La expresión más clara del conflicto es una dura carta que la Asociación de Consumidores de Gas de la República Argentina (Acigra) le envió el 30 de enero pasado a Fulvio Madaro, interventor en el Enargas. Se cuestionan facturas que, según los industriales, presentan alzas de hasta el 280% en el valor del transporte y también asuntos más delicados, como la transparencia del proceso de ampliación de los ductos y supuestos sobrecostos. Además, que los aumentos debieron fijarse tras una audiencia pública.
Acigra está integrada por clientes poderosos: Aceitera General Deheza, Acindar, Aluar, Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Cerámica San Lorenzo, Massuh SA, Profértil, Siderar, Siderca, Swift Armour, Lumilagro, Ford y Unilever, entre otros.
En el Gobierno afirmaron a LA NACION que la factura de gas de distribución había subido, en promedio, el 30% en todo el país para las empresas y grandes comercios como consecuencia de las referidas ampliaciones en los gasoductos del Norte y del Sur. Los cargos, autorizados el 28 de diciembre pasado por el Ministerio de Planificación Federal en la resolución 2008, van a un fideicomiso que financia las obras.
En el Gobierno advierten que no se debe confundir tarifa con cargo específico , y que ésa es la razón por la que no se convocó a audiencia. «Es una ley aprobada en el Congreso -dijeron en el Ministerio de Planificación-. Sólo reciben los cargos, por un tiempo, los que usan el servicio, hasta que se paga la obra. No les llega a todos».
La carta enviada al ente es muy crítica. «Sin desconocer la necesidad de las obras -dice-, lo cierto es que los cargos son 280% superiores a la tarifa regulada del servicio de transporte y se suman a los demás incrementos que ha tenido el gas para el sector industrial.» Se refiere aquí a las alzas soportadas por clientes con contratos directos, aquellos que no compran a través de la distribuidoras y que superan el 30% consignado por el Gobierno. La mayoría de las grandes firmas tiene contrato directo.
«Es de puntualizar -objeta el texto- que, antes de la fijación de dichos cargos, el Poder Ejecutivo debió haber convocado a una audiencia pública para permitir a la comunidad expresarse sobre una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses.» El documento cita la ley 24.076, que regula el transporte y la distribución de gas y establece en el artículo 46: «Las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios deberán ser resueltas por el Enargas, previa convocatoria a audiencia pública». Las empresas agregan que el objeto de una audiencia es «permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones».
Desvío de costos
El texto se adentra, cerca del final, en terreno caliente: los precios de la ampliación. Dice, por caso, que una audiencia le habría permitido a los consumidores conocer: «a) Cómo se calcularon los costos de inversión de las obras (los medios periodísticos mencionan US$ 2400 millones). b) Los motivos del desvío del monto establecido oportunamente por el Enargas (US$ 1427 millones). […] f) Los motivos por los que se cobra el cargo desde el 1°/1/07 por toda la obra, cuando el primer tramo entrará en servicio a partir de mediados de 2008, sólo para la generación eléctrica». Los usuarios piden: «1) Que se derogue la resolución N° 3689 [que cuantificó los cargos]. 2) Se instruya al Enargas a convocar a una audiencia pública, a la brevedad posible, para tratar la fijación de los cargos fideicomiso».
La pelea no termina ahí. En un estudio jurídico que asesora a empresas de Buenos Aires afirmaron que varias compañías analizaban no pagar las facturas. En las uniones industriales de Santa Fe, Salta, Jujuy y Tucumán evaluarán esta semana presentaciones (en una empresa del Norte ya lo hicieron). «Algo vamos a hacer; no nos vamos a quedar callados -dijeron a LA NACION en una de las uniones más poderosas del país-. Acá hay mucha bronca.»Varios industriales explotaron de furia esta semana, al ver las facturas de gas que les empezaron a llegar. Los fuertes aumentos en el precio, derivados de los cargos específicos aplicados por el Gobierno para las ampliaciones de dos gasoductos, llevaron a las compañías usuarias más importantes del país a quejarse, mediante un recurso jerárquico, ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Algunas ya presentaron recursos de amparo y otras analizan, directamente, no pagar las facturas.
