo que debería mejorar el precio pagado al productor. Para el maíz todavía no hay novedades. En este contexto, la política agropecuaria no altera los incentivos ni el perfil de la producción, sólo agrega incertidumbre como en el caso de la Niña o la fluctuación de las cotizaciones internacionales.
Fuente:Ecolatina.
Director Economista:Roberto Lavagna.
