El diputado de ARI Leonardo Gorbacz presentó la semana pasada en la Cámara Baja un proyecto de ley que tiene por objeto “garantizar el derecho a la salud mental de todas las personas que se encuentran en el Territorio Nacional”.
La iniciativa busca que “el Estado garantice un sistema de acceso gratuito e igualitario a la atención sanitaria y social de las personas con padecimiento mental fundada en el derecho de toda persona a ser asistido en la comunidad en la que vive, en el marco de modalidades terapéuticas adecuadas a sus antecedentes sociales, culturales y religiosos”.
“El proyecto se sostiene en la política de atención sin encierro o desmanicomialización, que tiene amplio consenso en nuestro país y en el mundo. El eje central es el respeto a los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales”, dijo el diputado, quien además es psicólogo. Uno de los artículos prohíbe la habilitación de nuevos “manicomios” y establece la creación de modalidades alternativas de asistencia como hospitales de día y casas de medio camino. Y reduce la intervención de los jueces en las internaciones, porque “hay muchos pacientes que siguen internados porque los jueces no autorizan las altas que dan los profesionales”.
El parlamentario explicó que “el avance de la psicofarmacología fue importante en salud mental, pero en los últimos tiempos los laboratorios han desarrollado estrategias para vender sus productos a una población cada vez más amplia, generando un abuso extendido que es preocupante. Por eso fortalecemos la concepción interdisciplinaria y la racionalidad en el uso de medicamentos”.
El proyecto también prevé la creación de la Dirección de Salud Mental y del Órgano Consultivo de Derechos Humanos y Salud Mental, con representantes de organismos de derechos humanos, trabajadores, y otro sectores, que tendrá una función de fiscalización de las condiciones de internación.
“En Tierra del Fuego se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los trabajadores de la salud mental para sostener un modelo que no consista en el encierro y la discriminación. Y es notorio que mientras las instituciones funcionan y hay un buen trabajo intersectorial, el modelo de atención es absolutamente viable y se puede sostener el principio de la integración. En Ushuaia ha habido un gran avance con los talleres de día y con la asociación de familiares. El proyecto de ley consolida ese camino”, dijo el funcionario.
Durante la semana pasada el diputado del ARI se reunió para discutir el proyecto con profesionales del ámbito público y privado y familiares de la Asociación Civil por la Salud Mental en Ushuaia, y anunció que hará lo propio en Río Grande.
“Vamos a demostrar que en años electorales también se puede trabajar y presentar proyectos”, subrayó Gorbacz para finalizar.
QUE DICE EL PROYECTO
P Prohíbe la habilitación de nuevos manicomios y obliga a adaptar los actuales a la nueva modalidad
P Fomenta la interdisciplina y el uso racional de psicofármacos
P Reduce la intervención judicial en las internaciones
P Limita las derivaciones fuera del ámbito comunitario
P Crea un órgano consultivo de derechos humanos y salud mental con función de fiscalización
P Modifica los alcances de declaración de insania: otorga derecho a un abogado para el paciente, establece plazos determinados, inhabilitaciones acotadas y requiere certificados interdisciplinarios (hasta ahora son médicos exclusivamente)
