Rios Grande- Los legisladores del MPF, Roberto Frate y Damian Loffler son la cabeza de lista de un sector de ese partido para ir por un nuevo periodo en la Camara Legislativa.
Ambos tienen varias cuestiones que explicar a la sociedad que van desde el desmesurado crecimiento económico, hasta el nombramiento de amigos y parientes en el bloque que integran, como asi el cobro de haberes de empleados por parte de Frate, de una empleada a la que le retiro la tarjeta de débito automático.
Por su parte Loffler fue denunciado por el Dr. De la Riva por el pago de desarraigos y nombramiento de varios empleados en planta permanente, eso sin contar el auto aumento de sueldo que se otorgaron el 28 de diciembre de 2006, que duplico sus ingresos. Lo expuesto debe agregarse la agresión y amenazas a periodistas como consta en los documentos que aquí se publican. cabe destacar que hoy el legislador Frate tuvo la poco feliz idea de adelantar el posible fallo de una jueza, lo que fue calificado por el Presidente del Colegio de Abogados de nuestra ciudad como un avasallamiento del poder político sobre el judicial y que ponde bajo sospecha cualquier determinación que la juez pueda tomar.
DENUNCIA POR EL PAGO DE DESARRAIGO EN LA LEGISLATURA
Löffler dijo estar tranquilo y atribuyó la denuncia de De la Riva a una “campaña de desprestigio”
El parlamentario del MPF, Damián Löffler, dijo que el abogado Alejandro De la Riva tiene “cuestiones personales” contra algunos legisladores. Además sostuvo que “Jano De la Riva es el ciudadano público más sucio de la provincia de Tierra del Fuego”. No descartó querellarlo judicialmente, así como a los medios de prensa que permitan al afiliado del ARI realizar declaraciones injuriosas. La justicia solicitó a la Legislatura documentación relacionada a la denuncia.
El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Damián Löffler, arremetió duramente contra el abogado Alejandro De la Riva luego de que éste diera a conocer por los medios que había denunciado al parlamentario por sus supuestas vinculaciones a irregularidades en el manejo del pago de desarraigo a colaboradores.
Löffler dijo estar tranquilo porque De la Riva «tiene cuestiones personales con algunos legisladores», y consideró que más allá de la denuncia, el accionar del integrante del ARI forma parte de «una campaña de desprestigio que ha iniciado de un tiempo a esta parte». Por otra parte, el mopofista advirtió que el abogado «deberá demostrar lo que está diciendo», y agregó que «Jano De la Riva es el ciudadano público más sucio de la provincia de Tierra del Fuego». Si bien dijo que no quería entrar en el «terreno del debate», se mostró predispuesto a colaborar con la justicia y anticipó que llevará «todas las pruebas que requiera».
En declaraciones a Radio Nacional, Löffler manifestó que si «hay legisladores que tienen asesores que están cobrando el desarraigo y no corresponde tendrán que dar cuenta de ello en el momento que corresponda y cuando la justicia lo decida». El parlamentario dijo que ya había sido anoticiado desde hacía una semana de que De la Riva iba a radicar una denuncia, lo que a su entender quedó comprobado al realizar «un raíd y esta campaña mediática de desprestigio».
Mensaje hacia los medios
Por otra parte, Löffler responsabilizó en parte a los medios de comunicación por las declaraciones que efectuó «Jano» De la Riva, dado que a su entender resultan agraviantes.
En este sentido, sostuvo que «los medios de comunicación deberían cerciorarse en qué estado (De la Riva) hace las declaraciones que hace», y si bien aún no accionó judicialmente contra el afiliado al ARI, dijo que «en algún momento tendré que cambiar la tesitura y seguramente los medios que permitan que De la Riva diga cualquier barbaridad contra cualquier persona de Tierra del Fuego tendrán que hacerse cargo también».
«Él sale por los medios y nos trata de pibes chorros, tiene que tener algún elemento», enfatizó el legislador, agregando que «el medio también tiene algún grado de responsabilidad», reiteró. Agregó que hay ciudadanos de Río Grande que han concurrido al juzgado y han declarado que De la Riva «se encuentra en estado de ebriedad y en algún otro estado también» a las 2 ó 3 de la tarde.
De la Riva había dicho, también a Radio Nacional, que denunció algunos empleados legislativos que residen en Ushuaia, y que cambiaron su domicilio a la ciudad de Río Grande para cobrar el desarraigo, pese a residir en la capital fueguina.
La Justicia pidió documentación
El viernes, en horas del mediodía, efectivos de la División Policía Judicial se presentaron en la Secretaría Administrativa de la Legislatura, en donde solicitaron documentación relacionada a personas que perciben desarraigo. Se trató de una «orden de presentación» dispuesta por el juez Javier De Gamas Soler, relacionada a la causa, aunque no trascendió si se llevaron o no el legajo del personal denunciado por De la Riva.
Periodistas sin Fronteras: Siete periodistas amenazados
El 25 de febrero de 2002, Julio Rodríguez, del diario El Liberal, publicado en Santiago del Estero (Norte) y corresponsal del diario Clarín, recibió amenazas de muerte, por teléfono. En una llamada, un desconocido le amenazó con atacar a su hijo. Julio Rodríguez investiga sobre las presuntas relaciones irregulares entre empresas privadas y la administración de la provincia. Al periodista, que denunció las amenazas a las autoridades, le pusieron protección después.
El 26 de junio, Sergio Kowaleswski, fotógrafo del periódico de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, tomó algunas fotografías de las fuerzas del orden reprimiendo una manifestación en Avellaneda (provincia de Córdoba, Centro). Poco después, Sergio Kowaleswski, cuyas fotos se utilizan en el marco de la investigación sobre esa violencia, y su familia, recibieron amenazas. Las Madres de la Plaza de Mayo es una asociación que lucha para encontrar a las personas desaparecidas durante la dictadura militar (1976 – 1983).
A finales de julio, Clara Britos, propietaria y directora del periódico La Tapa, publicado en la ciudad de Guernica (provincia de Buenos Aires), contó que estaba siendo acosada y amenazada. La periodista afirma que un automóvil, estacionado delante de su domicilio, le sigue en sus desplazamientos. En tres ocasiones, el conductor del vehículo le amenazó de muerte, si continuaba denunciando « casos » que impliquen al ex alcalde de Guernica, Oscar Rodríguez.
El 12 de septiembre, Luis Majul, Marcelo Zlotowiazda y Ernesto Tenenbaum, del programa « La información », emitido por el canal América TV, recibieron amenazas de muerte, en un e-mail, que aludía a las imágenes, difundidas en el programa, que mostraban a algunos guardias de prisiones golpeando violentamente a los detenidos en la cárcel de La Plata.
El 23 de noviembre, el diputado provincial de Tierra de Fuego (Sur), Damián Lffler (Movimiento Popular de Tierra de Fuego, MPF), entró en los locales de la radio FM Isla de Río Grande, e interrumpió el programa « la Raya », presentado por Armando Cabral. El cargo, amenazó e insultó al periodista, al que acusa de haber criticado su gestión.
2864-S-02
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su más enérgico repudio y la condena total a la cobarde actitud intimidatoria de la que fuera objeto el periodista fueguino Armando Cabral, profesional con una reconocida trayectoria en la emisora radial en frecuencia modulada FM La Isla de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la madrugada del pasado día viernes 18 de octubre próximo pasado.
Del mismo modo declarar el repudio y rechazo absoluto manifestando la solidaridad del cuerpo por la agresión sufrida señalando que el deleznable ataque descripto es el quinto sufrido al mismo profesional en los dos últimos años.
Expresar en el mismo sentido que la manifestación expresada por parte de la sociedad de Tierra del Fuego condenando unánimemente este cobarde ataque, demuestra una vez más el compromiso popular en la defensa de la libertad de expresión, como uno de los logros más importantes obtenidos desde la restauración democrática.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La semana pasada los habitantes de la ciudad de Río Grande y de toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hemos padecido una sensación de profunda preocupación y zozobra al tomar conocimiento, una vez mas, de un ataque sufrido al reconocido periodista Armando Cabral.
Lamentablemente, debemos afirmar, que esta acción condenatoria sufrida en la madrugada del día viernes 18 de octubre próximo pasado al periodista fueguino Armando Cabral no debe circunscribirse a un hecho aislado o fortuito.
Ya que, el reconocido profesional, cuyo espacio periodístico matinal en la radio en frecuencia modulada La Isla de Río Grande cuenta con una amplia audiencia, es el quinto atentado que sufre en los dos últimos años.
Si bien los anteriores hechos contaron con características disímiles, este último hecho, destrozando su vehículo en la puerta de su domicilio, cuenta con la misma enfermiza lógica, que busca amedrentar, no solamente al profesional agredido, sino también pretende silenciar a todas las voces discordantes, que, con su opinión y la práctica de su profesión defienden la libertad de expresión.
Queremos de este modo también resaltar la intervención de la Asociación de Periodistas integrada entre otros por reconocidos profesionales como Santo Biasatti, Nelson Castro, Rosendo Fraga, Horacio Verbitsky, Mariano Grondona, Mónica Gutierrez, Jorge Lanata, Fanny Mandelbaum, Tomas Eloy Martínez, Joaquín Morales Solá, Norma Morandini, James Nelson y Magdalena Ruiz Guiñazú, quienes ante la agresión sufrida a Armando Cabral le solicitaron al señor gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, don Carlos Manfredotti, el compromiso del gobierno provincial a efectos de volcar todos los esfuerzos para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.
Teniendo en cuenta las anteriores agresiones sufridas en los dos últimos años por el periodista Armando Cabral, pese a haber efectuado las correspondientes denuncias, nunca ha habido resultado en cuanto al esclarecimiento de los mismos, nos sumamos a dicho requerimiento, conscientes de que los responsables de los organismos provinciales de seguridad en su condición de auxiliares de la Justicia provincial, deben actuar firmemente en la dirección solicitada.
Por las razones expuestas, asumiendo una activa posición en defensa de la libertad de expresión y de prensa expresando nuestra condena y repudio a tan lamentable suceso, pongo el presente proyecto de declaración a consideración de mis pares, solicitando su apoyo.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Libertad de Expresión.
LEGISLATURA PROVINCIAL:
Trece designaciones en dos dias.
A los 7 que habia designado el Legislador Damian Loffler aprobando la iniciativa con su firma, se sumaron este jueves otras 7 designaciones a dedo en esta oportunidad avalados por la firma de Angélica Guzmán, con lo que la Camara se ha convertido en el primer generador de empleo de la provincia.
La situación ya tiene características de escandalo pero aun asi los legisladores y hasta el gremio legislativo salieron a justificar lo injustificable.
Desde el gobierno aun no se escucho ninguna opinión al respecto, pero en Rio Grande causo un notorio malestar .
Algunas de las justificaciones, son absolutamente inaceptables desde todo punto de vista. Pasen y vean. (galería de fotos de los responsables).
La presidenta de la Legislaturra provincial, Angélica Guzmán, nombró en planta permanente de esa institución a otros seis parientes y allegados de los legisladores en una decisión que amplifica el escándalo por la designación de personal a dedo en el Parlamento.
Es que ayer se conocieron otros siete nombramientos, entre ellos los hijos de varios legisladores, quienes además salieron a dar explicaciones inverosímiles sobre la necesidad de esas contrataciones.
Según informa hoy el diario del fin del mundo, Guzmán firmó la resolución 428/06, el pasado martes, que determina el ingreso de colaboradores de legisladores del PJ, el MPF y el bloque 26 de abril de Norma Martínez.
El medio gráfico menciona que «de los 6 nuevos ingresantes, 5 corresponderían a designaciones propuestos por los legisladores Sciutto, Frate, Löffler; Portela y Norma Martínez, en tanto que el restante recayó en el hijo de un empleado de la Legislatura que falleció hace unos 4 años. Este segundo listado está integrado por Fabiana Simone, Andrea Grao, María Ferreiro, Cristina Cao, Gonzalo Henriques Sanches (todos ellos designados con categoría 19) y Cristian Vargas, que ingresó en categoría 10».
Por otra parte, varios de los legisladores que impulsaron las designaciones salieron ayer a dar explicaciones increíbles sobre la medida. Aquí un resumen de sus dichos:
-«Puse un nombre en la lista de integrantes. Pero es una persona técnicamente preparada para las funciones que va a cumplir». (Carlos Saladino, PJ).
-«Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. En mi caso se trata de mi hija, nacida y criada en Tierra del Fuego y que ya tiene un hijo, y que ha estado colaborando y trabando permanente en lo político conmigo» (Luis del Valle Velázquez, FUP).
-«Mi hijo tiene derecho a trabajar como cualquier otro. Está estudiando Contabilidad, tiene 23 años y es fueguino» (Raúl Ruiz, PJ).
Fuente: Botella al Mar
LEGISLA»TURROS» LOFFLER Y COMPANIA »
LEGISLADOR FRATE SE SUMA A LA BANDA Parece que el IPRA Rio Grande botin del MOPOF tiene un concesionario de nombre Alejandro Bahimacovic que casualmente es asesor del legislador Roberto Frate,otra casualidad es que a una familiar del asesor que tiene obviamente domicilio en Rio Grande la nombraron en Ushuaia y estuvo viajando un par de dias,pero ahora cumple funciones en la ciudad de Rio Grande, esta persona tiene la misma direccion que la familia Bahimacovic en Rio Grande eso es suerte para conseguir empleo que te consigan en otra ciudad y que por casualidad te traslades de nuevo a tu ciudad.Parece que Frate vino recargado según vimos en algunos listados el legislador entrego subsidios a empleados públicos que tienen cat 23 ¿Eso se puede hacer? y bueno parece que si. Esta bandita de PIBES CHORROS ya parece el coro KENNEDY por la cantidad. Escrito por nyc el viernes 8 de septiembre de 2006 a las 5:00 AM | Permalink
El Legislador Frate le da subsidios a personas de planta permanente esta persona trabaja en la delegacion de rio grande y parece que no pasa nada, viva la joda loca Boletin Oficial Nº2098 DISP. N° 119 15-11-05 ARTICULO 1°- Otorgar en caracter de Colaboracion a el Sr. Omar Sjoerdstra, D.N.I. N° 5.499.021, PESOS SEISCIENTOS CON 00/ 100, ($ 600,00: ). Segun lo expuesto en los considerandos. ARTICULO 2°- Encomendar a la Se cretaria Administrativa a realizar un giro por el importe de PESOS SEIS CIENTOS CON 00/100, ($ 600,00.-), a traves del Banco Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Rio Grande a nombre de el Sr. Omar Sjoerdstra, D.N.I. N° 5.499.021. ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el presente gasto administrativo a la partida correspondiente al presente ejercicio. ARTICULO 4°- Registrese. Comuniquese a la secretaria administrativa. Cumplido, archivese. FRATE Posted by Annimo | domingo, 10 septiembre, 2006
Fuente: Cronicas Fueguinas:
*Las cosas por su nombre
*
Trashumantes Río Grande
*El Foro Una Justicia para la Democracia condena la actitud de la
Legislatura fueguina en el caso de la «cuestión de privilegio» surgida a
raíz de expresiones del Legislador Manuel Raimbault.*
/»Las cuestiones a que se refiere el inciso 6º -cuestión de privilegio-
son exclusivamente aquellas que se vinculan con los privilegios que la
Constitución Provincial otorga a la Legislatura y a cada uno de los
miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro».
(Reglamento interno de la Legislatura Provincial)/
Los términos «arbitrariedad» e «impunidad» utilizados por el legislador
del ARI Manuel Raimbault para referirse al Consejo de la Magistratura,
afectaron, según la sanción pedida por el legislador Miguel Portela y
acompañada por la mayoría de sus pares, el «decoro» de los
representantes de la Cámara ante el organismo de selección de jueces:
circunstancialmente, hoy el mopofista Roberto Frate y la justicialista
Nélida Lanzares; históricamente quienes hayan tenido la capacidad de
acatar sin objeciones el mandato de un poder corrupto.
Decoro es, en la primera aceptación de nuestra lengua, el «honor,
respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o
dignidad»; también la «pureza, honestidad, recato», la «honra, pundonor,
estimación», y la capacidad de «comportarse con arreglo a la propia
condición social». Así, se habla de «guardar el decoro a alguien o a
algo», y a su vez, de «corresponder con actos o palabras a su estimación
o a su merecimiento».
Bajo esta óptica, para Portela y quienes acompañaron el pedido de
sanción, el legislador Manuel Raimbault afectó el «honor, el respeto, la
honestidad y la correspondencia» de los actos de los consejeros Frate y
Lanzares hacia la propia sociedad, y/o de quienes los precedieron en tan
eximia misión.