La expresión más clara del conflicto es una dura carta que la Asociación de Consumidores de Gas de la República Argentina (Acigra) le envió el 30 de enero pasado a Fulvio Madaro, interventor en el Enargas. Se cuestionan facturas que, según los industriales, presentan alzas de hasta el 280% en la tarifa de transporte y también asuntos más delicados, como la transparencia del proceso de ampliación de los ductos y supuestos sobreprecios. Además, que los aumentos debieron fijarse tras una audiencia pública.
Acigra está integrada por clientes poderosos: Aceitera General Deheza, Acindar, Aluar, Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Cerámica San Lorenzo, Massuh SA, Profértil, Siderar, Siderca, Swift Armour, Lumilagro, Ford y Unilever, entre otros.
En el Gobierno afirmaron a LA NACION que el precio del gas de distribución había subido, en promedio, el 30% en todo el país para las empresas y grandes comercios como consecuencia de las referidas ampliaciones en los gasoductos del Norte y del Sur. Los cargos, autorizados el 28 de diciembre pasado por el Ministerio de Planificación Federal en la resolución 2008, van a un fideicomiso que financia las obras.
En el Gobierno advierten que no se debe confundir tarifa con cargo específico, y que ésa es la razón por la que no se convocó a audiencia. «Es una ley aprobada en el Congreso -dijeron en el Ministerio de Planificación-. Sólo reciben los cargos, por un tiempo, los que usan el servicio, hasta que se paga la obra. No les llega a todos».
La carta enviada al ente es muy crítica. «Sin desconocer la necesidad de las obras -dice-, lo cierto es que los cargos son 280% superiores a la tarifa regulada del servicio de transporte y se suman a los demás incrementos que ha tenido el gas para el sector industrial.» Se refiere aquí a las alzas soportadas por clientes con contratos directos, aquellos que no compran a través de la distribuidoras y que superan el 30% consignado por el Gobierno. La mayoría de las grandes firmas tiene contrato directo.
«Es de puntualizar -objeta el texto- que, antes de la fijación de dichos cargos, el Poder Ejecutivo debió haber convocado a una audiencia pública para permitir a la comunidad expresarse sobre una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses.» El documento cita la ley 24.076, que regula el transporte y la distribución de gas y establece en el artículo 46: «Las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios deberán ser resueltas por el Enargas, previa convocatoria a audiencia pública». Las empresas agregan que el objeto de una audiencia es «permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones».
Desvío de costos
El texto se adentra, cerca del final, en terreno caliente: los precios de la ampliación. Dice, por caso, que una audiencia le habría permitido a los consumidores conocer: «a) Cómo se calcularon los costos de inversión de las obras (los medios periodísticos mencionan US$ 2400 millones). b) Los motivos del desvío del monto establecido oportunamente por el Enargas (US$ 1427 millones). […] f) Los motivos por los que se cobra el cargo desde el 1°/1/07 por toda la obra, cuando el primer tramo entrará en servicio a partir de mediados de 2008, sólo para la generación eléctrica». Los usuarios piden: «1) Que se derogue la resolución N° 3689 [que cuantificó los cargos]. 2) Se instruya al Enargas a convocar a una audiencia pública, a la brevedad posible, para tratar la fijación de los cargos fideicomiso».
La pelea no termina ahí. En un estudio jurídico que asesora a empresas de Buenos Aires afirmaron que varias compañías analizaban no pagar las facturas. En las uniones industriales de Santa Fe, Salta, Jujuy y Tucumán evaluarán esta semana presentaciones (en una empresa del Norte ya lo hicieron). «Algo vamos a hacer; no nos vamos a quedar callados -dijeron a LA NACION en una de las uniones más poderosas del país-. Acá hay mucha bronca.»
Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION
