«La deducción especial se incrementa de $ 22.300 a $ 28.500; el mínimo no imponible, de $ 6000 a $ 7500; las cargas de familias por hijos, de $ 2400 a $ 3000, y por cónyuges, de $ 4000 a $ 6000», según informó ayer la ministra de Economía, Felisa Miceli, en una conferencia de prensa que brindó por la mañana en la Casa de Gobierno junto con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano.
El mínimo no imponible pasará de 2400 a $ 3200 para el trabajador soltero promedio, y de 3200 a 4000 para los casados, por lo que se invirtirá la proporción del año pasado, ya que estos últimos habían sido favorecidos en el porcentaje. El beneficio impositivo alcanzará a 340.000 personas que dejarán de pagar el impuesto y 460.000 que pagarán menos, según Economía.
«Este mix de deducciones es lo que permite hacer el cálculo de una estimación de incremento entre el 25 y el 30 por ciento, según se trate de trabajador casado o soltero, de acuerdo a las deducciones que se pueden realizar», expresó la ministra.
Como el impuesto a las ganancias tiene una liquidación anual, la medida será retroactiva a principios de año, por lo que el mes próximo se devolverán los excedentes que fueron descontados con las deducciones previas. «A aquellos trabajadores a los que se les han hecho las deducciones o se les ha deducido de sus recibos de sueldo lo correspondiente al impuesto a las ganancias con otros valores se les devolverán las sumas que correspondan de acuerdo con los nuevos cálculos», adelantó la ministra.
Miceli señaló que el Gobierno busca que esa medida «se visualice como una contribución, un aporte del Gobierno a la hora de mejorar el bolsillo de los trabajadores, el salario de bolsillo». El objetivo, agregó la funcionaria, es «hacer más compatible o más sencillo el camino que resta por recorrer de adecuación entre las necesidades de actualización de los salarios reales y de mantenimiento del poder adquisitivo con la de mantener un ritmo de niveles inflacionario y de niveles de precios acordes con esta realidad».
A su lado, visiblemente conforme, Moyano apuntó que el Gobierno «una vez más ha cedido al reclamo que viene haciendo desde la CGT».
«Esto es una clara muestra de la política implementada por el Gobierno de ir recuperando paulatinamente el poder adquisitivo de los salarios», agregó.
Esa sensación fue avalada por Fernández: «De este modo, estamos atendiendo un reclamo que el señor secretario general de la CGT nos ha transmitido insistentemente y que nos pareció razonable».
De hecho, el aumento del mínimo no imponible que se había implementado un año atrás también respondió a un pedido de la CGT, que consideró que las subas salariales logradas por varios gremios estaban siendo anuladas en forma parcial por el efecto de ganancias.
Sin embargo, el contexto era diferente, ya que el reclamo se hizo imperioso para el Gobierno cuando una violenta protesta de los trabajadores petroleros del Sur por esa causa derivó en la muerte del agente policial Jorge Sayago.
Después de ese episodio, hace un año, el Gobierno anunció una suba en el mínimo del 43% para los empleados en relación de dependencia casados, y del 30% para los solteros; del 45% para los autónomos casados y del 35% para los solteros.
Además, se había elevado el piso del primer tramo de la tablita de deducciones, medida que ahora se dejó a un lado.
Los tributaristas consultados por LA NACION apoyaron con reservas el anuncio, al considerar que debería haberse completado con una modificación de esa tablita creada con la suba de impuestos de 2000 en la gestión de la Alianza, al tiempo que advirtieron que el costo fiscal inicial sería de unos $ 1500 millones.
César Litvin, del estudio Litvin, Lisicky y Asociados, dijo que el cambio «es bueno, esperado y necesario, aunque los legisladores deberían derogar la restricción al cómputo de ganancias, o sea, la famosa tablita de Machinea». Además, consideró que debería «haber un sistema de ajuste automático del mínimo porque si sube el resto de las variables [salarios o costo de vida], también tiene que subir ésta en forma proporcional».
El especialista se quejó por la decisión oficial de no modificar el piso de bienes personales de $ 102.300 que se mantiene congelado desde antes de la devaluación de 2002. «Es irritativo porque grava a gente sin capacidad contributiva», disparó.
Su colega Alfredo Lamagrande agregó que, al no tocar la tablita del impuesto a las ganancias, «cada vez se ve más afectada la equidad horizontal».