Raimbault afectó con ‘dos palabras’, de acuerdo con la visión de esta
mayoría,
– el honor y honestidad con que los consejeros seleccionaron al
menemista Ricardo Klass, quien prefirió renunciar antes que ser
inevitablemente condenado en un juicio por mal desempeño del cargo;
– el mismo honor y honestidad con que los consejeros negaron el
desafuero del juez De Gamas, involucrado en el pago de una coima de 400
mil dólares a testigos de la causa AMIA y refugiado en Tierra del Fuego
mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo investiga;
– el mismo honor y honestidad que los llevó a elegir, concurso mediante,
a Luis Felipe Ricca como camarista en Río Grande, amigo de otro célebre
ligado al gobierno corrupto de Collor de Melo, como ‘PC’ Farías;
– el mismo honor y honestidad con el cual seleccionaron y sostienen al
ex asesor de la secretaría de Información Pública de Videla, Dr. Mario
Robbio;
– el mismo honor y honestidad que determinó que Plesclevi era la abogada
más apta de quienes con ella concursaron, para desempeñarse como juez
provincial, aunque no llegara a asumir por estar presa;
– el mismo honor y honestidad que hoy los llevó a elegir camarista a
Ernesto Löffler, procesado en la causa HIFUSA;
– y el mismo honor y honestidad que demora dos años la selección del
juez penal en Río Grande, inexplicablemente, salvo por las preferencias
de algunos consejeros hacia un abogado en particular, a quien todavía no
le da la antigüedad para el cargo.
Para las organizaciones nucleadas en este Foro, si Raimbault debe ser
sancionado por tildar de «arbitrarios» e «impunes» a quienes eligen a
los jueces; en atención a los términos que como ciudadanos comunes
utilizamos en los corrillos a nivel de «la calle» en nuestros
intercambios de opiniones, o la manera en que nos referimos a la
Justicia y en particular al Consejo de la Magistratura , deberíamos poco
menos que ser condenados a la pena de muerte, según la vara con que
miden Portela y sus asociados esta afectación al decoro.
Y decimos «asociados» no azarosamente, sino en función de los contratos
del bloque del MPF con quien es, además de asesor, uno de los
integrantes del Consejo de la Magistratura, el Dr. Sergio Saúd.
Si esto no es ‘impunidad’, y una absoluta falta de independencia que
posibilita la ‘arbitrariedad’, la Legislatura y la sociedad estamos
hablando lenguajes diferentes.
Vale subrayar que este Foro reclama cambios en el método de selección de
jueces, y no porque sea óptimo o nos encandile su excelencia, sino
precisamente por la ‘arbitrariedad’ y la ‘impunidad’ que se traslucen y
se vuelven obvias para toda la sociedad, a pesar de la oscuridad y la
falta de transparencia del proceso.
Así, la sanción de Portela, el enojo de Saladino, cuyos «decoros» ya
están empañados no por un legislador sino por acciones propias, públicas
y privadas, debe ser leída como una bochornosa exteriorización de la
desesperación:
– la desesperación por no poder acallar las voces y seguir ocultando lo
que pasa, puertas adentro de la Legislatura donde se «cocinaron» leyes
arbitrarias y funcionales a la impunidad;
– la desesperación por el peso de sus propias máscaras, engrosadas a lo
largo de los años, y que ya no pueden sostener;
– la desesperación porque la sociedad se ve interpelada a tomar postura
entre un ‘megabloque’ de ambiciones rejuntadas y un legislador como
Raimbault; sabiendo que en esa balanza juega la certeza del lado que le
corresponde a «los pibes chorros», a los aliados del saqueo colacista, a
los cómplices de la 460 y a algún amigo de los responsables del primer
muerto en democracia.
Por todo ello, repudiamos la defensa del mentiroso «decoro» esgrimida
para acallar o amedrentar a una de las voces críticas que integra la
Cámara.
Se puede coincidir o no con Raimbault; lo que la sociedad no puede
aceptar ?y nosotros no lo hacemos? es la práctica de la amenaza para
mantener lo que todos sabemos: una Justicia a la medida de los poderosos
y lejos de los anhelos de la ciudadanía.
Foro Una Justicia para la Democracia, integrado entre otras asociaciones
por Participación Ciudadana, APDH, SIPREN, Trashumantes Río Grande, Red
Antiimpunidad y PODEPU.
*Contacto:*
Trashumantes Río Grande
Red Patagónica de Derechos Humanos y Sociales
Río Grande, Tierra del Fuego
Teléfonos: 02964-445124 / 15604270
Guzmán tiene 26 asesores, 14 de ellos son abogados
Siguen los escándalos en la Legislaturra: La fiesta de los asesores, el familismo y los adscriptos
Siguen los escándalos en la Legislaturra: La fiesta de los asesores, el familismo y los adscriptosUshuaia- Al escándalo de los nombramientos en la planta del personal político y de la transa de punteros a cambio de aprobarle el presupuesto al Puerto, la escandalosa gestión de los legisladores tiene otro capítulo en los gastos de asesoramiento. El 50% de los 51 asesores contratados en 8 meses de 2006 atienden a la legisladora Angélica Guzmán y 14 de ellos son abogados, de los cuales 5 viven fuera de la isla. Además, el familismo, los ex funcionarios rescatados como adscriptos a los que nadie ve trabajar, y le contamos a quiénes servían los 13 colaboradores políticos que ahora pasaron a la planta permanente.
El escándalo de los nombramientos a hijos y amigos de los legisladores en la planta permanente del Poder Legislativo parece ser la punta del iceberg de una práctica escandalosa de usufructo del empleo y del dinero público.
Sólo en ocho meses de 2006 la Legislatura oficializó la contratación de 51 asesores de los cuales 26 (el 50%) pertenecen a la presidenta del Cuerpo, la legisladora del PJ, Angélica Guzmán quien erogó en ese plazo $119.000 en el hipotético caso de haber contratado un solo mes a cada profesional.
De los 26 asesores empleados por Guzmán entre enero y agosto, a un sueldo mensual promedio de $5000, 7 viven fuera de la provincia (3 en Buenos Aires, 2 en La Plata y 2 en Córdoba), 12 son de Río Grande y 7 de Ushuaia.
Otro dato al menos curioso, es que de los 26 contratados en 8 meses por Guzmán 14 son abogados, hay un sólo contador, 4 ingenieros, y 7 personas entre empleados públicos y administrativos.
Además de los contratados, trabajan para Guzmán en la Legislatura, al menos 15 empleados entre transitorios y adscriptos.
El legislador del PJ, Rubén Sciutto, que es veterinario de profesión, contrató como asesor a un veterinario, Leandro Lamas con un sueldo mensual de $5000. Y su colega y amigo Damián Löffler, del MPF, adscribió a su propio hermano, Pablo Löffler.
Los pases a planta permanente que acordaron este año los legisladores redujo el listado de asesores que el año pasado fue de 88 personas. Distribuida la planta de asesores en forma equitativa debería arrojar que cada uno de los 15 legisladores cuenta con 6 asesores, pero esto no ocurre porque la mitad de los contratados, es decir, 44 asesores trabajaban para Guzmán como presidenta de la Cámara y 4 asesoran a Guzmán como legisladora provincial.
Entre 2005 y lo que va de 2006 el contrato más abultado por asesoramiento fue el del abogado Demetrio Martinelli, aspirante a juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, quien cobró $20.000 por asesorar a la Presidencia de la Legislatura durante el juicio político que desbancó al gobernador radical K, Jorge Colazo.
En contrapartida, el de menos importe fue pagado por la legisladora del 26 de abril, Norma Martínez a una persona de profesión no especificada, Alejandro Santo quien cobró $500. Fuera de este caso aislado, los contratos más bajos en la Legislatura corresponden al ARI que suele pagar un mínimo de $750 y un máximo de $1500 a sus colaboradores, la mitad de lo que menos pagan los legisladores de los partidos tradicionales.
Un detalle a tener en cuenta es que el bloque de ARI, cuyos miembros suelen fundamentar el voto afirmativo y negativo de todos los proyectos, sean propios o presentados por el Poder Ejecutivo o por los bloques de la mayoría automática, devuelve cada año el 50% de la partida asignada en el presupuesto para ese fin, cuando el resto de los bloques consumen la totalidad de los recursos otorgados.
El agujero negro de la Legislatura se traga sobre todo a los empleados de otras reparticiones del Estado que trabajan como adscriptos para los legisladores. Estas personas suelen ser empleados públicos que tras desempeñarse como funcionarios se benefician con un descanso prolongado, porque nadie los vuelve a ver en el lugar de trabajo habitual ni en el despacho de sus nuevos “jefes”.
Es el caso de los empleados adscriptos de la legisladora Nélida Lanzares quien protege a la segunda línea de ex funcionarios del régimen de su esposo, Carlos Manfredotti.
Lanzares cobija en su despacho al improductivo ex diputado nacional Miguel Ángel Baigorria; al ex legislador y ex empleado bancario Sergio Cejas; al ex subsecretario de Gobierno, Horacio Mercado quien se habría mudado de Ushuaia hace tres años; la ex secretaria de Desarrollo Social, Lucía Romero Vichi; la ex legisladora Rita Fleitas (quien además cobra plus por desarraigo); y a sus dos hijas, la ex subsecretaria de Deportes y Juventud, Viviana Manfredotti, y la ex socia gerente del Ipauss, Silvia Manfredotti, nombradas como personal transitorio de la Cámara.
Entre los ex funcionarios manfredottistas adscriptos en esta gestión legislativa están el ex secretario Administrativo del Puerto, René Argañaraz, y al ex titular de la Diorección de Puertos en Río Grande, Raúl Santarsiere, con Angélica Guzmán y la ex ministro de educación durante la mordaza y el ajuste a los docentes, María Angélica Santoro. Miguel Portela, del MPF, al abogado Pablo Villegas, procesado por el “caso del medio palo”
Además de la ya patológica aparición de parientes de Manfredotti en el Estado y de la adscripción de Pablo Löffler con su hermano Damián, el familismo es otro síntoma de corrupción en la Legislatura.
El legislador camionero Luis del Valle Velázquez designó como personal transitorio a María Cándida Velásquez y a Luis Miguel Velásquez, ambos parientes suyos.
Los radicales no se privan de nada. La ex supercolacista Patricia Pacheco nombró a Rosana Raquel Pacheco.El legislador del FUP, Jorge Bericua tiene al ex ministro Alejandro Vernet transitorio, pero también a Diego Luis Vernet y a Carola Martínez Allende, ambos parientes del posible reemplazante de Oscar Núñez en la Dirección de Puertos, y tuvo a Hugo Colazo, hasta junio de 2006.
Siempre olor a corrupción
Los legisladores no sólo aprobaron la designación de 4000 empleados públicos a la planta del Estado, al sancionar el llamado megapase, donde muchos negociaron el ingreso de algunos de sus clientes a la administración pública, sino que vienen de cambiar con las autoridades de la Dirección de Puertos el nombramiento de parientes y de punteros políticos en la planta de esa dependencia a cambio de aprobarles el presupuesto de 2006.
En otro hecho escandaloso, los legisladores del PJ, el MPF, El FUP y el 26 de abril, vienen de acordar el pase a la planta del Poder Legislativo de más familiares suyos y de amigos.
Así fueron nombrados Cristina Cao, hasta ayer colaboradora de la secretaría Legislativa que maneja Jesús Cortés, hombre del mopofista Miguel Portela; el ex personal político del unibloque 26 de abril de Norma Martínez, Gonzalo Henriques Sánchez; la colaboradora política del bloque del PJ Fabiana Simone, de Río Grande; Andrea Grao; la ex colaboradora política de Damián Löffler en la vicepresidencia II de la Cámara, María Florencia Ferreiro y Cristian Vargas.
Pocos días antes, los legisladores habían designado en la planta a otros empleados políticos. Es el caso de Eugenia Velásquez (hija del legislador); la colaboradora de la radical Patricia Pacheco, Sandra Vaini; y de otro puntero de Löffler, Carlos Nieto.
También entraron sin concruso al parlamento José González; la abogada de Buenos Aires que asesoraba a Angélica Guzmán por $5000 mensuales, Daiana Freiberger; el colaborador de Gerardo Sciutto en la secretaría Administrativa, Juan Gabriel Ruiz y su compañero de tareas Roberto Andrés Toledo.
El gremio legislativo y algunos medios de Ushuaia advirtieron que la lista de nombramientos se completaría en las próximas semanas con otra tanda de 7 agentes, todos ligados a la planta política de los legisladores.
Fuente:Botella al Mar
